En medio de polémicas y secretos sesionó este viernes la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, reunida de manera especial luego de conocer el alarmante número de reos liberados durante los últimos días en el país.

Con una fuerte exposición de la Unión Demócrata Independiente comenzó la discusión: “Yo no vine a una clase de derecho penal. No vine a perder el tiempo”, afirmó el diputado Gonzalo Fuenzalida al escuchar la exposición de Gendarmería, que leyó los informes que envió el miércoles explicando la masiva liberación de reos, entre los que se encontraban 101 reos de Valparaíso condenados por abusos sexuales.

En ese sentido, el parlamentario cuestionó el rol de la Cámara de Diputados, cuando no puede acceder a información real por parte de los entes convocados: “Para la otra sesión podríamos citar a los grandes medios de comunicación”, sostuvo. Ante esto, recibió un reproche del presidente de la instancia, el diputado Daniel Farcas.

Sin embargo, el parlamentario recibió el apoyo de los expositores de su sector: “Es absoluta y totalmente cierto y comparto el malestar, la rabia y la desesperación porque es lo que transmite hoy día la inmensa mayoría de los chilenos, que aumenta su sensación de inseguridad. Es inexplicable que 201 reos condenados por abusos sexuales hoy día estén libres. Con esta decisión, el Estado permite que estén sueltos reos de alta peligrosidad, especialmente para un grupo tremendamente vulnerado, como son los niños y niñas de nuestro país”, afirmó.

Sin embargo, desde la Nueva Mayoría intentaron calmar los ánimos, en una discusión compleja donde no se ven mayores avances, con una realidad carcelaria que se ha vuelto un tema recurrente entre los pendientes de los distintos gobiernos.

En ese sentido, el diputado DC Jaime Pilowsky apuntó a la necesidad de avanzar en prevención: “Es importante que empecemos a discutir no sólo la agenda corta, sino también la agenda larga. Ésta significa analizar el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva un poco más amplia que solamente penas, sanciones y persecución penal, sino también hablar de lo que es prevención en su amplio sentido: prevención situacional, social y una tercera pata de la mesa, que es todo lo que tiene que ver con rehabilitación”, afirmó.

Si bien se pensó que no llegaría, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, asistió a la sesión, pero los parlamentarios concedieron en que fuera una sesión secreta. También lo hicieron un representante del Ministerio Público y la propia ministra de Justicia, Javiera Blanco, quienes explicaron los criterios para otorgar beneficios: que las personas estén rehabilitadas y con altas posibilidades de reinsertarse a la sociedad, a lo que se suman beneficios de corte humanitario, todos ellos designados por una comisión especial encargada de la entrega de los beneficios carcelarios.

Pero la ministra también deslizó una crítica a la forma en que la sociedad en su conjunto mira el tema y exige fórmulas a las autoridades: “Somos un país de contradicciones vitales, porque en el discurso general, la gente quiere ver a todo el mundo detrás de las rejas y si alguien cometió un delito, tiene que ser sancionado, pero también todo el mundo sabe que la mayoría de las personas no están en presidio perpetuo y que en algún minuto van a salir. Responsabilidad nuestra es darle las herramientas de rehabilitación. Sí, allí hay espacio para mejoras, sin duda, porque siempre ha sido un tema en el que se va un poco más atrás que en los temas de control y eso ha sido históricamente así”, afirmó.

Sin embargo, especialistas lamentaron el foco de la discusión, afirmando que se nombran elementos relevantes como prevención o re inserción, pero no se profundiza al respecto. Así lo indicó Olga Espinoza, académica del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile: “Lo más lamentable es que todo el debate, sobre todo político, ha estado dirigido hacia quienes son los culpables, pero no a relevar la necesidad de contar con una política integral que modifique las condiciones críticas en las que nos encontramos en el sistema penitenciario, donde existe un hacinamiento más que corroborado, programas insuficientes y no probadamente efectivos de reinserción, dificultades diversas en la gestión interna al interior de la cárceles en detrimento de las funciones que realizan los funcionarios de gendarmería, etc.”, sostuvo.

La especialista afirmó que existen diversos insumos desde las universidades y centros de estudio que apuntan a la necesidad de crear herramientas de orden institucional. Además, se han realizado comisiones con especialistas que han elaborado propuestas, pero éstas no se han considerado.

Entre ellas estaba modificar la ley de libertad condicional, pero no sólo eso, sino también generar un Nuevo Servicio de Reinserción Social Especializado, la modernización de los sistemas penitenciarios, el diseño de mecanismos de prevención efectivos y, en suma, la elaboración de pautas efectivas en una política pública de largo plazo.

Para la académica, lo preocupante es que “sin faltar información y estudios serios, actualmente se apunte a hacer pequeños cambios legales a la normativa”.