Con declaraciones de un parlamentario de derecha y pericias al computador de la ex Seremi de Minería de Coquimbo, Jocelyn Lizana, la Policía de Investigaciones continúa recabando antecedentes sobre la vinculación del polémico proyecto minero “Dominga” con el caso Penta.

En febrero el diputado Juan Antonio Coloma aseguró que el subsecretario de Minería Pablo Wagner “nunca le pidió hacer una gestión especial a favor de Dominga” y que “se enteró por una videoconferencia que el proyecto estaba financiado por Carlos Alberto Délano”.

En tanto, la ex seremi de Minería de Coquimbo Jocelyn Lizana testificó que Wagner permanentemente le preguntaba cómo iban los trabajos, entre ellos, el proyecto Dominga.

De  este modo avanza la arista judicial, ritmo que no es igual en la entrega de los resultados del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

En este sentido, el diputado comunista Daniel Núñez, representante de la Región de Coquimbo, consideró fundamental que se acelere la investigación judicial y se limiten las responsabilidades, para que el proyecto se rehaga en todo su proceso de autorizaciones y evaluaciones ambientales, ya que a su juicio, el proyecto tiene vicios de origen.

Núñez opinó que “cualquier autorización que se entregue en estos minutos sería altamente cuestionable tanto por el proceso judicial que hay en marcha, como por las consecuencias medioambientales negativas que tiene para la comuna de la Higuera y la Región de Coquimbo”.

El parlamentario añadió que todos los antecedentes que se sumen a la confirmación de sus sospechas en irregularidades ambientales, serán sumados para que el proyecto parta de cero.

En tanto, la Presidenta del Consejo Consultivo de la Reserva Punta de Choros, Rosa Rojas, planteó que están a la espera de que el Consejo Regional se pronuncie este mes, ya que actualmente se cuenta con las respuestas a las observaciones por parte de todos los organismos técnicos. “No puede ser que empresarios que están coludidos, que además tienen problemas legales, vengan y destruyan lo que es patrimonio de los chilenos”,dijo.

La dirigenta perteneciente también al Movimiento de Defensa del ambiente de la Higuera, indicó que han cambiado de táctica y no pretenden hacer movilizaciones, sino que reforzar el apoyo de organizaciones internacionales a la causa.

Por su parte, el abogado de la ONG FIMA, Rodrigo Pérez, no descartó que recurran al Tribunal Ambiental: “Más allá de los antecedentes que podrían poner en tela de duda la transparencia, uno apela a que las autoridades correspondientes, el Servicio de Evaluación Ambiental o el Comité de Ministros, cumplan con su labor conforme al mandato que les entrega la legislación. Puede solicitar también la apertura de alguna participación ciudadana u otro tipo de acciones administrativas para poder incorporarnos al proyecto. Por el momento solo lo estamos vigilando sin perjuicio de en algún momento poder presentar alguna acción”, declaró.

Con todo, conforme a los dictámenes judiciales, solicitarán a las autoridades por la vía administrativa o judicial que se invalide el proceso de entrega de los permisos que vienen tanto del Servicio Nacional de Geología y Minería, como de organismos ambientales.