El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, podría ser procesado como encubridor de homicidios y secuestros en el marco del caso Caravana de la Muerte, esto luego que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior levantara la solicitud.

Aunque existía la posibilidad de que la nueva jefa jurídica del organismo dependiente del Ministerio del Interior, Catalina Lagos, dejara en manos del magistrado Mario Carroza la resolución del procesamiento, el 7 de junio el juez recibió la petición.

Al interior del Congreso la noticia fue bien recibida por legisladores de la Nueva Mayoría, quienes consideraron que “la justicia tarda, pero llega”. El diputado socialista Raúl Saldívar comunicó que está llevando adelante una moción parlamentaria para que se contemple como causal de despido de funcionarios públicos a todo aquel que tenga relación con violaciones a los derechos humanos.

“Se esperaría que cualquier persona en estos procesos esté fuera de cualquier ámbito público en el que tuviese algún grado de representatividad, eso naturalmente implica que se burlan los sistemas que le dan transparencia y sustento a la democracia. Por tanto, hay que perfeccionar de tal manera que aquellos que se vieron involucrados de alguna u otra forma en tema de violaciones a los derechos humanos queden fuera. Cheyre está en esa circunstancia”.

Recordemos que el ex oficial actualmente es consejero del Servicio Electoral, lo que para la senadora PPD Adriana Muñoz es una “incongruencia absoluta” y demostración de que no se ha tenido la entereza en el país para castigar a estas personas.

“Es una larga espera la que ha sucedido en relación al general Cheyre y es muy importante que hoy existan causales de procesamiento y de transparentar el papel que él jugó en estos acontecimientos particularmente en nuestra región de Coquimbo y desear que los jueces puedan llegar hasta el final en esta causa”.

El abogado de Cheyre, Jorge Bofill, expuso a la prensa que están en conocimiento de la petición del Programa de Derechos Humanos y que defenderá de todas las acusaciones a su cliente. “Él no ha tenido ninguna participación en las muertes ocurridas en La Serena y así lo vamos a demostrar”, sostuvo. Mientras, para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región de Coquimbo, Ana Merino, hay que volver a confiar en la justicia y el imputado debe asumir su responsabilidad.

Al igual que este caso, esta semana se detuvo a otro involucrado en violaciones a los derechos humanos, hablamos de Guido Díaz Paci, ex coronel de sanidad en retiro del Ejército a quien se le culpa por la desaparición de un joven militante del MIR en 1974. La dirigente de la agrupación de detenidos desaparecidos de Coquimbo espera que se dilucide dónde dejaron el cuerpo de Bernardo Cortés.

“Él tiene una tremenda responsabilidad en el caso de Bernardo Cortés Castro, un detenido desaparecido que fue asesinado dentro del regimiento. Realmente él hizo un certificado de defunción que lo dio al padre de Bernardo y el cuerpo nunca lo han entregado, siguen manteniendo el pacto de silencio”.

Por último, cabe señalar que Díaz Paci al igual que Cheyre permanecía en el sector público, era funcionario de planta en la Municipalidad de La Serena, lo que tanto a parlamentarios como agrupaciones de derechos humanos les resulta inexplicable.