Este miércoles se presentó el informe anual de Amnistía Internacional, documento que pone una serie de alertas sobre los temas urgentes de solucionar en materia de Derechos Humanos en Chile y en el mundo.

Según el documento, la principal preocupación en nuestro país es el actuar de las Fuerzas de Seguridad, esto por una serie de casos de violencia policial registrados, y el sistema, aún vigente, de Justicia Militar.

Para Amnistía Internacional en 2015 existieron dos claros ejemplos de casos que debían ser revisados por la justicia ordinaria. Uno de ellos, el asesinato del trabajador del cobre Nelson Quinchillao; el otro, situación de Rodrigo Avilés, herido por un carro lanza aguas en el marco de una protesta estudiantil en la región de Valparaíso.

Más allá de estas situaciones, Roberto Morales, presidente de la organización, explica que el llamado de Amnistía es generar un cambio legal global y no sólo enfrentar este debate en momentos particulares: “Esta situación debe modificarse. El actual gobierno ha señalado que tiene la intención de cambiar las leyes que regulan los tribunales militares. No lo ha hecho. Sabemos que hay propuestas, pero éstas deben ser presentadas a la brevedad, y creemos que no tienen ninguna justificación que dentro de este periodo de gobierno no se modifique y regulen los tribunales militares de la forma en la que el derecho internacional lo indica”.

Violaciones a los Derechos Humanos

Otro tema que preocupa es la impunidad por violaciones a los Derechos Humanos en dictadura, donde “falta hacer más esfuerzos en materia de reparación y garantías de no repetición de estos episodios en el futuro” cuando, lo han dicho incluso desde Naciones Unidas, la mayoría de los condenados no cumplen su pena en la cárcel.

Además, advirtieron la permanencia de trabas para denunciar casos de tortura: de mil 56 causas en curso en el mes de marzo de 2015, sólo 112 respondían  a denuncias por tortura. A eso se suma que la derogación del Decreto de Ley de Amnistía, no se ha hecho efectiva, pese a los anuncios de la propia Presidenta Bachelet.
El respeto y resguardo a los derechos de los pueblos originarios es otra de las denuncias que hace Amnistía Internacional, principalmente por el uso excesivo de fuerza y las detenciones arbitrarias ejecutadas en contra de los comuneros mapuche.

La directora ejecutiva del organismo, Ana Piquer, criticó al Estado por abordar el conflicto de La Araucanía mediante dos errados caminos: El uso de la Ley Antiterrorista, o la perspectiva asistencialista con la que se trata de dar solución. La abogada señaló que “falta una mirada de reconocimiento de los derechos individuales y colectivos”.

Finalmente, la organización denunció la tardanza en el trámite del proyecto de Ley de Aborto en tres causales y, en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos, anunció que va a estar muy atenta al proyecto de ley sobre el derecho a la intimidad de género que aún sigue pendiente en el Congreso Nacional.

Capítulo internacional y la violencia en Latinoamérica

En la presentación del apartado internacional del documento de Amnistía Internacional, Roberto Morales y Ana Piquer lamentaron el debilitamiento de los derechos humanos en el mundo. Situación que se agudiza con la explosión de crisis recientes y la prolongación de otras de largo plazo.

El organismo estimó que en 2015, más de 60 millones de personas fueron desplazados de sus países de orígenes. También, que en varias partes del orbe, los gobiernos han dañado, deliberadamente, los derechos humanos. Por ejemplo, más de 122 estados –de los 160 en estudio- infringieron el derecho internacional cometiendo tortura, malos tratos u obligando a refugiados a regresar a países peligrosos.

En ese sentido, Piquer puntualizó dos principales preocupaciones: “La debilidad que ha tenido el sistema internacional en la protección de los derechos humanos para hacer frente a este tipos de situaciones; y el hecho que los propios estados, los gobiernos, no han apoyado suficientemente su promoción”. Por el contrario, han adoptado una retórica “divisiva, xenofobia y contraria a los DD.HH. lo que demuestra que el sistema necesita protección en todo el mundo”.

Según el informe, al menos 113 países, incluidas varias democracias, han restringido arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa; en 61 naciones, personas fueron encarceladas sin haber cometido más delito que ejercer sus derechos y libertades; También se contabilizó la muerte de 156 activistas y defensores de los Derechos Humanos, constituyéndose en una población vulnerable durante los últimos doce meses.

Ana Piquer agregó que “a menudo la represión es casi rutinaria y se disfraza de la necesidad de conseguir seguridad nacional, orden público o la protección de los valores nacionales”, lo que es una “tendencia sumamente peligrosa”.

El caso regional también es preocupante. Según la organización, 8 de los 10 países más violentos del mundo están América Latina y el Caribe. A la cifra se suma la alta tasa de homicidios, principalmente ocurridos en países como Brasil, Venezuela, México, y Colombia.

Además, se mencionaron otras falencias del continente como la discriminación cultural y de género; la violencia cometida por estado y las empresas privadas; la excesiva fuerza policial; la migración no regulada de niños, niñas y adolescentes hasta Estados Unidos;  y los conflictos socio ambientales sin resolver y que atentan contra el medioambiente y los pueblos originarios.

Roberto Morales explicó que “este modelo de desarrollo genera conflictos, porque normalmente la explotación de ciertos recursos nacionales implique atentar contra la calidad de vida de muchas personas y grupos”, principalmente las comunidades indígenas.

Para Morales esos temas son muy complejos y no son aislados unos de los otros: esas mismas comunidades indígenas son las más afectadas por los temas de discriminación cultural; y también por la falta del derecho de expresión y de protesta, los que están  relacionados con el tema de la violencia policial.

A juicio de Amnistía Internacional, la impunidad es un problema central en la región, situación que agudiza los cuadros de violencia policial, estatal o privada, porque “muchas personas que cometen violaciones de derechos humanos, tiene prácticamente casi la seguridad que no les va a pasar nada”.