Según la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, un 76 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución. Además, un 60 por ciento considera que este cambio “es muy o bastante prioritario” para el país, lo que implica nueve puntos más que en la medición de octubre.

Datos que reflejan el interés que podría generar en la ciudadanía la participación en el proceso constituyente anunciado por el Gobierno, el que durante 2016 comenzará a implementarse.

Si bien ya existe una campaña comunicacional y el nombramiento de 17 integrantes que forman el Consejo Ciudadano de Observadores, el proceso aún genera dudas y ciertas complejidades, especialmente si se trata de los futuros cabildos locales, provinciales y regionales.

En lo inmediato, no han pasado inadvertido diversos cursos y encuentros para la formación de delegados constituyentes. ¿El objetivo? Educar a quienes participarán en los llamados “diálogos ciudadanos”, a desarrollarse entre marzo y octubre de 2016.

Sin embargo, entre quienes desempeñen ese rol figuran militantes de partidos políticos y líderes de organizaciones sociales.

“Una cosa es el Consejo y otra son los facilitadores de la participación”, aclara el abogado y doctor en Sociología Salvador Millaleo, uno de los 17 observadores designados por la Presidenta Michelle Bachelet.

“Nuestra misión es garantizar ese proceso. Lo importante es siempre ser fiel a la forma en que se expresa la población”, agrega el también académico de la Universidad de Chile, destacando la importancia de “no eliminar los desacuerdos para privilegiar los acuerdos. Y que los acuerdos se basen en cuestionen que tengan una mayoría y un respaldo robusto y amplio, y no solo un acuerdo de mayoría simple o algo similar, además de las otras opiniones que se recojan”.

Cabildos ciudadanos: en la mira de los partidos políticos

No cabe duda que el rol que desempeñarán los facilitadores en los “diálogos ciudadanos” será fundamental. Los mismos que, a sugerencia del Consejo Ciudadano de Observadores, serán contratados por Alta Dirección Pública. A éstos se sumarían otros voluntarios no remunerados.

En este punto, las suspicacias son inevitables, especialmente cuando se trata de los intereses que ya manifiestan los partidos políticos por incidir en estas instancias.

“Al menos yo, hasta el momento, no he escuchado en las reuniones que hemos tenido, que los partidos políticos estén poniendo gente”, reconoce Ruth Olate, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) e integrante del Consejo.

La misma que anticipa que “se recibirá a los partidos para que puedan plantear sus inquietudes. Y también a las organizaciones sociales”. Por ejemplo, tal como menciona, a las distintas centrales de trabajadores.

Y es que al no existir claridad sobre los límites de cada uno de los protagonistas, “perfectamente un cabildo, al nivel que sea, podría ser cooptado por las máquinas de los partidos políticos para medir sus fuerzas, llevar gente y ordenar sus preferencias”.

Así lo advierte el cientista político Alejandro Olivares, investigador del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, quien insiste en que mientras no exista una reglamentación al respecto, este riesgo estará latente.

En ese sentido, Salvador Millaleo aclara que “nuestra tarea en el Consejo es procurar que no se produzca ningún tipo de captura y que se mantenga el pluralismo y se refleje la diversidad en el proceso de participación”.

Respecto de la viabilidad de este tipo de experiencias, Olivares no duda en que efectivamente pueden funcionar, “en la medida que se desarrollen a través de varias sesiones, que exista la certeza de que se registrarán consensos y disensos, que se reconocerán votos de mayoría y de minoría y donde todas las posiciones quedarán reflejadas en un documento final”.

En suma, como plantea el académico, un proceso que debería apuntar a un trabajo dotado de múltiples reuniones, en el que se logre que las personas se sientan parte del mismo, lo que requiere definiciones claras sobre los procedimientos.

Es por ello que no duda en que lo primero es generar confianzas en las comunidades y demostrar que lo que se trabaje y discuta será considerado como un insumo para otro debate. “Hoy, nadie sabe si eso será así efectivamente”.

Sin embargo, el que se trate de un proceso que carezca de un carácter vinculante podría implicar cierto distanciamiento y desconfianza.

“Si hablamos de lo jurídico, este proceso no es vinculante, porque no está establecido de esa manera en la Constitución. La Constitución actual establece como vinculante un procedimiento de reforma bastante alambicado. Y eso es lo que ha causado esta discusión sobre la indefinición de roles, porque no existe ninguna ley que contemple la Constitución y por eso hay poca claridad, lo que es legítimo”.

A su planteamiento, Millaleo añade que “nosotros queremos contribuir a aclarar este proceso en la medida que lo vamos desarrollando”.

Definiciones y desafíos pendientes

No son pocos los que piensan que el proceso constituyente que inició el Gobierno al nombrar este Consejo de Observadores, con integrantes tan disímiles como diversos, genera un problema. “Debe tener un equilibrio entre lo político y lo ciudadano”.

La afirmación de Olivares se explica en que “los partidos políticos cumplen un rol de intermediación, de agregación de valor y de interés, de canalización de demandas, por lo que no pueden quedar fuera de este proceso. Debiesen ser centrales en todos los procesos de cambio de una Constitución. Por lo tanto, cuando aparecen otras instancias, como un consejo de observadores, que los amenaza, y donde además pareciera que no los incluirán, los partidos tienden a sobrerreaccionar, porque no está claro cuál será el punto de equilibrio entre uno y otro”.

Asimismo, advierte que “la ciudadanía muestra un descrédito bastante grande hacia la clase dirigente, lo que incluye prácticamente a todos los partidos políticos, y también presiona para que estos procesos sean menos políticos y más ciudadanos”.

En consecuencia, anticipa que el desafío del Gobierno es lograr un punto de equilibrio entre ambos. “Mientras no exista un procedimiento explícito que diga cómo se integrarán los ciudadanos y los partidos políticos, hasta qué punto llega cada uno, comenzaremos a ver una serie de tensiones con respecto al proceso constituyente”.

Una preocupación que comparte Ruth Olate, a propósito de cómo se definirá a quienes conduzcan los cabildos. Por ahora, tal como lo confirma, se realizaría una licitación. “Se definirán criterios para determinar las personas que participarán en estos cabildos, las que también tendrán que educarse”.

A eso, se suma la necesidad de definir cuál será la injerencia que tendrán los observadores en esas instancias. “Todavía no está claro. Lo estamos viendo y lo hemos conversado en las cuatro reuniones que ya hemos tenido. Aún estamos definiendo la metodología para elegir a las personas que se desempeñarán como facilitadores”.

La gran oportunidad para reencantar a la ciudadanía

“Si no es este proceso, no es ningún otro”, advierte con esperanza Alejandro Olivares. “Este puede ser el punto de inflexión para recuperar la politización, en el buen sentido, de una ciudadanía bastante más activa, lo que perdimos tajantemente con el Golpe de Estado de 1973 y que no hemos podido recuperar hasta hoy”.

Por supuesto que se trata de un proceso lento y muy largo, tal como detalla Olivares, apuntando, sin embargo, a la posibilidad de desarrollar un proceso efectivo, integral, de respeto, con movilizaciones ciudadanas. “Discutir una nueva Constitución debiese significar una fuerza para recuperar capacidad de organización y reencantar a la gente con la actividad y la discusión política”.

Tanto por la desmovilización generada durante la dictadura de Augusto Pinochet y luego por la implementación de las reformas neoliberales en la década del ’80, así como la posterior ampliación de las mismas durante los gobiernos de la Concertación, más los escándalos de corrupción de hoy, “la Política, con mayúscula, está en descrédito. Y los que hacen política son todos corruptos y ladrones, donde pagan justos por pecadores”.

Por ello, su insistencia en que debe ser éste el momento para que la gente descubra que la política es más que todo eso. “La política es la conversación cotidiana, la discusión, la organización, es poder tomar entre nosotros algunas decisiones que le estamos traspasando a la autoridad, conocer al vecino para evitar que nos estafen cada cuatro año los distintos candidatos. Si éste no es el momento, no habrá otro y la calidad de la política en Chile no tenderá a mejorar. Soy optimista en que si ocurrirá, si es que el proceso es bien llevado”.

“Es importante que se diera algo así –reconoce Ruth Olate– porque estamos muy alejados y criticamos tanto, por lo que si no participamos las cosas no se darán, porque siempre es minoría. Sería muy bueno que la gente se reencantara, participara, sacara la voz y dijera lo que le gusta o lo que no. Y que su opinión quede plasmada”.

Junto con insistir en la importancia de la participación, cuestiona “lo fácil que es decir lo que a uno no le gusta y criticar cómo quedará la Constitución. Pero si no hemos tomado parte, después no tendríamos derecho a alegar”.

Su reflexión es que “para tener un juicio hay que escuchar a toda la gente. A veces la mayoría toma acuerdos que dejan mucho que decir y ahí es donde tenemos que actuar. No siempre lo que dice la mayoría es lo correcto”.

A esto se suma la conclusión de Olivares. “La historia de Chile tiene la tendencia al multipartidismo, por lo que podría ser ésta la instancia para que se organicen nuevas opciones y alternativas. Es en estas coyunturas, cuando se producen cambios, donde efectivamente la gente se organiza”.

En lo inmediato, tal como ha ocurrido en los últimos cuatro lunes, este 4 de enero los 17 observadores del Consejo Ciudadano se reunirán nuevamente en el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral que sigue siendo testigo de las discusiones y definiciones que podrían llevar al país a definir un nuevo texto constitucional.

Las conclusiones de éstos, que se agruparán en un texto denominado por el Gobierno como “Bases ciudadanas para la nueva Constitución”, debieran ser el soporte para la redacción de la nueva Carta Magna, que el Ejecutivo proyecta concretar en 2017.