El tribunal de alzada capitalino resolvió de manera unánime, elevar las condenas de Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, oficiales en retiro de la FACh, involucrados en la aplicación de torturas en contra del general Alberto Bachelet, entre septiembre de 1973 y marzo de 1974.
Ceballos Jones cumplía una condena de dos años de presidio efectivo por este delito, mientras que sobre Cáceres Jorquera pesaba una sanción de tres años y un día, ambas dictadas por el ministro Mario Carroza. Ahora ambos oficiales deberán purgar cuatro años de presidio efectivo, de acuerdo a la resolución de las ministras Dobra Lusic, Dora Mondaca y Jenny Book.
“Que los elementos de juicio relacionados y ponderados en el fallo en alzada poseen la fuerza de convicción suficiente para concluir tanto la existencia del delito investigado en la causa, como la responsabilidad criminal que en ellos cupo a los procesados tal como se concluye en la sentencia de primer grado, ambos en calidad de autores”, señala el fallo.
La resolución hace hincapié que al tratarse de “delitos de lesa humanidad” no es posible la aplicación “del perdón de la amnistía” ni la prescripción de los mismos: “Se trata de ilícitos que tienen el carácter de delitos de lesa humanidad, por haber sido cometidos por agentes del gobierno militar de facto instaurado en el país en septiembre de 1973, llevados a cabo valiéndose de la fuerza, al margen de toda juridicidad, respecto de personas en situación de indefensión, que se hallaban a merced de la crueldad y abuso de la fuerza y el poder de los autores, víctimas a quienes violentaron sus derechos fundamentales.”.
Con anterioridad, el ministro Carroza acreditó las torturas a las que fue sometido el general Bachelet primero en la Academia de Guerra Aérea, y luego en la Cárcel Pública, las que profundizaron las afecciones cardíacas que sufría el oficial de la FACh, situación que, finalmente, le provocaron la muerte el 12 de marzo de 1974.
“En horas de la mañana, la víctima se siente mal y decae, siendo atendido por el doctor Yañez, compañero de reclusión, quien comprueba que el general Alberto Bachelet sufre dilatación cardiaca aguda, la que finalmente sería causa de su muerte en dependencias de la Cárcel Pública, donde no se le pudo brindar oportunamente los cuidados que la urgencia requería, dada la complejidad del cuadro cardiaco y los escasos medios para asistirlos”, según lo establecido por el ministro Carroza.