En el Cuarto Juzgado de Garantía se desarrolló la audiencia de formalización del ex senador desaforado de la UDI Jaime Orpis y el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica Ortúzar comparecieron ambos imputados por delitos tributarios cometidos durante la tramitación de la Ley de Pesca en el Congreso.

El fiscal a cargo del caso, Emiliano Arias presentó los antecedentes que implicarían el pago por más de 233 millones de pesos por parte de Mujica a Orpis, a cambio de determinadas acciones a favor de la empresa en el Parlamento, entre 2009 y 2013.Ante esto, el ex senador propuso que se simulara este pago a través de la prestación de servicios profesionales extendiendo boletas de honorarios falsas.

Además, a Orpis se le imputó haber hecho mal uso de sus asignaciones parlamentarias, por más de 150 millones de pesos, lo que configuraría el delito de fraude al fisco.

Sobre esto, el fiscal Arias detalló que correspondían a asesorías ficticias que fueron pagadas por montos sobrevalorados desde 2009.

“En diciembre de 2009 y enero de 2010 Orpis solicitó dinero a Corpesca, pagándose los dineros por parte de la empresa, para que luego Carolina Gazitúa entregara al parlamentario parte de los fondos recibidos”, indicó.

Además, el persecutor enfatizó que “las asesorías contratadas eran ficticias en cuanto a los montos pactados, es decir, se informaron de manera sobrevalorada”.

“El senador se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses, interviniendo y votando pese a tener un interés directo (…) el senador Orpis recibió una serie de instrucciones y documentos que fueron reproducidos por él en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de ley”, señaló enfático el fiscal.

La fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, antes a cargo de este caso, solicitó las medidas cautelares de prisión preventiva para Orpis y de arresto domiciliario total para Mujica.

En el caso de los colaboradores de Orpis, Carolina Gazitúa, Bárbara Molina y Javier Jara, emitieron boletas de honorarios por asesorías pactadas por alrededor de 200 mil pesos cada uno, pero finalmente emitieron boletas por sobre los 2 millones de pesos a distintas cuentas, que en definitiva iban a ser utilizadas por “gastos propios de Orpis”.

En tanto, Javier Jara remitió el pago a la cuenta de Marianella Ovalle, militante de la UDI de la región de Tarapacá y que también ocupó un cargo público en la Secretaria Regional del Ministerio de Medio Ambiente.

Juzgado resuelve este miércoles medidas cautelares para Orpis

En la audiencia de formalización, se determinó que la decisión sobre las medidas cautelares en contra del desaforado senador se oficialice este miércoles.

El abogado defensor del parlamentario gremialista pidió esta prórroga porque, según esgrimió, aún no se emite el cúmplase del desafuero de Orpis por parte de la Corte Suprema, postura que fue avalada por la jueza Ana Emilia Ethit.

Cabe recordar que la magistrada ya había tomado la decisión de posponer hasta el jueves 2 de junio la audiencia de formalización de la ex diputada de la UDI Marta Isasi, quien está siendo investigada en este caso, después que la defensa de la ex parlamentaria adujera una “crisis médica” de su representada.

“Por la noticia de esta audiencia y por su estado de salud frágil tuvo una crisis medica ayer, y para ello se la mantiene sedada desde ayer hasta mañana, con una terapia de sueño. Vamos a solicitar nuevo día y hora porque su estado de salud no es compatible con la formalización”.