El próximo miércoles, la Sala de la Cámara de Diputados votará sobre la admisibilidad para anular la cuestionada Ley de Pesca, conocida también como “Ley Longueira”, en alusión al ex ministro de Economía durante el gobierno de Sebastián Piñera, periodo en que se aprobó dicha legislación.
Por ello, que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera el desafuero del senador Jaime Orpis, como parte de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, aparece como un importante antecedente que confirma el poder de la industria pesquera y sus injerencias sobre diputados y senadores.
“Era lo que se esperaba hace bastante tiempo. El desafuero era lo más probable, así como, en el corto plazo, su formalización”, plantea el diputado Vlado Mirosevic, representante de la misma región que el senador y ex militante de la UDI.
Sus cuestionamientos apuntan a que “el delito más importante, el de cohecho, no lo reconoce y lo descarta, pues dice que si bien recibió de Corpesca financiamiento para su campaña y, luego, una especie de mesada o de sueldo paralelo de la misma empresa, por la vía ilegal que significan las boletas ideológicamente falsas y con el delito tributario que eso implica, asegura que al momento de legislar y votar particularmente la Ley de Pesca, él siempre mantuvo la independencia. Suena raro y poco creíble”.
En ese sentido, advierte que debe ser la Fiscalía la que demuestre la existe de una relación directa entre las votaciones del senador y los intereses de la empresa Corpesca. “Con la Ley Longueira obviamente que tienen sus intereses garantizados. Sabemos que no solo Corpesca influyó muchísimo, La pregunta es por qué no investigamos también a las empresas del sur. Es muy probable que encontremos casos bastante parecidos de influencias por parte de la industria”
En cuanto a la aseveración de los abogados del Consejo de Defensa del Estado de que Jaime Orpis se desempeñó, en la práctica, como “un funcionario de Corpesca en el Parlamento”, el diputado Mirosevic recuerda que es algo que varios diputados venían denunciando hace tiempo, particularmente respecto de las injerencias del mundo empresarial en la política.
“No me cabe ninguna duda que en el fondo Orpis era un funcionario de Corpesca en comisión de servicio en el Senado. Es sorpresivo, porque particularmente él no tenía en Arica un historial, ni siquiera a nivel de rumores, de ser un parlamentario con ese tipo de prácticas”.
“Si no hay presiones de la industria y del Gobierno, la Ley de Pesca será anulada”
Si bien aún no se desempeñaba como diputado, Mirosevic recuerda el periodo en el que se tramitó, discutió y aprobó la Ley de Pesca. “Me acuerdo perfectamente que en Arica fuimos varios los que cuestionamos las razones de por qué los cuatro parlamentarios de Arica, incluyendo los del Partido Socialista, como Fulvio Rossi, y del PPD, además de los de la UDI, entre los que estaba Jaime Orpis, votaban a favor de La Ley de Pesca”.
“La explicación que daban –agrega Mirosevic– fue que algunos pescadores artesanales así lo estaban pidiendo. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que existía una triangulación entre la industria, la subsecretaría de Pesca y un grupo de pescadores artesanales que estaba trabajando con el ministro Pablo Longueira. A esto se sumaban los parlamentarios”.
Un proceso en el que el diputado reconoce que efectivamente se compraron voluntades no solo en el poder legislativo, sino que también en el Gobierno y en algunas organizaciones sociales.
“Hubo un grupo de pescadores artesanales que incluso me atacó en el contexto del fallo de La Haya con Perú, porque estaban directamente coludidos con la industria, con la Subsecretaría de Pesca y con los parlamentarios. Esto, porque desde antes que yo fuera candidato, fustigué mucho a los parlamentarios por el tema de la Ley de Pesca”.
Por ello, la necesidad de anular la actual legislación resulta esencial para Mirosevic. “Si se cambian las reglas del juego a través de modificaciones, considerando que las siete familias tienen los derechos de propiedad, tendríamos que concederles a este grupo de empresas millonarias indemnizaciones. Por eso se ha optado por la opción de la nulidad. Es decir, que esta ley nunca haya existido y no pagar a nadie”.
El escenario para alcanzar este acuerdo requiere de los votos en la Cámara, lo que por supuesto ya está generando diferencias y obstáculos para avanzar. “Algunos dicen que esta propuesta de pedir la nulidad sería inconstitucional, y así lo están dilatando, porque esto lo deberíamos haber votado la semana pasada, lo que en definitiva se hará el próximo miércoles 20, gracias a la presión que ejercimos varios parlamentarios”.
Su preocupación también radica en que el Gobierno aún no toma una postura respecto de esta decisión, particularmente desde la Subsecretaría de Pesca. “En el fondo de amparan en que hacer borrón y cuenta nueva de esta ley tendría efectos muy negativos, porque significaría volver a la ley anterior que era peor. Pero lo que estamos diciendo no es eso. Lo que queremos es anular la ley e iniciar una nueva discusión, sin los actores que fueron determinantes en el proceso anterior y que ya está comprobado que estaban coludidos con la industria”.
Por lo mismo, resulta importante entender cuál es el panorama actual respecto de las influencias de la industria pesquera entre los diputados y senadores, considerando que los rostros no son muy distintos de los del periodo anterior.
En ese contexto, Mirosevic asegura que “desde que llegué al Congreso, en general he visto una protección de parte de la UDI hacia los intereses de la industria pesquera. Por ejemplo, se opusieron a eliminar la pesca de arrastre y otras prácticas que terminan deteriorando el fondo marino”.
Pero su análisis también se detiene en el sector oficialista. “He visto en la Nueva Mayoría un grupo grande de parlamentarios que votará por la nulidad, a pesar de los cuestionamientos que puedan tener sobre el tema jurídico, por el interés de dar una importante señal política”.
En ese sentido, no duda en afirmar que el próximo miércoles quienes están a favor de anular la ley ganarán la votación. “No por quieran, sino que porque están arrinconados y muchos de ellos tendrán que votar contra su voluntad. Sería impresentable que la Nueva Mayoría, muchos de cuyos parlamentarios votaron a favor de la Ley de Pesca, no anulara esta ley después de todos los antecedentes que se han conocido. Estoy seguro que se aprobará la admisibilidad de anularla”.
Sin embargo, igualmente el diputado es cauto y manifiesta algunos reparos, ya que podría suceder que “la industria y también el Gobierno ejerzan una presión muy grande en estos últimos días, cuestión que hemos visto en muchos casos. Muchos tienen pudor y temor público de votar en contra de la nulidad”.
Por ello destaca las presiones de la ciudadanía a través de las redes sociales, particularmente con mensajes dirigidos hacia los parlamentarios, para que entiendan que efectivamente las personas están preocupadas por eliminar la actual Ley de Pesca. “Sería hermoso para la democracia que diéramos un gesto de que no aceptamos legislaciones ilegítimas y a la fuerza”, concluye Vlado Mirosevic.