Fue uno de los anuncios más importantes de la cuenta pública del año 2014. La reforma al actual Código de Aguas, que hoy se discute en la Cámara de Diputados ha generado resistencia desde distintos sectores.

El proyecto establece que el Estado podrá intervenir cuencas, establecer usos prioritarios y limitar el uso de los derechos adquiridos bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, desde las organizaciones de defensa de este recurso, plantean que cerca del 90 por ciento de los derechos de agua ya fueron otorgados a privados, por lo que la nueva normativa sólo afectaría al 10 por ciento restante.

Una situación que reconoció la presidenta de la comisión de Recursos Hídricos del Senado, (PPD) Adriana Muñoz, quien manifestó compartir los cuestionamientos de las agrupaciones ambientalistas, señalando que lo óptimo sería una revisión de los derechos de agua otorgados, y la existencia de un sistema de concesiones.

“No es posible que una persona pida un derecho y se le regale. Todos los derechos, el 90 por ciento de los derechos están en manos de los privados que cubren casi todas las cuencas del país han sido otorgados en gratuidad y a perpetuidad, ellos pueden hacer lo que quieran con el derecho (…) yo comparto la crítica, no estoy de acuerdo con que hoy día no se caduquen los derechos ya entregados”.

Una crítica que comparte el senador independiente Antonio Horvarth, quien va más allá y sostiene que se deben reasignar los derechos de agua, y en función de su utilización incluso, ser expropiados.

“Los derechos de agua otorgados, si no están bien utilizados, tienen que ser recuperados (…) yo creo que primero hay que hacer el manejo integrado de cuencas para definir quiénes son los actores que la necesitan, y después de acuerdo a eso reasignar los derechos otorgados, por lo tanto si aquí hay que expropiar, de acuerdo a ese resultado, se expropia”.

Una postura que comparte el profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile Horacio Bown. A juicio del académico, el agua es un bien público que no debiese estar sujeto a intereses particulares. Asimismo, recalcó que el Estado debiera garantizar la distribución equitativa de estos recursos.

“Esto de que existan derechos de agua con los cuales se pueda especular en el futuro, o usarlo en lo que uno quiera mientras hay otras comunidades que están sufriendo por esos problemas, es un problema país. Yo pienso que el agua es un bien público y pertenece a todos los chilenos, por lo tanto no puede estar amarrado a ciertos derechos de una u otra persona, y el Estado debería velar porque haya una distribución equitativa de esos recursos hídricos”.

Desde el Gobierno, el delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, desestimó las dudas de los parlamentarios y organizaciones, apuntando a que la legislación regula sólo las aguas superficiales, no así las subterráneas.

“Hemos planteado una modificación sustancial al Código de Aguas que a mi juicio es sustantiva, lo que ya se ha aprobado. Sin embargo, es cierto también este comentario que uno escucha que estamos legislando solamente para un porcentaje muy reducido de los derechos que quedarían por otorgarse. Yo pienso que eso no es necesariamente cierto, porque lo que el Código de Aguas regula son las aguas superficiales, pero tenemos también aguas subterráneas y todos los datos indican que en realidad hay más aguas subterráneas disponibles que aguas superficiales”

La reforma al Código de Aguas se encuentra en su último trámite de la Cámara de Diputados antes de ser votada en Sala durante el mes de agosto.