Igual que en 1979, una veintena de familiares de detenidos desaparecidos se encadenaron a las rejas de la sede del ex Congreso Nacional, frente al Palacio de Tribunales, para exigir al Poder Judicial que no libere a los responsables de las víctimas de la Dictadura Cívico-Militar.

Según la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, se ha generado una “ofensiva” de parte de aquellos que buscan impunidad para los violadores de derechos humanos y se está poniendo en riesgo la democracia y dignidad del país.

“Estamos acá porque la Tercera Sala de la Corte Suprema está liberando a estos asesinos y en la misma dirección, el Senado particularmente encabezado por el UDI Hernán Larraín y con la aprobación de algunos senadores de la Nueva Mayoría, ha aceptado iniciar acciones que permitan liberar a violadores de derechos humanos por estas supuestas acciones de inhumanidad con ellos respecto a su avanzado estado de salud”.

Recordemos que hay mociones parlamentarias en trámite en las que se facilitaría el otorgamiento de beneficios carcelarios, por ejemplo a quienes padezcan enfermedades graves, invalidantes o terminales, medida que aplicaría también a los recluidos del penal Punta Peuco.

Lorena Pizarro enfatizó en que existe un tratado internacional suscrito por Chile en que se acotan dichos beneficios a quienes, en el momento del juicio, demuestren arrepentimiento y cumplan una condena efectiva, lo que en su opinión no se verificaría en ninguno de los presos del penal Punta Peuco.

Es por esto que para la dirigente, estamos enfrentando un escenario en el que tanto en el Senado, como en el Poder Judicial se está contraviniendo tratados internacionales sobre DDHH.

El sociólogo Manuel Guerrero Antequera, profesor de la Universidad de Chile e hijo de una de las víctimas del Caso Degollados, Manuel Guerrero Ceballos, comentó que se está rompiendo un estándar ético mínimo al darle impunidad a quienes fueron condenados con justo y debido proceso.

Por esta razón, representantes de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos sostuvieron una cita con la Ministra de Justicia Javiera Blanco en la que solicitaron el cierre inmediato del Penal Punta Peuco y el envío de un proyecto con carácter de discusión inmediata que permita excluir a violadores de derechos humanos de beneficios carcelarios.

Para el cumplimiento de las demandas pidieron una nueva reunión con la titular de la cartera de Justicia y el Ministro del Interior, Mario Fernández, la que será confirmada por las autoridades al término de esta semana.

Adriana Muñoz: “No se puede entregar beneficios a quienes nunca han pedido perdón”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la senadora del PPD por la región de Coquimbo, Adriana Muñoz, criticó las gestiones realizadas por algunos senadores para otorgar beneficios carcelarios a quienes estén en prisión por crímenes de lesa humanidad, ya que “si nunca han pedido perdón ni se han arrepentido” deben seguir pagando sus culpas en prisión, asegura.

La parlamentaria calificó estos proyectos de ley que fueron ya ingresados al Congreso como un intento de generar una “amnistía encubierta” sobre estos crímenes, situación para la cual no está disponible para legislar, aseguró de manera tajante.

“No es posible, a través de esta ley que se está tratando de impulsar de dejar sin efecto el encarcelamiento de personas por la edad, sea cual sea el delito que hayan cometido, para mí sobre todo en materia de derechos humanos, creo que hay un límite, y ese límite de la misericordia es que si ellos nunca han pedido perdón, nunca se han arrepentido de sus actos, de haber provocado tanto daño a tantas familias, por años y años, tienen que pagar sus culpas donde están, tienen que permanecer en la cárcel, y si Dios así lo manda, estarán en la cárcel hasta el día que se mueran”.

Por su parte, La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, expresó su apoyo a los familiares de la víctimas de la Dictadura, y fustigó a quienes quieren entregar beneficios humanitarios a “personas que cuando hubo que pensar en la humanidad, no lo hicieron”.

“Hemos escuchado a algunos parlamentarios y senadores de la Nueva Mayoría apoyar esta iniciativa y nos parece lamentable que así sea. Espero que el Gobierno haga un llamado explícito a no apoyar este proyecto, nosotros no vamos a permitir que esto avance en el Parlamento y si hay que tomar medidas como las de hoy, vamos a seguirlas respaldando. Es una burla, es una bofetada en las caras de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que han tenido que volver a encadenarse en democracia”.

Neuróloga Paz Rojas (Codepu):” “Todos los familiares de DD.DD. son víctimas de tortura”.

La neuróloga Paz Rojas, quien ha prestado atención psicológica a víctimas de apremios ilegítimos durante la Dictadura, en el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras) y de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), señaló en el programa Libres e Iguales de nuestra emisora, que los familiares de detenidos desaparecidos son víctimas de tortura.

La neuróloga y directora de Codepu señaló que, específicamente, los familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad son sometidos a la práctica de la “tortura psicológica permanente”, ya que a partir de las dudas e incertezas sobre la situación de sus familiares, pueden desarrollar cuadros graves de enfermedades.

“Todos los familiares de detenidos desaparecidos son víctimas de tortura. La tortura no obligatoriamente significa estar frente a un interrogador y a un torturador sino que puede existir la tortura psíquica permanente como es la tortura que sufren los familiares de detenidos desaparecidos”.