800 millones de pesos es lo que el Ejército esperaba facturar con la venta de un terreno de 6 hectáreas ubicado en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, el cual, originalmente, fue entregado por el Fisco para el funcionamiento del Batallón de Transporte N° 4, lo que generó la intervención de la Contraloría, luego de un requerimiento hecho por el senador del PPD Eugenio Tuma cuestionando la venta.

La Contraloría impugnó esta operación y exigió al gobierno que interviniera para que el terreno fuese devuelto a Bienes Nacionales, siendo esta Secretaría de Estado la que, según el organismo fiscalizador, debía resolver si el predio en cuestión estaba siendo usado para los fines establecidos originalmente.

El Ministerio llegó a la conclusión que “el batallón de Transportes N° 4 no existe como tal”, cerrándole la puerta al Ejército para poder seguir adelante con la venta, incluso, el ex ministro Osorio trabajó levantando un catastro de predios y sus usos.

Pese a los esfuerzos, la pregunta es sobre pero la real capacidad del Estado para fiscalizar los terrenos que poseen las Fuerzas Armadas, y que pudieran ser objeto de lucro por parte de dichas instituciones.

El diputado del PPD Joaquín Tuma, quien presidió la comisión investigadora sobre el cumplimiento de las destinaciones de inmuebles a las FF.AA., valoró esta determinación del Ministerio de Bienes Nacionales, no obstante hizo énfasis en la necesidad que este dictamen se replique en otros terrenos que poseen las FF.AA., y que en muchos casos fueron donaciones hechas por el Fisco en Dictadura.

“Se hizo en el gobierno militar, no ha sido posible desarmar aquello, están bajo leyes especiales y ha sido un tema que hemos discutido y analizado en la comisión, pero no hay atribuciones para desarmarlo. Estos son algunos enclaves que quedaron establecidos antes del término del régimen militar. Incluso, ese terreno se traspasó dos días antes que terminara el gobierno: El 9 de marzo de 1990”.

Tuma criticó la escasa capacidad de fiscalización que las instituciones fiscales tienen sobre los terrenos e inmuebles que poseen las instituciones castrenses, los que de acuerdo a la comisión investigadora suman casi 8 mil. Siendo una gran parte de ellos parte de lo que se conoce como Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), entregados en su mayoría durante la Dictadura, y que, en la práctica son de libre disposición de las FF.AA.

El diputado del Partido Comunista e integrante de la comisión investigadora, Hugo Gutiérrez, en primer término valoró la determinación del Ministerio de Bienes Nacionales sobre el predio, ya que, a su juicio, este tiene que volver a ser patrimonio del Estado y no para “ser objeto de lucro para el Ejército”.

Gutiérrez sostuvo que hasta ahora no existía voluntad real para supervisar estas operaciones de “especulación inmobiliaria” realizadas por las FF.AA., pero, desde su punto de vista, ese “temor reverencial” hacia las instituciones castrenses está desapareciendo, con lo que se estaría logrando una mayor fiscalización a sus actos, especialmente cuando asumió el gobierno de la Nueva Mayoría.

“A mí me parece que hasta hace un tiempo atrás había una carencia de voluntad de querer terminar con esta verdadera especulación inmobiliaria en que se encontraba involucrado el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas en general, de lucrarse con bienes que les pertenecían a todos los chilenos y chilenas, pero yo creo que ese temor reverencial ya está terminando, y espero que la ministra que hoy tiene a cargo Bienes Nacionales, se decida a que todos los bienes que hoy ya no cumplen ninguna función pública en manos dl Ejército, sean restituidos al patrimonio fiscal”.

Finalmente, el diputado DC por La Araucanía Fuad Chahín, quien también integró la comisión investigadora, relevó la necesidad de fortalecer las herramientas fiscalizadoras sobre el patrimonio entregado por el Fisco a las FF.AA., y así evitar que se lucre de manera “inaceptable” con bienes públicos.

“A mí me parece que hay que fortalecer la capacidad de fiscalización y recuperar ese patrimonio. Muchos de ellos por la vía de los PAF, además, se han ido enajenando generando cuantiosas utilidades para instituciones castrenses, con cargo al patrimonio fiscal, a nosotros nos parece simplemente inaceptable. Por lo tanto, a mi juicio basta además con, no sólo con la fiscalización, sino que con una instrucción directa de la Presidenta de la República al comandante en jefe del Ejército o de la Armada, para que devuelvan estos inmuebles al Fisco y se pueda resguardar el patrimonio como corresponde”.