Existe preocupación entre los gobiernos de América Latina luego del triunfo de Donald Trump en la elección de los Estados Unidos. Al respecto, el canciller ecuatoriano de visita en nuestro país, Guillaume Long, sostuvo a Diario y Radio Universidad de Chile que las administraciones de la región observan atentos lo planteado por el presidente electo norteamericano.

El jefe diplomático del Ecuador indicó que un tema que preocupa son por ejemplo los dichos del empresario inmobiliario respecto a los inmigrantes.

“Hemos escuchado muchas expresiones del señor Trump durante la campaña que nos preocupan a nosotros. Y además sabemos que preocupan a toda la región porque yo hablo con todos los cancilleres de la región y compartimos ciertamente varias preocupaciones. Una, el tema de los inmigrantes en los Estados Unidos, nuestros migrantes. Hemos escuchado palabras muy preocupantes por parte del señor Trump en cuanto la inmigración y la inmigración latinoamericana. Nosotros creemos en la movilidad humana, creemos en los derechos de nuestros migrantes en Estados Unidos. Tuvimos cerca de un millón de ecuatorianos allá y eso nos preocupa”, precisó Long.

Otro tema que inquieta es la afirmación del empresario respecto a “hacer grande a América otra vez”. “No somos sordos” sostuvo el canciller ecuatoriano, quien además planteó que estarán atentos para reaccionar a través de los mecanismos multilaterales para plantear los puntos de vista de la región.

El nuevo Plan Cóndor

En los últimos encuentros multilaterales el Presidente Rafael Correa ha denunciado una nueva arremetida contra los gobiernos progresistas de la región con la coordinación de golpes blandos hechos a través de mecanismos institucionales, pero que buscan a la postre terminar con los procesos de cambio que han permitido implementar políticas públicas hacia la mayoría de la gente. Es el caso de Honduras en 2008 con el golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya. O lo ocurrido primero en Paraguay con Fernando Lugo en 2012 y más recientemente con el proceso parlamentario que terminó en la destitución de la Presidenta Dilma Roussef en Brasil.

“Estamos enfrentando una arremetida muy fuerte por parte de la derecha a nivel regional. Lo vivo a diario como canciller. En las cosas más sutiles uno siente que hay una arremetida muy fuerte contra los gobiernos progresistas”, subraya el canciller Long.

Sin embargo, despeja que se trata de un cuestionamiento a los intentos por poner término de manera anticipada de las administraciones, ya que en el marco democrático también cabe la posibilidad de que el pueblo respalde proyectos impulsados por sectores conservadores que conviven en las sociedades.

“No es un miedo a la alternancia. Cuando la alternancia es democrática, cuando la derecha ha ganado a través de las urnas hemos sido los primeros en reconocer el resultado y en seguida en articularnos con el nuevo gobierno”, subraya el canciller.

De todas formas, es crítico de quienes buscan cuestionar los mecanismos de integración regional como ha ocurrido en el último tiempo desde algunas administraciones. Por eso, plantea que “creemos que la integración sudamericana y latinoamericana tienen que ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. Así que debemos todos, seamos de derecha, de centro, de izquierda, de lo que sea, debemos ponernos la integración al hombro y sacarla adelante. Porque sin integración realmente nunca vamos a lograr la soberanía de nuestros países. Yo estoy convencido que eso de ‘divide y reinarás’ es cierto y que la soberanía se logra en conjunto para la región”.

Para Guillame Long esa es también la única alternativa para enfrentar el carácter proteccionista que busca imprimir según ha planteado en sus declaraciones, la futura administración de Donald Trump. “Vamos a estar muy vigilantes que esto no signifique volver a tratar a nuestra región como un patio trasero”, puntualiza el diplomático ecuatoriano.

La situación de Julian Assange

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el canciller lamentó el tiempo que tuvo que pasar para que Suecia accediera a entrevistar a través de un representante del Ministerio Público ecuatoriano al creador de Wikileaks, Julian Assange, quien lleva más de cuatro años asilado en la embajada del Ecuador en Londres.

Incluso, recordó que la ONU consideró la situación de Assange como una “detención arbitraria”, lo que implica una serie de procesos para proteger sus derechos humanos. Por eso Long emplazó a que los medios hablen de los derechos fundamentales que han sido violentados en este caso, “y hablemos de quién tuvo la razón y quién siempre propuso que se pudiera hacer eso”, en el sentido de que era posible realizar la entrevista al fundador de Wikileaks sin que se concretara la extradición a Estocolmo, respetando así el derecho a asilo que le fue otorgado por el Estado ecuatoriano.

Al mismo tiempo, Long planteó que esperan una solución a la brevedad, considerando además el largo encierro que enfrenta Assange en un espacio reducido producto de lo restringido que es el departamento que ocupa la legación diplomática ecuatoriana en la capital británica.

Lucha contra los paraísos fiscales

Por otra parte, Guillame Long recordó que el Gobierno del Presidente Rafael Correa impulsa una campaña para poner fin a los paraísos fiscales, idea reforzada con la aparición de los denominados “Papeles de Panamá”.

Esto porque se estima que sectores del empresariado ecuatoriano mantienen en esos paraísos al menos un tercio del PIB de la nación andina, recursos que podrían ayudar a la reconstrucción del terremoto que los afectó hace algunos meses o en el mejoramiento de la infraestructura en general del país. A eso se suma que estos lugares son utilizados por el terrorismo y el narcotráfico para esconder sus recursos.

El tema será también parte de una consulta que se realizará de manera simultánea a la elección presidencial del próximo mes de febrero, en donde se pedirá a los ecuatorianos aprobar o rechazar que se apliquen sanciones a los funcionarios del Estado que utilicen paraísos fiscales.

“Le vamos a preguntar al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo en prohibir que los funcionarios públicos, -sean designados, sean de elección popular; desde el Presidente, pasando por asambleístas, alcaldes, etcétera-, se les prohíba tener capitales en paraísos fiscales so pena de destitución. Si es que el pueblo ecuatoriano aprueba nuestra pregunta, si está de acuerdo con esta propuesta, tendremos una fase de transición y los funcionarios públicos tendrán un año para traer sus capitales al país”, precisó.