Este miércoles ambas cámaras del Parlamento dieron su aprobación a la Agenda Corta Antidelincuencia, uno de los proyectos considerados prioritarios por el Gobierno para que viera la luz antes de la cuenta pública del 21 de mayo de la Presidenta Michelle Bachelet, no obstante desde la propia Nueva Mayoría, un grupo de diputados anunció que llevará la iniciativa al Tribunal Constitucional, especialmente en lo referido al polémico control preventivo de identidad.

El diputado socialista Juan Luis Castro afirmó que varios miembros de la coalición oficialista y fuera de ella, piensan que el control preventivo de identidad escapa de la libre circulación de una persona en el país y permite el abuso de la discrecionalidad arbitraria por parte de las policías.

“Hemos resuelto promover en los próximos cinco días las treinta firmas por las cuales recurriremos al Tribunal Constitucional a objeto de que allí se dirima la verdadera validación constitucional de esta norma que a nuestro juicio, vulnera los derechos individuales de las personas”.

Por su parte, parlamentarios de Renovación Nacional destacaron la iniciativa como “una herramienta importante”, en esa línea el diputado Gonzalo Fuenzalida enfatizó que se les devuelve a carabineros el principio de autoridad.

“Creemos que esta es una norma que no es discriminatoria, que no atenta contra la libertad y que va a dar mayor seguridad a los chilenos. Lamentablemente el Gobierno tiene un problema, me impresiona como hoy parlamentarios del Partido Socialista, Partido Comunista, el Partido Por la Democracia, no votan lo que el Gobierno trae a la Sala para votar”.

Abogado Mañalich advierte pérdida de control de la actividad policial

Con la Agenda Corta Antidelincuencia lista para su promulgación, el abogado y académico de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, afirmó que con esta decisión del Parlamento se aprobó la absoluta disolución de cualquier criterio de control de la actividad policial.

El abogado expuso que las estadísticas revelan que no existe mayor dificultad para las policías, bajo la ley vigente, para que efectúen controles de identidad. De hecho, el año pasado en Chile se realizaron sobre las 2 millones de inspecciones de este tipo.

En ese sentido, señaló que los policías actúan más allá del marco fijado por la regulación: “Sugiriéndose que habría un ejercicio abusivo de las facultades hoy reconocidas a carabineros, lo sensato sería no modificar la ley para que entonces esta práctica que hoy parece problemática, deje de serlo. Más bien examinar cómo están efectivamente probando los policías y cuáles debiesen ser los controles a los que sus actuaciones tendrían que estar sometidas”.

En cuanto a la apelación de parlamentarios socialistas en el Tribunal Constitucional, Mañalich planteó que aunque haya viabilidad jurídica, es conveniente que además las fuerzas políticas que se declaran comprometidas con el resguardo de los derechos fundamentales, no sustenten en este aspecto de la ley.

“La discusión del control preventivo de identidad es del tipo que paradigmáticamente pertenece a las órbitas de decisiones que los tribunales constitucionales rigurosos, que están conscientes de la necesidad de acotar el ejercicio de sus propias atribuciones, se entienden llamados a adoptar. Aquí se trata de la manera en que una cierta regulación puede o no comprometer masivamente derechos individuales de vital importancia”.

El abogado de la Universidad de Chile concluyó que la ley dará “carta blanca” a eventuales abusos y excesos de las policías en el control de identidad, y en el régimen de determinación de penas habrá una persecución con énfasis sobre un cierto segmento social.