Este viernes, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, informó que 123 funcionarios de Gendarmería serán desvinculados por el uso abusivo de licencias médicas. El anuncio se da luego de las diligencias instruidas a raíz de la crisis de la institución, donde se analizaron más de 500 casos de estos permisos que se extendían por más de 6 meses en dos años.

La secretaria de Estado informó, además, que otros 412 casos aún están siendo estudiados por la Comisión Médica Local para determinar “si procede o no la desvinculación”.

En la oportunidad la titular de Justicia aprovechó de presentar al nuevo director de Gendarmería, Jaime Rojas, quien es militante del PPD, geógrafo y ex jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior.

Una decisión que ha generado molestia en las distintas agrupaciones de funcionarios, quienes han solicitado la renuncia de la secretaria de Estado. Ante esto, Javiera Blanco aseguró que el nombramiento de Rojas se realizó en base al perfil más idóneo para dirigir la institución.

“Puedo decir que la decisión ha sido en base al mejor perfil para poder liderar y dirigir los desafíos que se vienen para la institución de Gendarmería (…) cuando uno toma medidas de no tolerar más los abusos, de poner fin a situaciones irregulares, muchas veces va a haber ruido, muchas veces va a haber inquietud. Pero esos ruidos e inquietudes o muchas voces críticas, no pueden acallarlo a uno como autoridad para poder denunciar, trabajar y tomar medidas en relación a esos abusos”.

Una visión que cuestionó el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile aseguró que existe una intervención política de parte del Gobierno. Además criticó la designación del nuevo director del organismo.

“Gendarmería se transformó en una verdadera caja pagadora de favores políticos, especialmente ligado a partidos de la hoy Nueva Mayoría, quienes vieron ahí una posibilidad de obtener altos sueldos, de obtener altas pensiones (…) evidentemente hay un tema político de fondo, porque no es sólo un civil, sino que lo que yo veo es una intervención por parte del Gobierno que pone a una persona de su confianza para poder analizar la situación”.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Alberto Figueroa criticó la influencia política partidista al interior de la institución: “Creo que es un desprecio a los gendarmes del país que nombren a un geógrafo, respetando su profesión, pero creo que el Estado chileno invierte dinero para formar a los gendarmes de Chile, por consiguiente quienes estamos mandatados para liderar somos nosotros (…) ellos han estado 17 años de gendarmería de Chile y lo único que han hecho es hacer un posicionamiento de los partidos políticos al interior de la institución”.

Desde el alto mando de Gendarmería se ordenó realizar un análisis que detectó que más de 220 personas ocupan un cargo sin una justificación técnica o una “necesidad de servicio” que respaldara su incorporación. La indagatoria también determinó la existencia de al menos 30 casos de funcionarios que tuvieron aumentos de sueldos en cortos períodos de tiempo.

La gestión de la ministra Javiera Blanco ha sido cuestionada no sólo por la oposición y los funcionarios de Gendarmería, sino que también desde otros servicios dependientes de la cartera como el Sename, Registro Civil y la Corporación de Asistencia Judicial.