Este fin de semana se dio a conocer que el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, evalúa entregar su testimonio al Ministerio Público por primera vez a raíz de la filtración de correos electrónicos con el ex ministro y ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira. Un asunto que complica su defensa y podría afectar su presunción de inocencia.

Recordemos que Contesse es quien más resistencia ha puesto a la indagatoria. Incluso acudió al Tribunal Constitucional (TC) para que se revisara la legalidad de una incautación de documentos a su oficina. Además, se ha negado a declarar ante la Fiscalía y ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Según informaron medios escritos como La Tercera y El Mercurio, el abogado defensor de Patricio Contesse, Samuel Donoso, estaría en conversaciones con el fiscal Pablo Gómez, para que su representado declare por primera vez.

El fiscal regional se habría reunido la semana pasada en reserva con Donoso, encuentro en que el abogado planteó la posibilidad de que Contesse declarara y colaborara con la investigación a cambio de que el Ministerio Público no se opusiera a una futura solicitud de rebajar la medida cautelar de arresto domiciliario total a un arresto domiciliario nocturno.

En esa línea, y como parte de un eventual acuerdo, la defensa no se opondría a la solicitud del fiscal de ampliar el plazo de la investigación que el Ministerio Público espera plantear a fin de mes.

Sobre esto se refirió en conversación con Radio Universidad de Chile el abogado querellante de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, para quien “resulta obvio que las conversaciones de la defensa de Patricio Contesse con el Fiscal tienen por objeto buscar una declaración del imputado que pueda constituir una atenuante, que a su vez permita cerrar la causa a su respecto a través de un procedimiento abreviado”, explicó.

Para el abogado esto involucra que finalmente se haya abandonado la lógica que imperó mientras estuvo el fiscal Emiliano Arias dentro de la investigación y que involucraba seguir “hasta las últimas consecuencias”, develando todos los ilícitos que se podrían haber cometido en relación con el financiamiento ilegal de distintos sectores políticos por parte de la empresa SQM.

Por otro lado, el fiscal Gómez, también señaló a la prensa escrita que los delitos que se están investigando en la causa no contemplan una pena superior a los cinco años y un día, y que, “dadas las atenuantes que están presentes, los involucrados no cumplirían cárcel efectiva”.

En ese sentido, Mauricio Daza criticó con fuerza la actitud del fiscal al sostener que “resulta absolutamente impresentable que diga que ninguno de los imputados de esta causa va a sufrir penas efectivas, ya que estamos frente a una investigación en pleno desarrollo y donde faltan muchos antecedentes por analizar e incluso por poder obtener de distintas fuentes y, por lo tanto, un juicio adelantado de esta naturaleza, da cuenta de que no estamos frente a alguien que realmente quiere investigar esta causa, sino que más bien quiere justificar, de manera adelantada, el cierre del proceso”.

El abogado añadió que aquí lo que existe es la voluntad de cerrar las causas relacionadas con la arista SQM lo más rápido posible y a través del expediente de los procesos abreviados con penas de conveniencia, negociadas con las defensas, de manera de ponerle un punto final a esta indagación.

“Nos parece lamentable porque con eso no sólo se afecta al debido respeto del principio de igualdad ante la ley, sino que se va a afectar más la alicaída consistencia en términos de imagen, de credibilidad y prestigio del Ministerio Público”, añadió el abogado.

Para Daza, en el contexto de una plena vigencia de un Estado de Derecho, el Ministerio público debiera investigar esta causa hasta el final, levantar formalizaciones y llevar a juicio oral a las personas implicadas en hechos delictivos, con prescindencia total respecto de lo que sean las posiciones de poder político y económico de los involucrados.