“Estas medidas son efectistas, no logran resolver el tema de fondo que es la inseguridad que sentimos ciudadanos y ciudadanas. A corto andar vamos a ver que no va haber necesariamente mayor eficiencia y lamentablemente con este proyecto de ley se van a reproducir las discriminaciones y estigmatizaciones que ya existen en las sociedad chilena”, declaró la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, respecto a una serie de normas aprobadas este miércoles por la Comisión Constitución del Senado, en el marco de la Agenda Corta Antidelincuencia.

El control de identidad preventivo es uno de los puntos críticos que generó la respuesta casi inmediata del organismo de derechos humanos. La norma faculta a la policía a solicitar documentación a las personas “ante la sospecha” de la comisión de un delito y permite que sean retenida hasta por cuatro horas en el caso de los mayores de edad y hasta por una en el caso de quienes tengan entre 14 y 18 años.

Lo anterior, facultaría a los funcionarios públicos, en este caso de Carabineros, a discriminar si  la persona aparenta la mayoría de edad o no la aparenta en caso de que no tenga documentación. “No todos los jóvenes menores de 18 tienen acceso a la tarjeta estudiantil, por lo tanto estamos diciendo también que hay segmentos de menores de edad que no van a poder comprobar su edad y que para hacerlo van a tener que acudir a la comisaria sin que necesariamente haya ninguna razón plausible para hacerlo”, sostuvo Fries.

En la misma línea, la directora explicó que factores externos como la comuna y la región van a incidir en cómo se aplican estas atribuciones  “las que finalmente van a operar para pedir el documento de identidad. Eso, en una sociedad democrática, en la que habitan personas que son iguales en derechos, nosotros no podemos decir otra cosa más que ojala que se echara atrás este proyecto, aunque lo veo difícil. Si no se echa atrás, por favor, yo le pido a los legisladores que introduzcan más salvaguardas de las que hay”, señaló Lorena Fríes.

Respecto de las formas de resguardo de las atribuciones a las policías, la única salvaguarda que hay para el ejercicio abusivo de esta potestad es la entrega trimestral de información al Ministerio Público.

Para la directora del INDH, la Agenda Corta Antidelincuencia, especialmente en este punto, es lo que en jerga técnica se denomina como “populismo penal”, es decir, tratar de dejar satisfecha a la gente a través de medidas invasivas en términos de los derechos que se pueden ejercer.

“Los temas de derechos humanos y los derechos humanos son la base del ejercicio democrático porque parten de la idea de que los ciudadanos tienen derechos, que no pueden ser, salvo ciertos requisitos, limitados o restringidos por parte de la autoridad y los funcionarios públicos (…) Yo creo que es un país donde los derechos humanos no son todavía el hilo rector de la democracia”, sentenció Fries.

Finalmente, Lorena Fríes descartó que este tipo de normas estén hechas para desactivar a los movimientos sociales, específicamente al movimiento estudiantil. Pese a lo anterior, reconoció que resulta un asunto fundamental preguntarse cómo y qué se va hacer para no atentar o inhibir el derecho a reunión y a manifestarse en paz de los estudiantes, cuando no hay obligación de carnet de identidad y no todos los estudiantes portan tarjeta: “Esto significa que vamos a tener a lo mejor, previa a las manifestaciones, a gente detenida para que no pueda engrosar las filas de las manifestaciones”.

Más normas restrictivas

Además del control de identidad preventivo el proyecto de Agenda Corta Antidelincuencia incluye otras normas del mismo tenor. Desde el punto de vista de la regulación penal, los jueces no podrán bajar las penas, aplicando atenuantes, para los delitos de hurto, receptación y extorsión.

En términos procesales permitirá a las policías utilizar agentes encubiertos para indagar bandas, interferir en posibles delitos y solicitar antecedentes sin previo requerimiento a un fiscal.