El relator de la comisión especial sobre impeachment de la Cámara de Diputados de Brasil, Jovair Arantes (PTB), presentó este miércoles su informe final, en el que recomienda seguir adelante con el proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff. A su juicio, la denuncia en su contra presentada por los juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina Paschoal reúne “todas las condiciones jurídicas y políticas” para ser considerada admisible.

Dilma Rousseff es acusada de estar detrás de las maniobras fiscales para maquillar los balances y el presupuesto público de los años 2014 y 2015, pero hasta el momento no existen pruebas concretas en su contra.

Cabe señalar también que el nombre de la Presidenta no aparece mencionado en ninguna de las delaciones de los casos de corrupción investigados por la Policía Federal, a diferencia del vicepresidente Michel Temer y el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

El lunes recién pasado, José Eduardo Cardozo, abogado general de la Unión, realizó la defensa de la Presidenta ante la Comisión, afirmando que el proceso emprendido en su contra es inconstitucional y debe ser declarado nulo.

En sus palabras, presionar a un Presidente a dejar su cargo sin ninguna base constitucional es un intento de golpe de Estado. “De no haber un atentado contra la Constitución Federal, de no haber un acto imputable a la Presidenta, si no hay una acción dolosa y si esta no está tipificada, el intento de impeachment sí es un golpe de Estado. Un golpe es la ruptura de la constitucionalidad, es la negación de un Estado de Derecho y no importa si es hecho por armas, con cañones o bayonetas, o con una simple ruptura de la Constitución. Sin base fáctica, un impeachment sí es un golpe”, insistió el abogado, desatando los aplausos de los diputados que defienden la continuidad del gobierno de Dilma.

Los 65 diputados miembros de la Comisión de impeachment continuarán discutiendo este viernes y todo el fin de semana, para finalmente votar el lunes 11 de abril a las 5 de la tarde. De aprobarse la propuesta de impeachment en esta instancia, deberá ser votada en un plazo de 48 horas por el pleno de la Cámara, donde se necesitan al menos 342 votos de entre los 513 diputados para que la apertura del proceso sea autorizada. De ser así, pasaría a manos del Senado, instancia jurídica final encargada de determinar si la Presidenta cometió o no los delitos que se le impugnan y debe por tanto ser destituida de su cargo.