El martes 24 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet recibió al Fiscal del Caso Caval, Sergio Moya, para declarar como testigo en el marco del proceso judicial que involucra a su nuera Natalia Compagnon.

Según relató a los medios de comunicación el ministro del Interior, Jorge Burgos, mientras la Presidenta se encontraba en Suecia, el Fiscal le habría enviado un documento donde le solicitaba su declaración voluntaria en el Caso, en calidad de testigo.

En virtud de lo establecido por las leyes chilenas, los altos funcionarios gozan de una excepción de obligación de comparecencia, es decir, no tienen la obligación de presentarse a declarar en este tipo de procedimientos. Negándose a declarar voluntariamente, la única forma de que puedan ser requeridos es mediante la aplicación del articulo 300 del Código Procesal Penal, que establece que pueden ser recurridos mediante un llamamiento de un tribunal de juicio oral en lo penal, que cuente con la aprobación de la unanimidad de los miembros de la sala y que por razones fundadas, estime necesaria su concurrencia ante el tribunal.

Ante el requerimiento del Fiscal, la Presidenta habría declarado estar “disponible para declarar como testigo de manera inmediata”, señaló Burgos.

La declaración habría sido tomada por Moya durante unos 45 minutos en la oficina de la mandataria en el palacio de La Moneda. El detalle del procedimiento forma parte de la carpeta investigativa del caso y se presume que se encuentra con reserva de publicidad.

Respecto a las causas que llevaron al Ejecutivo a hacer pública la declaración, el ministro Burgos señaló que era para evitar confusiones y negar cualquier sospecha de que la declaración se hubiese realizado a propósito de los dichos de Juan Díaz, uno de los imputados del Caso Caval, que vinculó a la mandataria a los hechos.

Colegio de Periodistas y el llamado de la ética

La publicación de supuestas transcripciones de conversaciones telefónicas del operador de Caval, Juan Díaz, reveladas por la versión online de la revista Qué Pasa, desató una fuerte polémica. La atribución de pagos a la mandataria de al menos mil millones de pesos, y la vinculación del ex candidato presidencial Pablo Longueira al Caso Spiniak, fueron los aspectos más delicados.

Sobre la publicación, el Colegio de Periodistas emitió un comunicado, donde realiza un llamado fuerte llamado ético.

“Así como exigimos en su momento rechazar la Ley Mordaza -que abría la posibilidad de generar una cultura del temor y lesionar el derecho humano del acceso a la información de interés público- insistimos y adherimos al principio de que el periodismo tiene un rol fundamental para el ejercicio de la democracia, por lo que debe asumir el más absoluto resguardo del derecho de la sociedad a tener acceso a una prensa rigurosa, veraz, plural, ética, responsable y oportuna”.

Además, el Colegio manifestó que “Ratificamos nuestro compromiso, como bien señala el Código de Ética, que los o las periodistas difundirán, con rigurosidad y responsabilidad, sólo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos, en forma directa o a través de distintas fuentes, así como la confiabilidad de las mismas, en defensa de los principios básicos sobre el ejercicio del periodismo en democracia”.