Chile Vamos anunció una propuesta legislativa para regular la permanencia de los inmigrantes, particularmente, en las regiones del norte de Chile, donde se consideraría la expulsión inmediata de aquellos irregulares, condenados por delitos y de los que no cuenten con un patrimonio suficiente para solventar sus necesidades básicas al ingresar al país.

Esta iniciativa comenzará a elaborarse a partir de este miércoles por la comisión de migración conformada por el conglomerado de oposición, que la calificó de una “política de puertas abiertas pero con control”.

El secretario general del Partido regionalista Independiente (PRI) Eduardo Salas, quien encabeza la instancia junto a la diputada de la UDI Andrea Molina, aseguró que se necesita tramitar una ley corta sobre la materia para dar continuidad al proyecto ingresado durante  gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

Esta legislación, remarcó, abordaría mejoras laborales para los inmigrantes residentes y tendría excepciones de permanencia para aquellos condenados por algunos delitos con una pena de hasta diez años.

Sin embargo, para el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, al exigir un patrimonio mínimo se estaría configurando una clara discriminación respecto al inmigrante que estaría en condiciones económicas de ingresar o no al país.

En su opinión, el tema se está limitando a una perspectiva represiva o ligada a la seguridad, que sin duda requiere abordarse acorde a las necesidades de desarrollo del país y de los derechos humanos.

“No se puede discriminar en términos de la migración. Sabemos que las migraciones se generan por conflictos sociales, económicos, y dramas humanos como los venidos de Haití. Entonces, poner ese tipo de exigencias no me parece lo más adecuado”, indicó.

Para el vocero del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardozo, aplicar una política de estas características respondería a una involución social por las barreras que se proyectan.

El representante insistió en que no se trata de amparar la existencia de delitos sino de  impedir que existan diferencias judiciales por tratarse de inmigrantes, que por lo demás representan porcentajes muy bajos de delitos según las estadísticas publicadas por las entidades policiales.

“Evidentemente, se está haciendo una distinción porque en todo grupo humano hay población que delinque pero en el caso de la migración no es lo más importante. Sabemos que menos 1 por ciento del total responde a esas características porque incluso los irregulares trabajan como el resto de la gente”, subrayó.

Los parlamentarios recalcaron que se mantendrán atentos a los anuncios del recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo a las políticas restrictivas que aplicará a los inmigrantes irregulares según sus anuncios.

Para el MAM esto sólo genera alarma pública y categorías humanas diferentes entre las personas de distintas naciones que conviven en mismo territorio y sería una tendencia que se reitera previo a las elecciones presidenciales.

Según la propuesta de Chile Vamos, los inmigrantes deberán acreditar los requisitos de permanencia cada seis meses ante el Registro Civil y en caso de infracciones serán multados o expulsados del país.

El proyecto del Ejecutivo  

El jefe de extranjería y migraciones, Rodrigo Sandoval, señaló que no se tramitará una nueva ley migratoria en lo que resta del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Hasta ahora el anteproyecto se encuentra en la Segpres y, según explicó Sandoval, el nuevo Servicio Nacional de Migraciones aún estaría evaluando el texto sin definir una fecha de ingreso al Congreso.

La vocera de Gobierno, Paula Narváez, dijo que la actual administración busca adaptar las condiciones para la población extranjera, por lo mismo el proyecto seguirá en curso.

Sin embargo, para la diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, el Gobierno ha reconocido su incapacidad para avanzar en esta materia asegurando que solicitará al Ejecutivo que las regiones del norte sean piloto para avanzar en este tipo de iniciativas.

Según explicaron desde el Departamento de Extranjería se habrían producido problemas entre las atribuciones que tendría el Ministerio del Interior en esta nueva institucionalidad, lo que marcó el retraso del anteproyecto.

Una preocupación para los cerca de 460 mil inmigrantes que actualmente residen en el país y que se contabilizarán nuevamente en el censo abreviado de abril de 2017.