El senador independiente Alejandro Guillier señaló que si bien el tema de las sanciones por las filtraciones se logró disminuir para que el periodista que difunda información sobre procesos judiciales en curso no pueda ser sancionado, aún sigue bloqueado el acceso a las fuentes lo que implica una transgresión a la libertad de expresión.

El parlamentario criticó que en la Cámara de Diputados se aprobara legislar sobre una posible condena a cárcel a los directores de medios de comunicación que difundan información filtrada ahora en el marco de la Ley Antiterrorista, lo que a su juicio restringe el rol investigativo y fiscalizador de los medios de comunicación.

“La idea es avanzar hacia la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque lo que está en juego es la libertad de expresión de cualquier ciudadano, el derecho a movilizarse libremente por las calles, pero también el acceso a un periodismo de investigación fiscalizador, más todavía en un momento como el que está viviendo el país”.

En la misma línea, el senador independiente Carlos Bianchi advirtió que no está dispuesto a avalar ninguna ley que restrinja el conocimiento de la sociedad ante el actuar de la clase política: “No nos vamos a prestar bajo ningún punto de vista para acallar lo que está ocurriendo con el mundo de la política, y con lo que está pasando en el Parlamento”, dijo.

Nueva detención por sospecha

En otra materia, los parlamentarios también se refirieron al controvertido control preventivo de identidad que ya fue aprobado en el marco de la Agenda Corta Antidelincuencia.

En ese sentido, el senador Antonio Horvath destacó que la legislación actual ya contempla atribuciones para que los policías puedan controlar y exigir un instrumento de identificación a los transeúntes. Si se impusiera la norma en el Senado esto sería restrictivo para las libertades públicas por lo tanto, a juicio del legislador, la propuesta está condenada a ser eliminada en el Tribunal Constitucional.

“No puede ser que una persona sin comunicación a la Fiscalía, a sus parientes, a nadie, sea detenido por cuatro horas y si es menor por una hora. Eso en realidad no funciona, y además que los propios policías no lo harán porque ellos pueden ser acusados en cualquier minuto por arbitrariedad, por lo tanto no se van a atrever a hacerlo”.

El senador señaló que espera que el proyecto sea corregido en el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic criticó la iniciativa y anunció acciones: “Si es que se llegara a probar esta semana el artículo de esta nueva detención por sospecha hay que recurrir al Tribunal Constitucional. Y haremos el llamado a todos los parlamentarios que estén disponibles para recurrir al Tribunal Constitucional de un artículo que viola las libertades individuales y que no es más que un acto de pirotecnia para decir que se está haciendo cargo de la delincuencia, pero que en la práctica no va a disminuir en nada los índices de delincuencia”

Los parlamentarios anunciaron finalmente que en caso de persistir las normas que violan libertades fundamentales de los ciudadanos, interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En tanto, el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, emitió una declaración pública repudiando el control preventivo de identidad, relatando las situaciones por las que deben atravesar los pobladores con los actuales métodos que utilizan las fuerzas policiales, y aseguran que se “acaba de aprobar es una medida que tiene rostro y clase. Queremos decirlo con claridad: para los pobladores y pobladoras de La Legua, esta medida es una tragedia”.

“Los pobladores y pobladoras han aprendido lo que significa un control de identidad. Han aprendido que bajo la justificación de este control los policías los obligan a desnudarse y les tocan sus partes íntimas. Han aprendido que se les pide la cédula de identidad, y que, aunque la tengan en su poder, son obligados a subir al furgón, dentro del cual son insultados y golpeados por los funcionarios de turno. Han aprendido, también, que si andan sin la cédula de identidad, pueden ser detenidos hasta por ocho horas, en Comisarías en que nuevamente se les golpea, insulta y humilla”, aseguran desde la organización de DD.HH.