A propósito del fallecimiento de un ciudadano peruano el domingo pasado al pisar una mina antipersonal en la frontera con Chile, se abre nuevamente el debate sobre el estado actual de la erradicación de los artefactos y los mecanismos para reparar los daños psicológicos y físicos de los afectados.

El fallecido fue identificado como Francis Reynaldo Mamani Aquino de 27 años, el cual perdió automáticamente una pierna debido a la explosión y fue trasladado por los familiares que lo acompañaban de vuelta a Perú, falleciendo producto de la pérdida de sangre.

Por otro lado, este viernes el GOPE de Carabineros incautó un proyectil de mortero en un restaurante ubicado en calle Catedral con García Reyes, en Santiago. Se trataba del restaurante Santa Julia y habría sido uno de los clientes, quien al darse cuenta de la presencia del artefacto, quien alertó acerca de su peligrosidad a los dueños del local.

Carabineros explicó que en caso de que el proyectil se encontrara con pólvora y activo, de haber existido una mala manipulación o de caer, habría detonado y causado la destrucción del local y viviendas aledañas en el Barrio Yungay.

En 2014 el senador Baldo Prokurica solicitó al ministro de Defensa, que en ese momento era el actual jefe de Gabinete, Jorge Burgos, agilizar el proyecto de ley que se ocupa de compensar a personas afectadas por minas antipersonales. Además, de reunirse con el fin de conversar sobre los alcances y el estado de la tramitación del proyecto enviado por el ex presidente Sebastián Piñera.

Se refirió al estado actual de dicha iniciativa, el senador Pedro Araya, miembro de la Comisión de Defensa y comentó que el proceso se encuentra detenido. El gobierno de Sebastián Piñera propuso que se les pague una indemnización a las víctimas que va entre 8 a 20 millones de pesos dependiendo de la discapacidad con que quedaron y una serie de beneficios adicionales como asistencia psicológica y médica.

Sin embargo, el proyecto no siguió su curso porque la Comisión de Defensa agregó que existen muchos casos de gente que quedó imposibilitada por el resto de la vida para trabajar. En tanto, el Senador Araya señaló que “pareciera más prudente gestionar retribuciones como en el caso de presos políticos o familiares detenidos desaparecidos”.

Por otro lado, este 2016 Chile será sede de la Convención sobre Minas Antipersonales del 29 de noviembre al 2 de diciembre. En este sentido, existe una presión al Gobierno de liderar sus esfuerzos y cumplir con la erradicación de los artefactos y la reparación a las víctimas, compromiso que Chile llevó a cabo en el Tratado de Ottawa.

Sergio Aranibar, miembro de la Agrupación de Víctimas de Minas Antipersonales, señaló que parece paradójico que la cancillería junto al Ministerio de Defensa estén organizando la versión 15 de la Convención del Tratado de Ottawa, mientras que la agrupación de víctimas no ha tenido ningún acercamiento con las organizaciones gubernamentales. “Se está organizando toda esta fiesta en Chile cuando las víctimas están sin ninguna atención”, agregó Aranibar.

La agrupación tiene un catastro de 174 víctimas, sin tener en cuenta los accidentados dentro del Ejército de Chile, que probablemente elevaría la cifra.

Además, Sergio Aranibar comentó que: “Nosotros estamos solicitando una pensión vitalicia adicional a la compensaciones económicas que propone el proyecto de ley”. Asimismo, explicó que la petición se debe a que un accidente de este tipo provoca secuelas permanentes y no se puede solucionar sólo con una compensación económica.

Cabe mencionar que, a noviembre de 2015 Chile había removido 123.263 minas de un total de 181.814 minas sembradas en su territorio y certificado alrededor de 16,5 millones de metros cuadrados libre de estas armas, encontrándose en condiciones de concluir el proceso de desminado de su territorio en el plazo del 1 de marzo de 2020 que estableció la Convención.

En este sentido, Elir Rojas, Presidente del Colegio de Geógrafos de Chile aclaró que es imposible encontrar al 100 por ciento las minas antipersonales, es por ello que se considera aceptable que un 2 por ciento no se puedan extraer,  así lo estableció las normas internacionales.

Asimismo, señaló que las obligaciones que establece la Convención consisten en: extraer las minas existentes en las zonas fronterizas, la prevención y reducción de riesgo para la población civil y, en caso de que existan afectados, proporcionarles atención médica. Por otra parte, existe un deber de traspasar los suelos del uso militar al uso civil, es decir, una vez que se limpia el área la idea es que se vuelva a utilizar el terreno con fines productivos.

Elir Rojas coincide totalmente con las peticiones de las organizaciones de víctimas y agregó que “en 2005 se creó un consejo consultivo donde participaban todas las organizaciones involucradas y después esta situación se desconoció, por lo mismo, esto se debe corregir para que las víctimas tengan un rol activo”.