En los últimos años de la dictadura chilena, decenas de las empresas públicas más significativas en el desarrollo nacional de la segunda mitad del siglo XX fueron traspasadas a grupos privados, en un proceso caracterizado por su ambigüedad.

Como detalla María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en su libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile”, entre 1985 y 1990 fueron privatizadas entre otras la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Industria Azucarera Nacional (Iansa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Línea Aérea Nacional (Lan Chile), Laboratorios Chile y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), que quedó en manos de Julio Ponce Lerou, ex yerno del propio dictador.

“Detrás de cada una de ellas y de las otras privatizaciones y normalizaciones de entonces existe una historia que se tejió a espaldas de la ciudadanía, que no estaba informada sobre lo que estaba ocurriendo”, denuncia la periodista sobre lo que califica como un proceso caracterizado por la falta de transparencia y señales equívocas.

“Las metas sobre cantidades de acciones por privatizar que anunciaban los ejecutivos de la Corfo eran constantemente ampliadas. El proceso se aceleró antes del plebiscito de 1988 y tomó un ritmo vertiginoso después del triunfo del No el 5 de octubre de ese año”, relata en el libro.

El año 2004, una comisión parlamentaria presidida por el entonces diputado socialista Carlos Montes investigó el tema de las privatizaciones entre los años 1973 y 1990, y concluyó que 725 empresas que estaban en manos del Estado fueron vendidas a grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura.

Sin embargo, según el economista Andrés Solimano, “no ha habido una investigación que haya conducido a nada: a quiénes se le entregaron las empresas, si hubo concursos públicos, si se conocen bien los precios de venta, por qué algunos fueron adjudicados a propiedades del Estado y a otros no, todos esos temas que son muy fundamentales en la discusión del derecho de propiedad hoy día están bajo la alfombra”.

Para el doctor en Economía del MIT, durante los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet “sabían que se iban a ir y empezaron a repartirse las empresas del Estado entre los amigos del régimen”. A su juicio, gran parte de la concentración de poder económico actual es consecuencia de esas privatizaciones.

“Esta es una realidad que hay que observar con detención, sobre todo ahora que está toda la discusión sobre el derecho de propiedad que se toma como un derecho sagrado. Yo creo que está bien el derecho de propiedad de las casas y de los bienes de cada uno, pero cuando se le saca la propiedad al Estado, se despoja al Estado de sus activos para privatizarlos y transformarlos en particulares y después eso se transforma en sacrosanto, esa es una cosa muy distinta”, señala.

“En Chile, el derecho a la propiedad es el único que cuenta y el resto es subordinado”, agrega el economista.

Andrés Solimano critica además que el derecho a la propiedad se ponga muchas veces por sobre otros derechos fundamentales, pese a que no existe claridad sobre cómo esas propiedades fueron adquiridas: “se dice ‘el derecho a la propiedad es sagrado’. Perfecto, pero cuénteme, ¿cómo obtuvo el derecho a propiedad su empresa? Entiendo que era una empresa del Estado, de todos los chilenos, que se privatizó y usted la compró. ¿Por qué la compró usted y no su vecino? ¿Qué precio pagó? ¿Por qué usted pudo adquirir esa propiedad y otro no? Esas son preguntas centrales”.