Estudiantes trabajan en proyecto para salvar a la Universidad Arcis
La iniciativa busca modificar la ley 20.800, de administración provisional y administración de cierre. De contar con el apoyo del Congreso y el financiamiento del Ejecutivo, se podrían solucionar los conflictos de los estudiantes de universidades privadas en condiciones críticas.
Lunes 27 de junio 2016 9:35 hrs.
La Universidad Arcis continúa en crisis. El déficit económico que arrastra desde hace varios años se ha visto agudizado en las ultimas semanas por el despido de siete profesores de planta.
A esto, se suma la demanda de los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas por regularizar su situación. Actualmente la carrera completa tendría solo siete estudiantes, los que han sido reubicados en asignaturas correspondientes a otras carreras, debido a la incapacidad de la institución de pagar salarios a los profesores.
La compleja situación, provocó además entre octubre de 2014 y marzo de 2015 un éxodo masivo de estudiantes. Actualmente la Universidad completa cuenta con cerca de 600 estudiantes y este año se matricularon una suma que no alcanza a superar las 50 personas.
La Arcis esta siendo controlada por una Administración Provisional que tiene por objetivo, al menos en la teoría, apaciguar la crisis y resolver los problemas.
El día 8 de mayo se presentó una propuesta de proyecto que busca modificar la ley 20.800, de administración provisional y administración de cierre. El proyecto aprobado en la Confech e incluida en el petitorio nacional, será entregado en los próximos días en el Congreso.
Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, explicó que actualmente están elaborando las bases de un proyecto para entregar al Congreso, con el fin de que se tramite como la proyecto de ley. La demanda fundamental que moviliza a los estudiantes en ese sentido, es la exigencia de que el Estado se haga cargo de este tipo de instituciones, lo que podría proteger el legítimo derecho a la educación de todos los estudiantes del país.
Además, la vocera explica que las demandas contenidas en la iniciativa son, por ejemplo, el ingreso de recursos públicos: “Consideramos que aunque sea una universidad privada, esto no es una fábrica de salchichas. Se trata de una universidad que imparte educación, un derecho que se está cumpliendo a medias”.
Beltami, además, se refirió a la situación que están enfrentando: “En este momento estamos a la deriva, con una enorme crítica hacia la gestión del Administrador Provisional, porque no se están resguardando adecuadamente nuestros derechos, ni tampoco los de los trabajadores, ni los de los docentes”.
Responsabilidades
Andrés Leiva, fue Coordinador de Docencia y Vinculación con el medio de la Escuela de Psicología de la Universidad Arcis, hasta el año 2015, cuando decidió renunciar tras pasar meses sin recibir su sueldo.
Durante esos meses fue presidente de la Asociación de Profesores Autoconvocados de la Universidad. En atención a su antiguo cargo, Leiva señala que la crisis de la universidad resulta compleja, sobre todo, por el proyecto político que tenía detrás.
Sobre las eventuales responsabilidades políticas y administrativas en la crisis de la Universidad Arcis, Leiva sostuvo que a su juicio, el Partido Comunista siempre tuvo las herramientas para salvar la situación de la institución.
“Debido a sus contradicciones internas no pudo, no quiso, o no debió salvarla. Ahora, mientras convivimos en Arcis nunca tuvimos problemas. Los conflictos empezaron desde su salida, desde el momento en que ellos adoptan otros intereses. De ahí en adelante viene el problema que termina con la absoluta mala administración de la universidad”, afirmó.
Caso puntual, problema sistémico
Por su parte, Marta Matamala, vocera de la Confech, señaló que el problema de Arcis si bien es especifico, resulta representativo de los problemas de la educación privada en el país, y que se encuentran trabajando en el proceso.
“Hemos ocupado el modelo de cómo se está solucionando el tema de la Arcis, para el caso del cierre de cualquier otra universidad, sobre todo si se crea un marco regulatorio más potente”.
Marta Matamala, explicó también que desde la Confech se está trabajando en el proyecto de ley para modificar las condiciones de administración actual de las universidades en crisis.
“Hoy día la Confech cuenta con una propuesta que esta en pañales, sobre el administrador provisional, pero ya no como un administrador que le devuelva a los dueños la universidad, sino que pase directamente a la intervención del Estado. Esto es porque no tiene mucho sentido inyectarle recursos a una institución que después puede volver a pasar por lo mismo o a tener simplemente solo sanciones administrativas para los que juegan con la educación de miles de chilenos”, afirmó.
Una ley de administración provisional que cuente con recursos públicos que ingresen a estabilizar económicamente a la universidad podría solucionar el conflicto de estudiantes, funcionarios y académicos y garantizar, de una vez por todas, el derecho a la educación de todos los estudiantes de chile.
La Universidad Arcis continúa en crisis. El déficit económico que arrastra desde hace varios años se ha visto agudizado en las ultimas semanas por el despido de siete profesores de planta.
A esto, se suma la demanda de los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas por regularizar su situación. Actualmente la carrera completa tendría solo siete estudiantes, los que han sido reubicados en asignaturas correspondientes a otras carreras, debido a la incapacidad de la institución de pagar salarios a los profesores.
La compleja situación, provocó además entre octubre de 2014 y marzo de 2015 un éxodo masivo de estudiantes. Actualmente la Universidad completa cuenta con cerca de 600 estudiantes y este año se matricularon una suma que no alcanza a superar las 50 personas.
La Arcis esta siendo controlada por una Administración Provisional que tiene por objetivo, al menos en la teoría, apaciguar la crisis y resolver los problemas.
El día 8 de mayo se presentó una propuesta de proyecto que busca modificar la ley 20.800, de administración provisional y administración de cierre. El proyecto aprobado en la Confech e incluida en el petitorio nacional, será entregado en los próximos días en el Congreso.
Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, explicó que actualmente están elaborando las bases de un proyecto para entregar al Congreso, con el fin de que se tramite como la proyecto de ley. La demanda fundamental que moviliza a los estudiantes en ese sentido, es la exigencia de que el Estado se haga cargo de este tipo de instituciones, lo que podría proteger el legítimo derecho a la educación de todos los estudiantes del país.
Además, la vocera explica que las demandas contenidas en la iniciativa son, por ejemplo, el ingreso de recursos públicos: “Consideramos que aunque sea una universidad privada, esto no es una fábrica de salchichas. Se trata de una universidad que imparte educación, un derecho que se está cumpliendo a medias”.
Beltami, además, se refirió a la situación que están enfrentando: “En este momento estamos a la deriva, con una enorme crítica hacia la gestión del Administrador Provisional, porque no se están resguardando adecuadamente nuestros derechos, ni tampoco los de los trabajadores, ni los de los docentes”.
Responsabilidades
Andrés Leiva, fue Coordinador de Docencia y Vinculación con el medio de la Escuela de Psicología de la Universidad Arcis, hasta el año 2015, cuando decidió renunciar tras pasar meses sin recibir su sueldo.
Durante esos meses fue presidente de la Asociación de Profesores Autoconvocados de la Universidad. En atención a su antiguo cargo, Leiva señala que la crisis de la universidad resulta compleja, sobre todo, por el proyecto político que tenía detrás.
Sobre las eventuales responsabilidades políticas y administrativas en la crisis de la Universidad Arcis, Leiva sostuvo que a su juicio, el Partido Comunista siempre tuvo las herramientas para salvar la situación de la institución.
“Debido a sus contradicciones internas no pudo, no quiso, o no debió salvarla. Ahora, mientras convivimos en Arcis nunca tuvimos problemas. Los conflictos empezaron desde su salida, desde el momento en que ellos adoptan otros intereses. De ahí en adelante viene el problema que termina con la absoluta mala administración de la universidad”, afirmó.
Caso puntual, problema sistémico
Por su parte, Marta Matamala, vocera de la Confech, señaló que el problema de Arcis si bien es especifico, resulta representativo de los problemas de la educación privada en el país, y que se encuentran trabajando en el proceso.
“Hemos ocupado el modelo de cómo se está solucionando el tema de la Arcis, para el caso del cierre de cualquier otra universidad, sobre todo si se crea un marco regulatorio más potente”.
Marta Matamala, explicó también que desde la Confech se está trabajando en el proyecto de ley para modificar las condiciones de administración actual de las universidades en crisis.
“Hoy día la Confech cuenta con una propuesta que esta en pañales, sobre el administrador provisional, pero ya no como un administrador que le devuelva a los dueños la universidad, sino que pase directamente a la intervención del Estado. Esto es porque no tiene mucho sentido inyectarle recursos a una institución que después puede volver a pasar por lo mismo o a tener simplemente solo sanciones administrativas para los que juegan con la educación de miles de chilenos”, afirmó.
Una ley de administración provisional que cuente con recursos públicos que ingresen a estabilizar económicamente a la universidad podría solucionar el conflicto de estudiantes, funcionarios y académicos y garantizar, de una vez por todas, el derecho a la educación de todos los estudiantes de chile.
La Universidad Arcis continúa en crisis. El déficit económico que arrastra desde hace varios años se ha visto agudizado en las ultimas semanas por el despido de siete profesores de planta.
A esto, se suma la demanda de los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas por regularizar su situación. Actualmente la carrera completa tendría solo siete estudiantes, los que han sido reubicados en asignaturas correspondientes a otras carreras, debido a la incapacidad de la institución de pagar salarios a los profesores.
La compleja situación, provocó además entre octubre de 2014 y marzo de 2015 un éxodo masivo de estudiantes. Actualmente la Universidad completa cuenta con cerca de 600 estudiantes y este año se matricularon una suma que no alcanza a superar las 50 personas.
La Arcis esta siendo controlada por una Administración Provisional que tiene por objetivo, al menos en la teoría, apaciguar la crisis y resolver los problemas.
El día 8 de mayo se presentó una propuesta de proyecto que busca modificar la ley 20.800, de administración provisional y administración de cierre. El proyecto aprobado en la Confech e incluida en el petitorio nacional, será entregado en los próximos días en el Congreso.
Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, explicó que actualmente están elaborando las bases de un proyecto para entregar al Congreso, con el fin de que se tramite como la proyecto de ley. La demanda fundamental que moviliza a los estudiantes en ese sentido, es la exigencia de que el Estado se haga cargo de este tipo de instituciones, lo que podría proteger el legítimo derecho a la educación de todos los estudiantes del país.
Además, la vocera explica que las demandas contenidas en la iniciativa son, por ejemplo, el ingreso de recursos públicos: “Consideramos que aunque sea una universidad privada, esto no es una fábrica de salchichas. Se trata de una universidad que imparte educación, un derecho que se está cumpliendo a medias”.
Beltami, además, se refirió a la situación que están enfrentando: “En este momento estamos a la deriva, con una enorme crítica hacia la gestión del Administrador Provisional, porque no se están resguardando adecuadamente nuestros derechos, ni tampoco los de los trabajadores, ni los de los docentes”.
Responsabilidades
Andrés Leiva, fue Coordinador de Docencia y Vinculación con el medio de la Escuela de Psicología de la Universidad Arcis, hasta el año 2015, cuando decidió renunciar tras pasar meses sin recibir su sueldo.
Durante esos meses fue presidente de la Asociación de Profesores Autoconvocados de la Universidad. En atención a su antiguo cargo, Leiva señala que la crisis de la universidad resulta compleja, sobre todo, por el proyecto político que tenía detrás.
Sobre las eventuales responsabilidades políticas y administrativas en la crisis de la Universidad Arcis, Leiva sostuvo que a su juicio, el Partido Comunista siempre tuvo las herramientas para salvar la situación de la institución.
“Debido a sus contradicciones internas no pudo, no quiso, o no debió salvarla. Ahora, mientras convivimos en Arcis nunca tuvimos problemas. Los conflictos empezaron desde su salida, desde el momento en que ellos adoptan otros intereses. De ahí en adelante viene el problema que termina con la absoluta mala administración de la universidad”, afirmó.
Caso puntual, problema sistémico
Por su parte, Marta Matamala, vocera de la Confech, señaló que el problema de Arcis si bien es especifico, resulta representativo de los problemas de la educación privada en el país, y que se encuentran trabajando en el proceso.
“Hemos ocupado el modelo de cómo se está solucionando el tema de la Arcis, para el caso del cierre de cualquier otra universidad, sobre todo si se crea un marco regulatorio más potente”.
Marta Matamala, explicó también que desde la Confech se está trabajando en el proyecto de ley para modificar las condiciones de administración actual de las universidades en crisis.
“Hoy día la Confech cuenta con una propuesta que esta en pañales, sobre el administrador provisional, pero ya no como un administrador que le devuelva a los dueños la universidad, sino que pase directamente a la intervención del Estado. Esto es porque no tiene mucho sentido inyectarle recursos a una institución que después puede volver a pasar por lo mismo o a tener simplemente solo sanciones administrativas para los que juegan con la educación de miles de chilenos”, afirmó.
Una ley de administración provisional que cuente con recursos públicos que ingresen a estabilizar económicamente a la universidad podría solucionar el conflicto de estudiantes, funcionarios y académicos y garantizar, de una vez por todas, el derecho a la educación de todos los estudiantes de chile.
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