Luego de atender a representantes de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara Baja recibieron a funcionarios de las universidades estatales de distintos gremios para conocer sus puntos de vista sobre la reforma universitaria presentada por el Ejecutivo.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile, Sergio Esparza, lamentó que no se reconozca su labor en el proyecto ni su participación en las decisiones que se toman por las comunidades universitarias sin necesariamente ser parte de órganos colegiados. En otras palabras, que no se trabajara en más democracia interna. “Son más de 35 años que nuestro sector de escalafones de funcionarios, administrativos, profesionales técnicos y administrativos, esperábamos esta oportunidad para terminar con las secuelas que provocó el abandono del Estado con sus universidades. Sin embargo, el Estado olvidó una vez más a sus funcionarios. Sostenemos que nuestro sector tiene funciones y roles específicos, nos reconocemos como actores de la educación superior estatal donde la participación debe tener un piso asegurado fijándose una frontera por ley”, señaló.
Asimismo, el representante del Consejo Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas, Carlos Mancilla, afirmó que el cuerpo legal no consideró la propuesta de su colectividad en que se profundizaba acerca de la estabilidad y condiciones laborales.“Nosotros tenemos relaciones laborales en el sistema universitario desde la escala 1 de las remuneraciones hasta contratos especiales que tienen una relación con la universidad. Entonces, si no se invoca un capítulo especial de relaciones laborales, no hay una condicionante que nos permita decir que tendremos estabilidad en el empleo, no precarización, participación, democracia, vida ciudadana en la universidad, como en cualquier empleo”, dijo.
En tanto, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, Myriam Barahona, enfatizó en la calidad de funcionarios públicos que tienen los trabajadores de nuestra casa de estudios y que no cuentan con una carrera funcionaria. “Se puede concluir que al hacer una excepción en relación a la aplicación de la normativa relativa a los cometidos funcionarios y comisiones de servicios, el texto legal implícitamente asume que el resto de los artículos del estatuto administrativo si son aplicables a los funcionarios de las universidades estatales. Si bien el texto se refiere a las universidades estatales y tangencialmente a sus funcionarios, este no es explícito en definir qué es una universidad estatal en términos de un servicio público”, comento´.
De las opiniones de parlamentarios destacó la del demócrata cristiano Mario Venegas, quien enfatizó en que la triestamentalidad de los estatutos no debe definirse en este proyecto.
El parlamentario ejemplificó con los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos que no votan a sus autoridades: “Lo que hemos estado defendiendo es que eso sea una solución, una discusión y un arreglo al que lleguen en las propias comunidades universitarias. No estamos ajenos a los problemas que hay, no estamos ajenos a que los rectores se quedan eternamente en los cargos a partir de esto”, recalcó.
En cuanto a lo laboral, Venegas solicitó a los trabajadores registros sobre cuántos están a contrata y cuántos a honorarios en las universidades, al ser esta diversa relación uno de sus principales reclamos en la instancia parlamentaria.