Si bien este jueves se esperaba que el ex presidente Ricardo Lagos acudiera a declarar por la demanda civil presentada por el empresario Jorge Lopehandía respecto de la propiedad de los terrenos donde se emplazó el proyecto Pascua Lama, finalmente el ex Mandatario no acudió al 23° Juzgado Civil de Santiago.

De esta forma, el abogado Juan Guillermo Torres, representante del empresario decidió solicitar al tribunal el apercibimiento de arresto contra Ricardo Lagos Escobar y otros tres testigos que no acudieron a la diligencia.

El abogado señaló que “El señor Lagos dijo que iba a colaborar. Él tuvo cuatro días para comparecer como testigo ante el tribunal y cumplir con lo mandatado por la ley y demostrar esa colaboración y buena fe y no lo hizo”.

El documento presentado ante el Tribunal indica que “habiéndose efectuado el llamado de los testigos a las 09:00 por el Ministro de Fe Hugo Venegas Retamal y siendo el último día del término probatorio ordinario, y no presentándose 4 de ellos, procede que se dé a lugar orden de arresto de los testigos”.

El origen del conflicto

Recordemos que este conflicto data desde el año 2001 cuando el empresario Jorge Lopehandía, en sociedad con Mountain Star Gold INC. reclamó ser el dueño legítimo del terreno donde se encuentra ubicado el proyecto de la empresa Barrick Gold, por lo mismo, denuncian la extracción ilegal de metales preciosos por parte de la transnacional canadiense.

Ricardo Lagos firmó en el año 2004 el protocolo de acuerdo entre Chile y Argentina que permitió el desarrollo de este proyecto binacional y por lo mismo es que la parte denunciante requería que el ex Presidente y la ex ministra de Relaciones Exteriores Soledad Alvear declararan por este caso.

Torres agregó que “en el mismo protocolo dentro del grupo de pertenencias mineras, de concesiones mineras que sustentan el proyecto se individualizan las que corresponderían a la filial de Barrick en Chile y en Argentina y aparecen individualizadas las pertenencias mineras que finalmente darían vida y se amparan en el protocolo Pascua Lama”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado que representa a Lopehandía, Juan Guillermo Torres, señaló que lo que buscan es invalidar dicho protocolo por considerarlo ilegal, y en virtud de ello es que pidieron que se citara a declarar tanto al ex mandatario como a la entonces ministra de RR.EE., Soledad Alvear, pero un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), impidió que ambos se prestaran su testimonio: “Como cualquier ciudadano de la República, tienen la obligación de comparecer y prestar declaración ante el tribunal”, señaló.

El abogado enfatiza en que “el primer vicio” de este Protocolo, es que señala que las pertenencias mineras más importantes del yacimiento “denominadas tesoro”, figuran como propiedad de Barrick, “pero, finalmente, le pertenecen a un tercero”, en tanto el segundo vicio, tiene que ver con una medida judicial anterior al Protocolo de 2004 que impedía celebrar acuerdos sobre este yacimiento, lo que fue pasado a llevar.

“Esas pertenencias mineras, mi cliente tiene vigente a la fecha una medida prejudicial precautoria, de prohibición de celebrar todo tipo de contrato. Está vigente desde el mes de junio del año 2001, y este acto se promulgó y se publicó el año 2004, inclusive a la fecha está vigente, es decir el poder judicial hicieron caso omiso de un acto dictado por dicho órgano de la justicia, y el poder ejecutivo sancionó un proyecto cuando no tenía facultades legales y constitucionales para poder hacerlo”.

Un eventual fallo a favor de los demandantes paralizaría de manera definitiva el proyecto de Pascua Lama –el cual está detenido desde 2013-, ya que, como señala el abogado, “el corazón” del mineral está en Chile, por lo tanto, siendo un proyecto binacional, la empresa no tendrían pase libre hacia Chile, lo que dejaría trunco la explotación del yacimiento, entonces lo único que les quedaría sería firmar un nuevo protocolo en el que tuvieran participación los demandantes.

“Debería suscribirse un nuevo protocolo adicional específico, que finalmente complemente, en teoría, el tratado internacional suscrito entre Frei y Menem el año 1997 que es el Proyecto Frontera”, concluyó el abogado Torres.