Hace pocos días Gilda Grandón, directora regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), reconoció que a seis años del terremoto 8.8 que afectó a la zona centro-sur del país, aún no estaban instaladas las alarmas en el borde costero de la región Biobío por problemas en las licitaciones.

Tampoco se reflexionó sobre la instalación de muchas comunidades que después de perderlo todo, volvieron a ser instaladas en los mismos lugares y bajo las mismas condiciones.

Las autoridades brindaron vivienda a los afectados, pero hay muchos que renunciaron a ellas y volvieron a la costa, como fue en el caso de los pobladores de Constitución, ya que se trataba de familias de pescadores, que por años hicieron su vida cerca del mar.

José Luis Gajardo, ex presidente del Movimiento “Talca con Todos y Todas”, afirmó que se ha visto una preocupación en perfeccionar los estándares de construcción, pero criticó la falta de seguimiento, control y fiscalización que gatillaron los derrumbes tras los sismos.

“El Estado chileno ha hecho un gran esfuerzo en términos de normas: normas técnicas, acústicas, normas estructurales; pero al momento de fiscalizar, la presencia es nula. La situación es compleja, porque cuando la vivienda ya está hecha no hay mucho que hacer”.

Una de las denuncias de Gajardo es que, en la práctica, “la gente se saltó muchos pasos del proceso de la construcción y eso no fue fiscalizado”.

Según los especialistas, en la emergencia se pusieron a prueba una serie de programas aislados, no probados, en los que se desconocía la situación de pobreza, el arraigo y las características particulares de las poblaciones a las que se otorgaba subsidios u otros beneficios.

Claudio Pulgar del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile condenó el que “los gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet tuvieran una preocupación casi obsesivas de construir casas, mostrar cifras, pero muy poca atención por la calidad de esas viviendas y como se insertaban en una trama urbana mucho más amplia”.

En esa línea, acusó que uno de los grandes ganadores de la tragedia fue el mercado inmobiliario: “Es la misma lógica del mercado que es el encargado de construir, a mayor o menor escala, pero es el mercado el que se hace cargo”. En ese sentido, criticó la “lógica de bauchers y de ferias inmobiliarias, donde se entiende a la gente como beneficiarios y no como sujetos de derecho”.

El experto sostiene que éste es un claro ejemplo del modelo económico imponiéndose sobre las necesidades del mercado: “Siempre dijimos que la reconstrucción era una oportunidad y finalmente fue una oportunidad, pero para el negocio, para un nicho de capital, como ha sido la política de vivienda en los últimos 30 años”.

En esa línea, Xenia Fuster, integrante del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile apuntó a la falta de atención de la política pública sobre el impacto en la calidad de vida de los afectados y la ausencia de un seguimiento efectivo del proceso de reconstrucción, que fuera más allá de un reporte técnico y numérico.

Para la especialista, tanto en el caso de las alarmas, como en el de las viviendas en el borde costero, se puede observar la poca capacidad de integrar los aprendizajes en relación a la emergencia. En ese sentido, afirmó que este tipo de evaluaciones pueden extenderse a otras crisis, indicando que lo que flaquea es la mirada preventiva.

“En tanto el riesgo no sea una prioridad nacional vamos a seguir siempre cometiendo los mismos errores. Yo diría que una de las cosas que tiene Chile es riesgo constante; lo vimos en el norte, en el sur, no es ni siquiera por los terremotos, los maremotos, sino también son las inundaciones, los incendios, los volcanes”.

Para la académica constantemente estamos llenos de amenazas y no nos hacemos cargo de ellas, porque no son prioridad. “Estamos más preocupados de actuar en la emergencia que de hacer un ejercicio prevencionista, de ver dónde vamos a instalar las localidades, qué pasa si hay una catástrofe, a dónde nos movemos, en suma, como planificamos antes de que pasen las cosas”.

Por todas estas razones insistieron en calificar el 27 de febrero del 2010 como la oportunidad perdida de generar un cambio estructural, diseñando una planificación urbana inteligente, pensada para favorecer a las poblaciones afectadas.