Este lunes, la comisión que estudia el pedido de impeachment contra Dilma Rousseff recibió el resultado de una investigación de los documentos del proceso, donde se concluye que las llamadas pedaleadas fiscales en las que se involucra a la Presidenta electa fueron ilegales, pero en ellas no hubo ninguna participación de la Mandataria.

Las pedaleadas fiscales consisten en la transferencia de ingresos del Estado a través de la contratación de servicios con bancos públicos hacia diferentes rubros, con un saldo final positivo a favor del gobierno.

Estas supuestas maniobras fueron el argumento utilizado por la oposición para iniciar el proceso de impeachment contra Dilma en el Parlamento, el que actualmente la tiene suspendida de su cargo por hasta seis meses.

Para el senador Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores, el resultado de este informe es una prueba más de que el juicio político emprendido contra la presidenta electa carece de fundamentos.

“Para caracterizar un crimen de responsabilidad practicado por un presidente es necesaria su participación directa. La verdad, esto es sólo un pretexto jurídico para alejar políticamente a una Presidenta de la República”.

Durante la sesión de este martes de la Comisión Especial de Impeachment, la senadora Vanessa Grazziotin del PCdoB llamó a quienes están detrás de la suspensión de la Presidenta electa a transparentar sus verdaderas intenciones a la ciudadanía.

“Creo que las personas involucradas en la destitución de Dilma deberían tener más sinceridad y honestidad ante la opinión pública y admitir que quieren sacarla del poder porque ya no la apoyan, porque ya no están de acuerdo con su propuesta de Gobierno. No era necesario todo esto. Ellos mismos admiten que esto es una mera formalidad, aquí nadie está preocupado de su hubo o no malversaciones, están apenas preocupados de que Dilma no se mantenga en el poder. Lo lamento mucho y espero que la población pueda percibir qué es lo que está sucediendo realmente en el país”.

De acuerdo a la Constitución brasileña, para abrir un proceso de impeachment contra un Presidente de la República, debe haber una acción directa que lo involucre en el delito del que se le acusa.

A pesar de los nuevos antecedentes que exculpan a Dilma Rousseff, la Comisión seguirá estudiando el impeachment en su contra, por lo que continuará suspendida de su mandato como máximo hasta noviembre, plazo en que deberá enfrentar un nuevo juicio en el Senado.