Hace algunos días se informó sobre las pérdidas que experimentaron cuatro de los cinco fondos de pensiones durante enero, cifras que se igualan a todo lo ganado durante 2015.

A eso se suma la polémica salida de la superintendenta de Pensiones Tamara Agnic, a quien en enero la Presidenta Michelle Bachelet le solicitó su renuncia.

Esto, además de una permanente oposición de diversos sectores hacia el sistema de ahorro previsional ofrecido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Y a pesar de que son varias las reformas de gran envergadura que son impulsadas por el Gobierno, en el caso del sistema previsional solo se contemplan algunos cambios. Pero no más que eso.

Incluso se recurrió a una Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones que funcionó entre 2014 y 2015, cuyas 58 propuestas permanecen a la espera de ser recogidas.

Todo esto en medio de las expresiones de preocupación que surgen desde el Partido Comunista, por lo que consideran la postergación del debate sobre un nuevo sistema previsional. Incluso, desafiando al Ejecutivo a que se le otorgue al tema una mayor prioridad de la que tiene hasta ahora.

De hecho, no dudan en advertir que respaldarán el paro de la CUT del próximo 22 de marzo. Una convocatoria en función de la postergada Reforma Laboral, pero también, advierten en el PC, para presionar por una reforma previsional.

Como presidente de la agrupación Acusa AFP, Ricardo Hormazábal por supuesto que agradece las buenas intenciones, aunque exige un real compromiso para concretar las transformaciones.

“El Partido Comunista por fin dice que quiere cambios y que quiere apurar el tema. Ellos tienen la Subsecretaría de Previsión Social y no han hecho absolutamente nada. La CUT la preside una dirigente comunista, Bárbara Figueroa, y tampoco han hecho nada para instalar el tema de la previsión en la primera línea de trabajo. Salvo su vicepresidente, Nolberto Díaz, la CUT tampoco se mueve”.

El propio Hormazábal exige “que el Partido Comunista deje de preocuparse solo de tener más ministerio y más cargos, y se preocupe de compromisos que están en el programa de gobierno”.

Precisamente el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, ha insistido en su oposición al sistema de las AFP, a propósito de sus millonarias ganancias, “mientras la gente sigue perdiendo sus fondos de pensiones debido a la especulación de las administradoras en el mercado financiero”.

“Nosotros decimos con claridad no más AFP. Y todo el que quiere que echemos a las AFP, tiene que parar el próximo 22 de marzo”, aseguraba hace un par de semanas a Radio Universidad de Chile.

Más recursos para las AFP, pero sin cambios al sistema

“Hoy el monto administrado por las AFP bordea el equivalente a más de 150 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad que supera con creces el 65 por ciento del PIB de Chile”, calcula el investigador de la Fundación Sol Recaredo Gálvez.

Y añade: “Muchos de estos fondos o capitales que se encuentran invertidos en las AFP se invierten de forma constante en empresas y bancos que operan en nuestro país, como también en empresas que operan fuera de Chile. Lo que vemos con claridad es que tanto el poder político como el poder económico tienen una especie de colusión en base a mantener la línea de capitalización individual para seguir obteniendo garantías y ventajas dentro del proceso de acumulación que se ha implementado en el país”.

Esto, asegura, a través de un importante nivel de inyección de capital financiero mediante recursos que siempre estarán disponibles, como consecuencia de que las AFP constituyen un mecanismo de ahorro privado y obligatorio.

Con esos antecedentes, Ricardo Hormazábal afirma que “existe un ministro de Hacienda que dijo que no era posible avanzar en otras reformas. También es posible entender que el presidente del PPD, Jaime Quintana, que se ha caracterizado por opiniones muy fluctuantes, diga que no es tiempo de plantear la reforma previsional”.

Por ello, plantea la necesidad de considerar la definición estratégica que hiciera la Presidenta Michelle Bachelet, respecto del anunciado realismo sin renuncia. “Realismo está definido como la forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. Y el realismo indica que el sistema de AFP es un fracaso estrepitoso para entregar pensiones. Ofrecieron un 70 por ciento de la última remuneración, pero están entregando menos del 30 por ciento”.

Es un hecho objetivo, detalla el abogado, que un millón de chilenos recibe pensiones de 198 mil pesos mensuales en promedio y que además los jóvenes, en el futuro, recibirán pensiones aún inferiores, “porque no tendrían derecho al bono de reconocimiento”. Asimismo, lamenta el excesivo gasto fiscal y el desperdicio de recursos que podrían utilizarse en otros ámbitos.

Por su parte, Recaredo Gálvez asegura que cuando se habla de alternativas por parte del Gobierno o de quienes se ven beneficiados por las AFP, no consideran una transformación profunda del modelo. “Solo parches o modificaciones que no alteren la estructura de inyección directa de fondos hacia las grandes empresas”.

Y si se quiere poner el foco de interés en las pensiones, él mismo plantea la importancia de ver los resultados que arrojan hoy las AFP. “A diciembre de 2015, cerca del 91 por ciento de las personas que estaban jubiladas y recibían pensiones en la modalidad vejez por edad, es decir, retiro programado, que es la modalidad que pagan las AFP, recibían un monto que no supera los 155 mil pesos”.

Esto, considerando que no se trata de un promedio, como explica el investigador de la Fundación Sol. “Nos demuestra que las AFP realmente no están logrando cumplir con una suficiencia en materia de sus pensiones. Pero por otra parte podemos ver que grupos como Angelini, Matte y Yarur, que se han visto vinculados en estos casos de financiamiento ilícito de campañas o de cohecho, reciben constantemente inversiones frescas por parte de las AFP que son cuantiosas”.

Por ejemplo, destaca que los Matte, a través de ocho empresas, llegaron a superar los 2,2 billones de pesos de inversiones por parte de las AFP, mientras que para el grupo Yarur el monto bordeó el billón de pesos.

¿Pacto político-empresarial?

Hace algunos días, la Contraloría General de la República ratificó el carácter ilegal en el que incurrió la Superintendencia de Pensiones, al aprobar la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, de propiedad de Principal Financial Group, dando paso a múltiples cuestionamientos contra el actual modelo de AFP, vigente desde la dictadura cívico-militar.

A propósito de esta situación, la semana pasada el diputado DC Fuad Chahín cuestionó que sean los afiliados los que pierdan miles de millones de dólares, “y por otro lado quienes son los dueños de las AFP, mediantes acciones ilegales, pretenden pagar menos impuestos para Chile. Y la Superintendencia, lejos de evitar aquello, lo que ha hecho es avalarlo y asesorarlo”.

Como parte de este episodio, Hormazábal no duda en apuntar a los ministros Jorge Burgos y Rodrigo Valdés, de Interior y Hacienda respectivamente, por defender a la saliente superintendenta, a quienes incluso califica como “el reflejo que existe en la Concertación de un neoliberalismo pragmático, que sumado a los intereses que tiene la derecha, han logrado mantener sin cambios el sistema de Ispares y de AFP”.

A eso agrega el que hayan logrado cercar a Michelle Bachelet, “quien debe dar un gran salto, con las encuestas en contra, los medios de comunicación de la derecha en contra y una quinta columna al interior del Gobierno que no quiere favorecer los cambios”.

“Un pacto silencioso entre el poder político y empresarial que viene desde la dictadura”, añade Gálvez, a propósito de la reforma al sistema de pensiones de los ’80, la que asegura ha continuado consagrando mediante reformas impulsadas en los últimos gobiernos, especialmente en el de Ricardo Lagos y en el anterior de Michelle Bachelet.

“Chile tiene los recursos económicos necesarios para poder financiar los cambios que se requieren en el ámbito previsional”, advierte Hormazábal. Y que tendrían un impacto tremendamente positivo para enfrentar la crisis que genera la baja del precio del cobre y la crisis internacional”.

“Un modelo que además de ser bastante beneficioso para los grandes empleadores o grandes capitales –complementa Gálvez– a su vez va generando una especie de telaraña con los demás modelos en los que encontramos a la mayoría de los trabajadores, como el modelo laboral”.

En este punto, el investigador de la Fundación Sol se detiene en lo que considera una serie de condiciones de disciplinamiento social. “La baja sindicalización y las disminuciones en relación a los derechos colectivos que van generando una atomización, respecto a cómo vamos comprendiendo la disputa por un poder político autónomo, como movimiento social, que permita generar estas transformaciones”.

En ese sentido, apunta a las represalias empresariales que muchas veces juegan en contra de la organización de los trabajadores. “Además debemos tener en cuenta los oídos sordos de las autoridades de turno a la posibilidad de discutir alternativas reales al sistema de pensiones”.

Su recuerdo del trabajo de la “Comisión Bravo” no es el mejor, a propósito de las conclusiones y, particularmente, de la propuesta C, la que si bien recibió un voto, buscaba instalar el debate sobre un sistema de reparto. “Una propuesta de la que nadie quiso seguir discutiendo”.

Falta de liderazgo y decisión política

Los grupos económicos, a pesar de las crisis a la que tanto recurren las autoridades en sus discursos, mantienen utilidades. “Siguen generando ganancias bastante cuantiosas, a pesar de la desaceleración”, afirma Recaredo Gálvez.

Por ello, ante las preocupaciones porque los periodos de crisis globales se están generando de manera más recurrente, las decisiones deberían centrarse en lo que considera el eje principal del modelo de AFP.

“La preocupación debería ser cómo cambiamos un sistema que depende de las inversiones y de los flujos de los capitales a nivel internacional. No deberíamos pensar en que el problema sea cambiarlo, sino que el problema es mantenerlo, especialmente en un contexto en el que el riesgo cada vez comienza a ser más evidente”.

Es decir, “un razonamiento bastante lógico y evidente en materia de seguir sosteniendo las pensiones de los chilenos en base a un sistema que no es de seguridad social, sino que es de riesgo de inversión”.

Frente a ese escenario, la propuesta de Ricardo Hormazábal apunta a que el Gobierno avance en su proyecto de AFP estatal, incorporando algunos cambios a la iniciativa enviada al Congreso. “Por ejemplo, una indicación que exigiera que esta AFP solo invertirá en Chile. Los trabajadores se cambiarían no para obtener mejores pensiones, porque las AFP no lo hacen, sino que lo harían porque Chile podría disponer de 300 millones de dólares al mes, de manera indefinida, para financiar el desarrollo armónico de las regiones”.

Su llamado es a que la Presidenta Michelle Bachelet asuma su liderazgo y avance en sus promesas, disponiendo así de recursos para enfrentar los problemas económicos que afectan a nivel mundial.

“El problema no es que técnicamente un sistema de reparto no sea viable”, detalla Gálvez. “Un sistema solidario y contributivo es algo que opera en la mayoría de los países. Solo nueve países en el mundo no tienen un sistema contributivo de reparto”.

Su conclusión es que “lo que vemos es una decisión política que no quiere tocar estos temas y permitir que se mantengan estos niveles de acumulación en favor del gran empresariado y en desmedro de las pensiones de los jubilados”.