Pese a que en los últimos dos trimestres Codelco ha experimentado una recuperación de sus ventas, los desastrosos números registrados a comienzos de 2016 han hecho que la minera estatal tuviese que recurrir a la deuda, vía colocación de bonos en el extranjero, para costear el monto que debe entregar a las Fuerzas Armadas por la Ley Reservada del Cobre.

En 2015, por primera vez la cuprífera anotó pérdidas, luego del castigo de activos de US$ 2.431 millones que le significó cerrar el año con una merma contable de US$ 1.492 millones. No obstante, sin este ajuste, los excedentes habrían alcanzado a US$ 1.075 millones, por lo que la minera contó con los recursos para cumplir con el pago.

En 2016 en cambio el escenario se volvió más complejo. Ante la ausencia de excedentes, la empresa se vio obligada a recurrir al endeudamiento para hacer frente a sus compromisos de caja y también otras obligaciones, entre ellas, la Ley Reservada del Cobre.

De acuerdo a información publicada por la propia minera, de 2015 a la fecha Codelco ha emitido dos bonos, el primero en septiembre del año pasado cuando la empresa colocó una deuda por US$ 2 mil millones en Estados Unidos. La segunda, en agosto de este año cuando se emitieron papeles en el mercado local por US$ 400 millones.

En total en este periodo Codelco ha pagado por concepto de Ley Reservada del Cobre cerca de US$ 1.574 millones. Al respecto el diputado radical Marcos Espinoza, calificó como grave esta situación y urgió al gobierno a poner urgencia al proyecto que buscar derogar esta ley.

“En este escenario y en cualquier contexto es totalmente insostenible pretender dar viabilidad financiera a una empresa que tiene que asumir esta ley reservada del cobre que destina el 10 por ciento de sus ventas a las Fuerzas Armadas”, afirmó Espinoza.

Por su parte el economista Julián Alcayaga, considera que esto es parte de la mala administración que ha tenido la empresa en los últimos años y que tiene como fin volverla insolvente, facilitando de esta forma una eventual privatización.

A juicio de Alcayaga, derogar la Ley Reservada del Cobre no tendrá mayor efecto si es que se mantiene la actual política del directorio de la empresa “derogar la ley no entrega recursos a Codelco, porque si se deroga ese dinero se transforma en una utilidad para la empresa y por ende deberá pagar impuestos que son más abultados que los normales, entonces a la larga Codelco no verá ese dinero”, recalcó.

En esta línea, un aspecto que estuvo ausente en la entrega de resultados de la Corporación fue alguna definición respecto de la capitalización que debería entregar el Ejecutivo para este año.

En meses previos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha reafirmado que el gobierno entregará recursos a la firma estatal. Sin embargo, en esas ocasiones se había fijado noviembre como el mes clave para definir el monto que se aportará a la empresa. De todas formas no habría acuerdo entre la empresa y el gobierno para definir el monto del aporte.

Por su parte la Federación de Trabajadores del Cobre afirmó a través de un comunicado su preocupación respecto de la situación de la empresa y proponen a la brevedad “derogar, en plazos acotados y breves, la ley reservada 13.196, que obliga a Codelco a entregar el 10% de las ventas brutas de cobre y subproductos”.

Asimismo agregan que “adicionalmente, se debe obtener que una parte del Fondo de Contingencia Estratégica que se ha generado por los aportes de la ley reservada y que no se han gastado, sean retornados a Codelco Chile, como parte de su capitalización”.

El comunicado agrega que “cabe enfatizar que dicho Fondo se encuentra depositado en instrumentos financieros, cuya rentabilidad es muy marginal”.

Esta tarde el presidente del directorio de la estatal, Oscar Landerretche, y el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, asistirán a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados a una sesión convocada para abordar los resultados de la minera y la Ley Reservada del Cobre.

Por su parte Amplitud criticó a través de un comunicado firmado por su presidenta Lily Pérez, la relación que ha tenido la empresa con los últimos gobiernos, en ese sentido señala que “es necesario también notar la falta de voluntad y responsabilidad política que existió para con la empresa estatal. Los gobiernos de distintos signos políticos se dedicaron a obtener la mayor cantidad de recursos posibles, sin preocuparse por la existencia de un proyecto que fuese rentable no sólo en el corto, sino que también en el mediano y largo plazo”.

En esa línea el partido propone “evitar que la empresa siga siendo considerada un botín a repartir por los operadores políticos nacionales”, y de esa forma proponen” que su guía sea un principio técnico similar al que rige al Banco Central.