Según la proyección del Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), el ahorro nacional bruto (como porcentaje del PIB) llegará a 19,7% este año, su nivel más bajo desde 1987, mientras que en 2017 el guarismo caería a 19,6%, una variable que por casi tres décadas se mantuvo por sobre el 20%, alcanzando su nivel más alto en 2007, con 25,1%.
Una menor tasa de ahorro afecta la cantidad de retornos y, por consiguiente, tiende a reducir recursos para una mayor inversión en nuevos proyectos con tasas de interés más bajas (dado que hay menos capital), afectando así el empleo y ralentizando el ritmo de crecimiento de la economía, tal como se ha podido comprobar en los últimos años, en los que el PIB ha crecido a un tardo ritmo del 2% anual, contra un crecimiento potencial que, según el estudio o los economistas que lo calculan, oscila entre el 3,5% y hasta el 5%.
La caída del ahorro nacional se explica por una expansión del consumo total, superior en cerca del 10%, al alza del ingreso, afectado por una fuerte disminución de las exportaciones, así como por la baja de ahorro de las Empresas no financieras y del Gobierno general, aunque, compensado, en parte, por las Sociedades financieras que aumentaron su tasa, mientras que el ahorro de los Hogares se mantuvo en alrededor del 9,5% del ingreso disponible, aunque con una ratio deuda-ingreso de casi 63% y explicado por un aumento en los créditos hipotecarios.
Este menor ahorro nacional, sumado a una levemente mayor tasa de inversión bruta (que incluye transferencias de capital) y que alcanzó a 21,4% del PIB -aunque el guarismo ha venido bajando desde casi 29% y su crecimiento para este año se estima en apenas un 0,5%-, ha implicado más necesidad de financiamiento de la economía, debido al mayor déficit de las Empresas no financieras (4,9% del PIB) y Gobierno general (2,1% del PIB), en línea con la baja en la tasa de ahorro y el mayor gasto en inversión de ambos sectores.
Si se considera que la deuda de las Empresas no financieras representó un 105,1% del PIB, un aumento en línea con revalorizaciones de deudas contraídas en dólares, expresadas en pesos, y que el Gobierno central muestra también fuerte déficit, las perspectivas de mejora de la actividad inversora para los próximos meses no son alentadoras. Y si el sector privado pudiera volver a invertir como en la década de los 90, cuando su aporte a la inversión alcanzaba a casi el 5% del PIB, el déficit de Cuenta Corriente se elevaría aún más, poniendo el peligro la clasificación de riesgo del país.
Ya al cierre de 2015, la cuenta corriente presentó un déficit de US$4.762 millones, equivalente a 2,1% del PIB anual, monto superior en casi US$1.500 millones respecto del año anterior, consecuencia de un saldo negativo de la renta (sobre US$6.000 millones), que no pudo ser compensando por el saldo positivo de la balanza comercial (US$3.500 millones), tras la baja de las exportaciones
Las transacciones de la cuenta financiera, en tanto, muestran un endeudamiento neto de Chile con el resto del mundo, todos recursos que ingresaron a la economía principalmente dirigidos a las Empresas y al Gobierno. Este flujo de inversión extranjera directa totalizó unos US$20.500 millones, casi US$1.900 millones menos que en 2014. De esa cifra, US$10 mil millones llegaron por préstamos entre empresas relacionadas, US$4.000 millones en reinversión de utilidades y solo US$6.500 millones por nuevas inversiones, principalmente dirigidas a minería, electricidad, gas y agua, e industria manufacturera.
En resumen, la economía chilena presenta hoy una posición deudora neta con el resto del mundo de más de US$45 mil millones, equivalente a 20 % del PIB, cifra 5,4% superior al año anterior. Y aunque el guarismo es razonable si se lo compara con la deuda neta de naciones como EE.UU. China, Japón, España o Grecia, no hay que olvidar que la deuda externa total de Chile se elevó a US$156 mil millones, equivalente a 70 % del PIB, superior en 8,5% a la del año anterior. Dicha alza proviene de mayores obligaciones externas tanto del sector privado como del público, aunque son los privados quienes lideran el alza, con un aumento de US$5.500 millones de su deuda externa, llegando así a US$ 125 mil millones (57% del PIB), mientras el Gobierno registra un alza menor de casi US$500 millones, pero llegando a un stock de más de US$30 mil millones (casi 14% del PIB).
Así las cosas, las perspectivas para una reactivación de la ralentizada economía chilena mediante mayor inversión fiscal o privada parece limitada, en un concierto global afectado también por un bajo crecimiento que no solo retarda las inversiones extanjeras, sino que incrementa la competencia mundial por tales recursos. La buscada reactivación, parece pues proceder más bien mediante una más eficiente utilización fiscal de los mayores recursos tributarios disponibles, evitando gastos en consumo, apuntando a la inversión y mejorando su focalización productiva y social.
En esta tarea, el sector privado lleva la delantera y no obstante la menor actividad y demanda, sus últimos resultados muestran aumentos de sus utilidades, lo que mejora su posición deudora e inversora potencial. Asimismo, parece urgente la confección público-privada de una carpeta de proyectos prioritarios productivos concesionables (carreteras, puertos, hospitales, aeropuertos, etc) que permitan ampliar no solo la oferta de trabajo, sino también sus efectos reactivadores colaterales hacia las Pymes, mejorando así las confianzas e iniciando un ciclo virtuoso de reactivación interna, aún por sobre el mal escenario económico mundial.
