La Corte Suprema falló a favor de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que constate el estado de salud y situación de Leopoldo López y Daniel Ceballos, condenados por los tribunales venezolanos por incitación a la violencia, bajo arresto en su domicilio en Caracas. El objetivo es que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncie sobre el cumplimiento de los tratados internacionales.

El Ejecutivo reaccionó con cautela ante el fallo. Así lo expresó este martes el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, cuando consideró la decisión del tribunal como sin precedentes y de complejidad, por lo que antes de emitir cualquier juicio, será revisado en detalle. Con ello, se pone en cuestión la intromisión que tiene el Poder Judicial por sobre materias del Ejecutivo.

El abogado de Derechos Humanos y ex embajador chileno en Uruguay, Eduardo Contreras, aseveró que la resolución del máximo tribunal no merece ser tomada en cuenta, ya que no tiene atribución para recurrir a un organismo internacional pasando a llevar las atribuciones del jefe de Estado, que es quien lleva las relaciones internacionales.

“Esta misma Corte Suprema que amparó el Golpe de Estado con un pronunciamiento contra el presidente Allende, comete hoy un error, esto es un disparate jurídico, una tontera, que no vale la pena asumir. Aquí está claro el peso que tiene el gobierno de Estados Unidos. Nunca se habían preocupado por la violación de los derechos humanos en Chile y ahora pretendan que un golpista como Leopoldo López formado en EE.UU. sea ahora poco menos que un defensor de derechos humanos”, dijo.

El asesor de Cancillería concluyó que al Gobierno le queda reponer el estado de derecho y reclamar por la declaración de la Corte Suprema.

En la misma  línea el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, DC Jorge Sabag, criticó la posición distante del Gobierno frente al fallo cuando es un tema que afecta la convivencia democrática de Latinoamérica: “Políticamente el Gobierno no ha querido ir más allá para no complicar la relación interna en la Nueva Mayoría, donde está el Partido Comunista y donde hay fuerzas políticas que defienden al gobierno de Maduro. Eso ha generado confusión. Nosotros no tenemos nada que perder en la defensa a los derechos humanos en Venezuela y Chile debiera tener una posición más categórica como la que ha tenido el fallo de la Corte Suprema y no esta posición neutra que creo no le hace bien incluso a la Nueva Mayoría”, señaló.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, RN Francisco Chahuán manifestó que “claramente este es un fallo inédito y sin precedentes, pero en términos positivos. El avance en la protección de los derechos humanos y las libertades públicas ha ido ganando espacio. En ese mismo sentido, cuando hay un fallo de un poder independiente del Estado y que además se hace cargo del desacato y el incumplimiento del Ejecutivo, es una muy buena noticia”.

Para Chahuán los fallos de la justicia no se cometan, sino que se acatan y eso es lo que espera del Ejecutivo.

Sin embargo, el tema aún es controvertido ya que a juicio de algunos parlamentarios incluso de la UDI, la forma de hacer la petición a la Corte Interamericana parece no ser la más adecuada al pasar por alto al máximo representante del Estado, en este caso la Presidenta Michelle Bachelet.