La Comisión de Constitución del Senado aprobó la Agenda Corta Antidelincuencia, el cual ahora será revisado por la Sala del Senado, y que contiene entre sus normas el criticado control preventivo de identidad, el cual ha sido comparado con la detención por sospecha, derogada en 1998.

El senador de RN Alberto Espina, quien ya había recibido duras críticas a través de las redes sociales tras celebrar la aprobación de la norma que establece penas de cárcel a quien agreda físicamente a un carabinero aunque no deje señales visibles de lesión, expresó su conformidad con el voto positivo de la Comisión.

Espina explicó que la norma apunta a que las policías puedan pedir la identificación de una persona “en los lugares públicos, o aquellos lugares privados, pero que son de libre acceso al público” y que pueda permitir la eventual captura “de aquellas personas que puedan tener órdenes de detención pendientes, que en nuestro país son 66 mil”

En ese sentido, agregó que esta herramienta, “que con los controles que tiene y los resguardos que se han adoptado, va a ayudar mucho a disminuir las altísimas tasas de impunidad delictual en los delitos de robo”

“Esta agenda corta es una victoria y un triunfo para la ciudadanía que espera que la lucha contra la delincuencia sea más eficaz y, sin duda, es una derrota para los delincuentes que van a tener una mayor persecución penal para evitar que los delitos queden impunes como ocurre hoy día, lamentablemente”, agregó el senador por la Araucanía.

El senador independiente pro DC, Pedro Araya, señaló que la Agenda Corta Antidelincuencia le otorga herramientas a las policías como al Ministerio Público “para una adecuada persecución penal y de esta manera bajar el alto índice de causas sin resolver, especialmente en delitos contra la propiedad”.

“Y en lo que respecta al control preventivo de identidad, hoy día hemos avanzado en una norma que le otorga atribuciones a las policías, pero que también les pone cortapisas que son el respeto a los derechos de los ciudadanos, entre otras cosas cuando la policía ejerce esta atribución, va a tener que trasladar a la persona a la unidad policial, no va a poder ser llevada a un calabozo, y tiene que dárseles todas las facilidades para la identificación”.

Por el contrario, el diputado del PS y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Leonardo Soto, hizo énfasis en los “espacios para cercenar libertades” de las personas que ofrece la Agenda Corta, como es la libertad de movimiento o de tránsito que las nuevas facultades de las policías pudieran afectar “y que creíamos superadas”, señaló el diputado y llamó a tener “mucho cuidado” en la legislación de este proyecto y poner el foco en el “control al control de identidad”.

El diputado destacó el hecho que este procedimiento no resolverá los problemas de delincuencia, ni es “una bala de plata” en este sentido: “Es muy complejo legislar en base a subjetividades que no están respaldadas por opiniones concretas de la academia o expertos. Es más, Fundación Paz Ciudadana y varios expertos eran contrarios a esta propuesta, entonces su eficacia está puesta en duda”.

“Se está legislando bajo mucha presión social. Porque, inevitablemente, uno tiene que reconocer que hay un discurso represivo en torno al fenómeno de la delincuencia, como si existiera una bala de plata para poder terminar con este fenómeno y sería esta ley. La verdad es que yo no le adjudicaría tantos méritos y, por tanto, me preocuparía que si se va a legislar por lo menos se controlara que no tuviera efectos negativos para la libertad de las personas, y yo esperaría que en la Sala del Senado y en el tercer trámite podamos anteponer la libertad de las personas ante las restricciones que pueden ser mucho más gravosas para la gente, que los mismos beneficios que pueda plantear esta ley”.

Para Marta Cisternas, coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, lo que hace esta legislación es “blindar más la impunidad que tiene Carabineros en el control de la protestas”, y por otro lado, a juicio de la dirigente de derechos humanos, se legaliza una práctica que de hecho ya se está ejerciendo de parte de la policía para sacar a los jóvenes de las manifestaciones, como una “política de Estado en contra de los movimientos sociales”.

Marta Cisternas calificó de “gravísima” esta situación e hizo énfasis en los cuestionamientos, incluso a nivel internacional, de las políticas represivas del Estado chileno en contra de la protesta social, lo que redunda, según la dirigente, en la criminalización de los disensos en nuestro país.

“Hace pocos meses estuvo el relator de Naciones Unidas e hizo un informe bastante lapidario sobre el derecho a manifestación, de hecho nosotros hemos estado difundiendo la opinión de Unicef al respecto. Aquí hay voces que van más allá de lo que podamos pensar las personas que estamos en el mundo de los derechos humanos. Acá en Chile, esto trasciende nuestras fronteras con respecto a lo que significa un estado de Derecho. En Chile, lamentablemente, hace rato el estado de Derecho se está alejando bastante de la ciudadanía”.

Finalmente, para la coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, se ha impuesto un discurso de inseguridad ciudadana, el cual posibilita el enfrentamiento a la delincuencia desde una óptica punitiva y represiva, cuando a juicio de Marta Cisternas este debe apuntar a “mayor justicia y equidad social”.