El devenir político de Perú en tiempos recientes, viene a confirmar la tradición histórica de un país que ha desarrollado su acontecer anclado en una clase política conservadora, reaccionaria y retrógrada que tiende a las dobles caras y la traición como método desde que San Martín y Bolívar fueran adalides de su independencia, y daba sus primeros pasos como república independiente.

En particular, los últimos 25 años han configurado gestiones gubernamentales de mandatarios que han hecho campaña electoral con un discurso y gobernado con otro totalmente opuesto. Han sido los casos de Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y el de Ollanta Humala comenzado en 2011 y que cuenta sus últimos días. Pero, hay una línea conductora entre todos estos gobiernos, que caracterizan y fijan la dinámica política del país: la aplicación del modelo neoliberal que ha generado un gran crecimiento económico a partir de la entrega de la riqueza del país a las transnacionales, sin que esto signifique una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la población, profundizando las diferencias y el abismo entre ricos y pobres.

Alberto Fujimori, fue elegido presidente en 1990, pero gobernó de facto desde 1992 cuando cerró el Congreso Nacional, asumiendo plenos poderes que lo llevaron incluso a rehacer el Poder Judicial para edificar uno a su medida. Ya en el año en que inició su mandato, siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional aplicó una política de shock, que significó la restructuración de precios, lo cual le permitió controlar la inflación a cambio de una gran devaluación con la consabida pérdida del poder adquisitivo de los sectores más humildes. Fue el comienzo de la aplicación de medidas neoliberales, que le dieron todo el poder al mercado, apartando al Estado de su rol de contralor de la gestión económica. En esa medida, el plan fujimorista de estabilización de la economía generó grandes réditos al gran sector empresarial, a costa del despido masivo de trabajadores y empleados públicos y la liquidación de la protección a la industria nacional en favor de los consorcios extranjeros.

Todo esto, en un marco de represión generalizada y violación de los derechos humanos que incluyó las masacres de los Barrios Altos, Santa y La Cantuta, entre otras y en las que fuerzas militares ilegales al servicio del gobierno y actuando con total impunidad protagonizaron asesinatos masivos. Así mismo, Fujimori fue acusado de esterilizaciones ilegales masivas. En noviembre de 2000, tras la divulgación de grandes escándalos de corrupción para ganar su tercera elección, sospechas de tráfico de armas, y soborno a parlamentarios, Fujimori, renunció al cargo de presidente de la República desde Japón. Viajó a Chile donde fue detenido y extraditado a su país, enjuiciado en 2009 y condenado a 25 años por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta. Posteriormente, también fue condenado a siete años y medio más de prisión por corrupción.

Su sucesor, Alejandro Toledo dio continuidad a la aplicación de políticas macroeconómicas de liberalización de la economía y apertura al capital extranjero. A pesar de haberse comprometido en su campaña electoral a no vender las empresas energéticas, privatizó dos grandes compañías de ese rubro provocando grandes huelgas y manifestaciones en contra que provocaron el fin de su primer gabinete y la caída de la popularidad hasta 7%. Su dudosa moralidad y respetabilidad en hechos de conocimiento público han generado un gran rechazo hacia su figura.El intento de regresar a la presidencia en 2011 y en 2016 ha finalizado con un abrumador rechazo de los peruanos.

El segundo gobierno de Alan García iniciado en 2006, dio continuidad a las políticas iniciadas por Fujimori, dando especial realce al favorecimiento de la inversión extranjera, los intentos de inserción de Perú en los grandes mercados mundiales y la firma de tratados de libre comercio. En octubre de 2008, estalló un escándalo de corrupción que involucraba a altos funcionarios de su gobierno, siguiendo también una práctica ya común en tiempos recientes.

García vivió grandes protestas sociales en contra de la implementación de gigantescos proyectos mineros que daban imponentes beneficios a las empresas transnacionales sin que ello significara cambios sustanciales en las condiciones de vida de las comunidades, generándose además prácticas abusivas de depredación del medio ambiente sin que el gobierno estableciera controles en ese sentido. García abandonó el gobierno en un marco de desprestigio absoluto que lo llevó a obtener una ínfima votación en las elecciones de este domingo cuando pretendía volver al Palacio de Pizarro.

Hechos similares, han ocurrido con el feneciente gobierno de Ollanta Humala, surgido en medio de grandes expectativas de cambio dado el renovador discurso utilizado en su campaña, razón por lo cual la decepción de los electores ha sido potencialmente superior. Nada cambió, la aplicación de medidas neoliberales, la represión de la protesta popular y las acusaciones de corrupción que incluso involucran a su propia esposa, invalidándola en sus deseos de acceder a la primera magistratura, dan continuidad a una tendencia que como se dijo al inicio tiene su origen en el año 1990. En todo este período, el gobierno de Humala tal vez sea el que pasará a la historia con la menor trascendencia, dada su gestión mediocre y su impronta de traición a los intereses populares que prometió defender.

Este contexto histórico antecedió las elecciones de ayer, domingo 10 de abril, los resultados auguran que el próximo presidente peruano, dará continuidad a las políticas neoliberales, profundizando la relación de dependencia del país a los grandes centros de poder mundial, sin que se vayan a tomar medidas reales encaminadas a superar los altos niveles de pobreza sobre todo en las regiones agrícolas y de producción minera.

Sin embargo, un novedoso y alentador hecho ha marcado la política peruana en la elección reciente. La emergencia del Frente Amplio, agrupación de fuerzas con una clara vocación de izquierda, encabezado por Veronika Mendoza y su irrupción como tercera fuerza política del país, logrando la sumatoria de organizaciones de izquierda y movimientos regionales es expresión de la construcción de la base más potente de la izquierda peruana en los últimos 20 años. El liderazgo de esta muy joven psicóloga y congresista ha logrado generar dirección al movimiento y un reconocimiento a su capacidad de conducción, lo cual, siembra una raíz muy sólida en la política peruana de cara al futuro.

Verónika Mendoza logró establecer una fuerte comunicación con los sectores del sur andino, el más afectado y golpeado por las prácticas neoliberales. Sin haber podido evaluar a esta hora, la votación por regiones, es indudable que a diferencia de otras organizaciones emergentes que no son más que plataformas electorales sin base y en contradicción con los viejos partidos social demócratas y social cristianos tradicionales que fueron barridos por los electores, la votación del Frente Amplio, a pesar de ser una estructura muy recientemente creada, va a tener una sólida representación parlamentaria sustentada en el Partido Socialista, antiguo partido Unificado Mariateguista que tuvo en Javier Diez Canseco su más preclaro y un consecuente líder capaz de visualizar este momento. Así mismo, Tierra y Libertad, con una fuerte base campesina y en comunidades que han luchado contra las empresas mineras depredadoras y el movimiento Sembrar configuran una potente alianza de fuerzas de izquierda que presentaron al país un programa claro que proponía la elaboración de una nueva Constitución, para cambiar las reglas del juego en materia de inversiones y de política fiscal a fin de recabar los recursos que Perú necesita para su desarrollo.

Todo esto permite pensar que una importante organización ha surgido a fin de seguir fusionando a la izquierda, junto al movimiento social y, con el liderazgo de Verónika Mendoza, ofrecer excelentes perspectivas para el futuro político de Perú, que parecía sumido en una situación de retroceso infinito.