A primera hora del viernes y luego en su última vocería antes de las vacaciones, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, descartó que existan cambios en la Reforma Tributaria, tal como los habrá en la cuestionada Ley de Pesca.

Esto, después de que este jueves se conocieran los antecedentes de la intervención del ex senador UDI Pablo Longueira en dicha norma, quien envió archivos de la Reforma Tributaria en 2014 al ex gerente general de SQM Patricio Contesse.

Al ser consultado sobre si estos datos empañan la tramitación del proyecto de ley, el vocero aseguró que no. “Fue una ley ampliamente discutida, acabamos de despachar una nueva ley que simplifica la Reforma Tributaria. El ministro de Hacienda ha sido claro en señalar que no van a haber nuevos cambios importantes y pensamos que eso da certezas a todos los sectores”.

Además recalcó la importancia de mantener la autonomía e independencia de las instituciones, asegurando que no van a variar su conducta y añadió que utilizar políticamente los casos “le hace mal al proceso de restauración de confianzas, que es una tarea central que tiene hoy el país”.

En esa línea, el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón criticó duramente a su sector al afirmar que “Chile Vamos sigue siendo cómplice pasivo de hechos tránsfugos. Estos días hemos visto cómo condenan fuertemente el caso Caval, pero cuando se trata de hechos de nuestro sector, hay un silencio sepulcral”.

En tanto que el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló advirtió que parte del requerimiento para modificar la Reforma Tributaria viene de los propios empresarios. Esto, porque según un informe realizado por el Banco Mundial, con la Reforma se recaudará al año un total de ocho mil 300 millones de dólares, de los que un 80 por ciento provendrá del uno por ciento más rico de la población.

Pero las autocríticas y las advertencias políticas y económicas sobre este proyecto de ley puntual no aminoran las dudas sobre la legitimidad de las leyes que está visando el Congreso, institución que no cuenta con más de un 11 por ciento de aprobación ciudadana según las últimas encuestas.

En ese sentido, la labor es dura para el Congreso, que en marzo tendrá nuevos liderazgos. Una de las principales cartas para presidir la Cámara Baja es el diputado Osvaldo Andrade, quien sostuvo que “lo peor que podemos hacer es exagerar estas cosas, porque desde ese punto de vista queda todo bajo tela de juicio”.

Asimismo, añadió que “se dictan cientos de leyes año a año y porque en una de ellas hay un problema, generar una lógica de deslegitimación al sistema completo, es una simplificación casi frívola”.

Así la llamada “fórmula Andrade” tendería a “mantener el equilibrio”, es decir, la dinámica que en estos momentos se está cuestionando. Eso pese a que el diputado afirmó que, más que un mea culpa o pedir disculpas, los partidos deben tomar la decisión activa de que quienes se hayan visto involucrados en delitos, no se vuelvan a presentar y no se busquen vías para seguir manteniéndolos en política.

Por otro lado, Andrade sí reconoció que la Ley de Pesca, donde figuran los antecedentes de cohecho por parte del senador de la UDI Jaime Orpis, debe ser revisada.

Fue el Partido Comunista, en ese contexto, el que presentó una solicitud para la anulación de la normativa, ante lo que el Gobierno denunció problemas de constitucionalidad, pero finalmente aceptó una modificación.

El diputado de esa colectividad Hugo Gutiérrez ha sostenido en reiteradas oportunidades que la ley es ilegítima desde su base, ya que nació del cohecho. También ha planteado que, si se hiciera un seguimiento de las leyes que afectan aspectos económicos relevantes del país, en el cien por ciento de ellas se encontraría lobby, y no cualquier lobby, sino el que realizan las grandes empresas y los más poderosos del país.