“La demanda habla derechamente de corrupción política y de entrega de información falsa por parte de SQM”, esa es una de las revelaciones que contiene la acción judicial presentada por los accionistas minoritarios de la minera no metálica ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Así lo afirma la periodista María Olivia Monckeberg, autora del libro “La máquina para defraudar. Casos Penta y Soquimich”, quien tuvo acceso al documento que comentó con Radio Universidad de Chile.

La académica de la Universidad de Chile, detalla que la demanda presentada en Estados Unidos representa a los accionistas que tenían bonos ADS (American Depositary Shares) y que se tranzaban en la bolsa neoyorquina.

“Por un periodo de al menos seis años, SQM, una de las compañías más grandes de Chile, está acusada de haber canalizado millones de dólares en donaciones ilegales de campañas mediante el pago de cientos y, probablemente, miles de facturas falsas a políticos, partidos políticos y conexiones entre políticos y empresas con el fin de controlar el Gobierno y ganar influencia en todo el espectro político de Chile”, afirma el texto.

Ante las crudas líneas que expone, la periodista plantea que “es una demanda bien fuerte en términos de acusar a la empresa SQM, sus ejecutivos y el directorio de haber tergiversado y falsificado información, todo en un cuadro de corrupción política y de falsificación de documentos”.

Además comentó el tono con el cual está descrita la relación entre la empresa y el mundo político: “Una de las cuestiones que ellos destacan es la corrupción política que abarca a todo el espectro desde la UDI hasta la Presidenta de la República, mirado desde fuera lo ven así”.

María Olivia Monckeberg agrega que “la demanda habla también de imprudencias de los ejecutivos y de  violación de numerosas leyes, tanto chilenas como de las transacciones internacionales en la bolsa de Nueva York”.

“Además el estudio hace una referencia a las pérdidas que habrían tenido los tenedores que las sitúan en 4 mil 400 millones de dólares por la disminución del precio de las acciones en el periodo en que se destapó este caso, junto con analizar los efectos del litigio que sostiene la minera con Corfo, proceso que no habría sido informado a los accionistas minoritarios”.

María Olivia Monckeberg se refirió a la reacción que ha tenido la clase política ante estas revelaciones, “como que nadie se asombra y parece que muchos quisieran echar tierra a todo este asunto. Esto de la prescripción de los delitos electores, después de todo lo vivido, es muy poco”, advirtió.

Asimismo comentó el rol que ha jugado el ex ministro de la Concertación Enrique Correa en el trabajo que ha hecho SQM para penetrar el mundo político: “Ha sido una persona que ha sido asesor de Julio Ponce desde hace muchos años, al menos eso nos consta porque aparece en estas planillas de pagos que no se hicieron, que no se informaron en estos informes oficiales pero sí aparece en estas listas revisadas por el comité ad hoc”.

La demanda, que agrupa a los accionistas en una figura conocida como “acción de clases” y que lidera el fondo de pensiones británico Tyne and Wear, menciona la lista de nombres vinculados a las facturas falsas como Giorgio Martelli, Fulvio Rossi, María Carolina de la Cerda, Claudio Eguiluz, Adolfo Zaldívar, Clara Bensan, Carlos Ominami, entre otros.

El documento redactado por el estudio de abogados Robbins, Geller, Rudman &Dowd LLP, reúne cinco demandas de fondos e inversionistas minoritarios que ya habían presentado la acción durante 2015 de manera independiente.