Diversos senadores de la Nueva Mayoría enviaron por segunda vez una carta al Ejecutivo advirtiendo la inviabilidad de implementación de la Ley de Inclusión Escolar en lo que refiere a los plazos fijados e incertidumbres en ventas de inmuebles.
Los legisladores demócratas cristianos, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, junto a los socialistas Carlos Montes y Fulvio Rossi, critican en la misiva el que tanto sostenedores de establecimientos particulares subvencionados como algunas entidades financieras, no cuenten con reglamentos para operar.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Rossi propuso como solución, el que la Superintendencia de Educación fiscalice que los cánones de arriendo de los establecimientos por parte de estas entidades, sean de acuerdo al valor de la propiedad y no exista sobreprecio.
“Hay mucha incertidumbre producto de la disposición que señala que a partir del 2020 debiesen estas entidades sin fines de lucro adquirir el inmueble al sostenedor. Hay incertidumbres respecto de las formas que se van a tazar los inmuebles, también de ciertos topes que se han establecido, de las tasas de interés, si a la banca el interés le interesa o no. Creemos que es de una complejidad que dificulta una implementación fluida”, dijo.
El senador socialista llamó al Gobierno a hacerse cargo de los problemas que se han generado con la puesta en marcha de la iniciativa que busca terminar con el lucro, copago y selección en los establecimientos del sistema escolar.
En tanto, el senador independiente Antonio Horvath, que dio el visto bueno al proyecto cuando estaba en trámite en el Congreso, advirtió que los asuntos de propiedad y arriendo no son rápidos de efectuar.
“Es una situación de ajuste pero no es alarmante. El tema de que los colegios que reciben subvención del Estado tengan una mayor inclusión, inversión y que los fondos se reinviertan en los mismos establecimientos, desde luego que resulta positivo, pero no hay que volver atrás con una iniciativa que tiene claras ventajas para las familias de Chile”, sostuvo.
De este modo, Horvath le restó gravedad a las observaciones, más cuando la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, se mostró disponible a revisar los arriendos ligados y tener ajustes reglamentarios e incluso legales sobre la materia.
Diversos senadores de la Nueva Mayoría enviaron por segunda vez una carta al Ejecutivo advirtiendo la inviabilidad de implementación de la Ley de Inclusión Escolar en lo que refiere a los plazos fijados e incertidumbres en ventas de inmuebles.
Los legisladores demócratas cristianos, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, junto a los socialistas Carlos Montes y Fulvio Rossi, critican en la misiva el que tanto sostenedores de establecimientos particulares subvencionados como algunas entidades financieras, no cuenten con reglamentos para operar.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Rossi propuso como solución, el que la Superintendencia de Educación fiscalice que los cánones de arriendo de los establecimientos por parte de estas entidades, sean de acuerdo al valor de la propiedad y no exista sobreprecio.
“Hay mucha incertidumbre producto de la disposición que señala que a partir del 2020 debiesen estas entidades sin fines de lucro adquirir el inmueble al sostenedor. Hay incertidumbres respecto de las formas que se van a tazar los inmuebles, también de ciertos topes que se han establecido, de las tasas de interés, si a la banca el interés le interesa o no. Creemos que es de una complejidad que dificulta una implementación fluida”, dijo.
El senador socialista llamó al Gobierno a hacerse cargo de los problemas que se han generado con la puesta en marcha de la iniciativa que busca terminar con el lucro, copago y selección en los establecimientos del sistema escolar.
En tanto, el senador independiente Antonio Horvath, que dio el visto bueno al proyecto cuando estaba en trámite en el Congreso, advirtió que los asuntos de propiedad y arriendo no son rápidos de efectuar.
“Es una situación de ajuste pero no es alarmante. El tema de que los colegios que reciben subvención del Estado tengan una mayor inclusión, inversión y que los fondos se reinviertan en los mismos establecimientos, desde luego que resulta positivo, pero no hay que volver atrás con una iniciativa que tiene claras ventajas para las familias de Chile”, sostuvo.
De este modo, Horvath le restó gravedad a las observaciones, más cuando la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, se mostró disponible a revisar los arriendos ligados y tener ajustes reglamentarios e incluso legales sobre la materia.
Diversos senadores de la Nueva Mayoría enviaron por segunda vez una carta al Ejecutivo advirtiendo la inviabilidad de implementación de la Ley de Inclusión Escolar en lo que refiere a los plazos fijados e incertidumbres en ventas de inmuebles.
Los legisladores demócratas cristianos, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, junto a los socialistas Carlos Montes y Fulvio Rossi, critican en la misiva el que tanto sostenedores de establecimientos particulares subvencionados como algunas entidades financieras, no cuenten con reglamentos para operar.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Rossi propuso como solución, el que la Superintendencia de Educación fiscalice que los cánones de arriendo de los establecimientos por parte de estas entidades, sean de acuerdo al valor de la propiedad y no exista sobreprecio.
“Hay mucha incertidumbre producto de la disposición que señala que a partir del 2020 debiesen estas entidades sin fines de lucro adquirir el inmueble al sostenedor. Hay incertidumbres respecto de las formas que se van a tazar los inmuebles, también de ciertos topes que se han establecido, de las tasas de interés, si a la banca el interés le interesa o no. Creemos que es de una complejidad que dificulta una implementación fluida”, dijo.
El senador socialista llamó al Gobierno a hacerse cargo de los problemas que se han generado con la puesta en marcha de la iniciativa que busca terminar con el lucro, copago y selección en los establecimientos del sistema escolar.
En tanto, el senador independiente Antonio Horvath, que dio el visto bueno al proyecto cuando estaba en trámite en el Congreso, advirtió que los asuntos de propiedad y arriendo no son rápidos de efectuar.
“Es una situación de ajuste pero no es alarmante. El tema de que los colegios que reciben subvención del Estado tengan una mayor inclusión, inversión y que los fondos se reinviertan en los mismos establecimientos, desde luego que resulta positivo, pero no hay que volver atrás con una iniciativa que tiene claras ventajas para las familias de Chile”, sostuvo.
De este modo, Horvath le restó gravedad a las observaciones, más cuando la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, se mostró disponible a revisar los arriendos ligados y tener ajustes reglamentarios e incluso legales sobre la materia.
