La intercambiabilidad es la práctica médica que consiste en cambiar un medicamento por otro que se espera que obtenga el mismo efecto clínico, por iniciativa del médico que prescribe.

Esta una de las principales indicaciones que contiene el proyecto de Ley de Fármacos II que se tramita en el Parlamento y que es discutida por los actores involucrados.

Las modificaciones al Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos propone acotar plazos de registro y admitir certificaciones internacionales. Mientras se implementa, se permitiría intercambiar fármacos que llevan varios años a la venta. Estos denominados bioequivalentes por gracia o también fármacos “maduros”.

Al respecto, el senador impulsor de la normativa, (PPD) Guido Girardi, defiende la indicación. Aseveró que esta práctica termina con el sobreprecio en remedios y con los intereses de las cadenas farmacéuticas que imponen en el mesón de venta sus propios laboratorios.

“Sancionada fuertemente la intercambiabilidad que está en función de vender medicamentos más caros y no los más baratos, por eso es que en la ley estamos poniendo que los medicamentos sólo se puedan intercambiar por un genérico que es obviamente mucho más barato que el de marca”, precisó.

La Cámara de Innovación Farmacéutica, asociación gremial que reúne a compañías boticarias transnacionales, ha desplegado en este último tiempo una fuerte campaña comunicacional contra la intercambiabilidad estipulada en la ley.

Para el senador PPD y dirigentes del Colegio de Químicos Farmacéuticos, es predecible el ruido, sin embargo hay común acuerdo respecto a que las compañías no perderán absolutamente nada con la nueva ley, sólo dejaran de percibir una mínima parte del negocio.

Para el dirigente del colegio y académico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, Pablo Torres el fracaso en la implementación de la Ley de Fármacos I y las indicaciones propuestas por Parlamentarios a la Ley de Fármacos II no auguran un buen porvenir.

Indicó que una nueva norma para establecer bioequivalencia hacen pensar que la única propuesta que ha representado un avance para solucionar el problema del acceso a medicamentos es la farmacia popular de la comuna de Recoleta.

“Implica como un retroceso, una salida rápida que aplica el gobierno para mantener el stock de medicamentos en las farmacias. Es decir, si hiciéramos respetar el libro, la normativa, el stock disponible en las farmacias de los medicamentos especialistas sería muy poco, porque muchos de ellos no cumplen con los requisitos de bioequivalencia”, argumentó.

Para la Presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, Izkia Siches, las múltiples legislaciones existentes como la Ley de Fármacos de 2014, el Fondo de Medicamentos, la Ley Ricarte Soto, las farmacias populares y ahora una Ley de Fármacos II, deja en evidencia la total ausencia de una política nacional de medicamentos con objetivos a mediano y largo plazo.

Respecto a la intercambiabilidad que estipula la nueva normativa, la dirigenta indicó que al final el vendedor de farmacia será quien decida el medicamento bioequivalente que corresponde, es decir, seguirá el desorden sobre la materia.

“Cuál es el problema que tiene hoy el Colegio Médico con la intercambiabilidad, que esa intercambiabilidad la defina quien está detrás del mostrador. Es decir, el médico indica una marca, pero al final el que decide es el vendedor de farmacia. Nosotros no queremos el negocio de los fármacos y las cadenas de farmacias, pero tampoco queremos entregar una marca sin un fundamento clínico”, detalló.

Para el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Nicolás Silva la intercambiabilidad contemplada en el proyecto de ley aún está confusa.

Agregó que la gran pregunta es si esta Ley de Fármacos II será lo suficientemente efectiva para no hacer una nueva Ley de Fármacos III como ha pasado en la mayoría de las normativas que rige en el tema de la venta de fármacos.