En medio de la crisis que se registra en el Servicio Nacional de Menores (Sename), este miércoles sesionó la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

El senador del MAS Alejandro Navarro, quien preside la Comisión, indicó que esperan entregar en un plazo de noventa días las bases mínimas para que el Gobierno entregue propuestas concretas sobre la restructuración del servicio.

“Sename está en estado de shock, en una crisis terminal y está claro que es un servicio público que se agotó. Hay más de ochenta mil niños en indefensión al interior de los hogares del Sename y hay una lista de espera de más siete mil niños que no tienen donde acogerse para salir del maltrato que están recibiendo en sus hogares, por lo tanto las modificaciones y acciones son de extrema urgencia”, señaló.

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó este martes la creación de una comisión que investigará la situación en la que viven niños y niñas en las instalaciones del Servicio. Esto luego de la muerte al interior de uno de los centros del Sename de Lissette Villa Poblete que recordemos provocó la renuncia de la directora del organismo, Marcela Labraña, y llamó la atención nuevamente sobre la crisis histórica de esta institución.

La instancia fue solicitada por el diputado de la DC René Saffirio quien explicó que con esto se busca conocer los avances y obstáculos de la institucionalidad, desde la aprobación del informe de la primera comisión investigadora en 2014.

“Con esos antecedentes queremos continuar nuestro trabajo para ver qué ha ocurrido desde el 2014 a la fecha, pero ampliando la investigación a todos los organismos del Estado que están vinculados con el tema de la infancia. No es una comisión Sename II es una comisión que busca establecer la responsabilidad del Estado de Chile en el cumplimiento de las normas legales que buscan proteger a la instancia, tanto internas como convenios internacionales suscritos por Chile”, señaló.

René Sáez, presidente de la Asociación Regional Metropolitana del Sename, criticó que ambas instancias parlamentarias no consideren a los trabajadores en el análisis y la construcción de propuestas, para mejorar la institución.

Además señaló que se debe acabar con “el cuoteo político al interior del Servicio” y recordó que incluso la asociación de funcionarios que tiene mayoría, pertenece a la Democracia Cristiana.

“Marcela Labraña, la ex directora es militante de la DC, el director nacional Hugo Herrera y sus asesores también pertenecen a ese partido y así el cuoteo político ha sido enorme en esta administración. Nosotros apuntamos a que el cuoteo político se tiene que terminar en este servicio para que las voluntades y los trabajadores que lleguen a Sename sean los más adecuados. Desde ahí se tiene que profesionalizar este servicio y terminar con los favores hacia los militantes de esos partidos”, aseguró.

El dirigente recordó que Sename mantiene con sus trabajadores prácticas antisindicales y discriminatorias en los centros. Esto se manifiesta, por ejemplo, en que “todavía hay más de cien trabajadores que deberían haber recibido beneficios por la negociación del año pasado” cuando el Ministerio de Justicia financió una política de incremento de salarios, sin embargo “fueron excluidos por las autoridades del Servicio que privilegió a grupos partidarios del gobierno en desmedro de otros sectores”, acusó.

Además esta semana se conocerán los resultados del análisis toxicológico que esclarecerán si hubo influencia de la aplicación de medicamentos de emergencia en la descompensación de Lissette.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, Bernardo Neira, señaló que más allá de los resultados de la investigación la nueva dirección debe evaluar en profundidad la situación actual y la intervención del servicio, en cuanto a la orientación de los recursos. A su juicio estos deben ser destinados directamente a los jóvenes y niños, a través de más médicos, psicólogos, y equipos terapéuticos para la determinación temprana de estas situaciones.

En ese sentido, llamó a los parlamentarios a revisar el uso de los recursos de la institución que anualmente superan los 130 mil millones de pesos. El dirigente acusó “pago de favores políticos” y la desviación de recursos hacia “asesorías a la dirección nacional sin experticia en el área de la infancia”.

“Necesitamos que las personas que estén comandando los diseños, la implementación de programas actuales y futuros tengan la suficiente experiencia no solo política sino que también y principalmente técnica. No podemos estar otra vez esperando cambios para que nada cambie. Aquí hay pago de favores políticas en las asesorías con sueldos que van de los 3,8 a 4 millones de pesos mensuales, cuando abajo no tenemos siquiatras, psicólogos ni gente capacitada para proteger y rehabilitar los derechos de la infancia en Chile.

Finalmente, Neira recordó que “mientras no se apruebe la nueva ley de infancia que todavía no se discute en el congreso, difícilmente habrá en el corto plazo si quiera el diseño de nuevas leyes para establecer, entre otros temas, el financiamiento las dos nuevas estructuras del Sename”.