Según el reportaje publicado por Ciper, los dineros fueron emitidos desde cinco empresas que forman parte del grupo: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur. Entre los receptores de este monto figuran la pre-campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, estudios de abogados cercanos a los senadores Alberto Espina y Felipe Harboe, cercanos a la asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz”Titi” Valdivieso, algunos militantes demócrata cristianos, una sociedad de Renovación Nacional y una red del PRI, entre otros.
Entre los nombrados figura también el diputado de la DC Gabriel Silber quien negó totalmente la vinculación con la empresa Simel: “En lo que a mí respecta se genera una serie de información falsa. Yo voy a preparar una carta de respuesta al medio porque no conozco a esta empresa, a ninguno de sus integrantes, nunca he tenido una reunión con ellos y mal en consecuencia se me puede vincular a tener algún grado de interés o vínculos con Simel”, afirmó.
Desde el Centro Democracia y Comunidad, vinculado a la DC, también rechazaron el vínculo con la firma, aunque sí reconocieron mantener contratos de asesoría con los parlamentarios de la bancada, pero sostuvieron que éstos son auditados por la Cámara y el Senado.
Sin embargo, pese a estas explicaciones por parte de los afectados, no se ha podido comprobar la inexistencia de vínculos. Esto porque, pese a que el Grupo Angelini aparece en el segundo lugar de las empresas que han financiado de manera ilegal la política después de SQM, el Servicio de Impuestos Internos aún no presenta una acción judicial para formalizar a sus ejecutivos, ni proporcionado a la Fiscalía el detalle de las boletas por mil 500 millones de pesos que rectificó Copec y Arauco.
Para el académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, esto es preocupante, ya que queda establecido que la estructura ilegal del financiamiento a la política es transversal y advirtió que se debe abandonar la esperanza de que se trate de casos aislados y asumir que es un problema sistémico.
“De alguna u otra forma todos teníamos una esperanza de que algunos bastiones o sectores no hubieran recurrido a financiamiento vía empresas y al margen de la ley, porque no necesitaban tanto recursos porque tenían recursos propios, sea de sus senadores o de las familias de éstos. Pero lo que demuestra esto es que el problema es bastante más amplio y generalizado de lo que podíamos creer”.
Para el especialista este comportamiento irregular está ramificado a casi todos los espacios de la actividad política, por lo que afirmó, “se requiere un financiamiento público a la política”. Iniciativa que, advirtió, puede no ser muy popular, cuando hoy la ciudadanía aboga en el sentido opuesto: privar de recursos a la clase política.
Sin embargo, afirmó, se debe limitar los espacios para que empresarios como Angelini, Lucksic y otros “poderosos”, puedan aportar en los partidos políticos, centros de estudios y fundaciones, intentando influir en el curso, no sólo del debate público, sino que de la toma de decisiones a nivel nacional.
