Desde fines de 2015 el Ministerio de Hacienda tiene en su poder un informe realizado por el abogado experto en derecho administrativo y ex candidato a contralor de la República, Enrique Rajevic, en el cual se plantea la necesidad de regular los procesos de negociación colectiva y la huelga en el sector público.

Algunas de las recomendaciones hechas por el jurista plantean regular la negociación en distintos niveles, como nacional, sectorial y por organismo, así como este proceso no coincida con ciclos electorales.

En tanto en materia de huelga, Rajevic sugiere determinar organismos del Estado que presten “servicios esenciales” los cuales no podrían paralizar, también fijar servicios mínimos que deben prestar determinadas reparticiones públicas y evaluar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en caso de incumplimiento en la entrega de estos servicios.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile Enrique Rajevic señaló que en el contexto de las negociaciones del Ministerio con la Mesa del Sector Público se le encargó la confección de este informe, en el cual recalca que las conclusiones son meras recomendaciones y en ningún caso son vinculantes.

Desde su perspectiva, la negociación colectiva no está expresamente prohibida en la Constitución para los trabajadores del sector público, no así la huelga, frente a lo cual sería necesario acometer una reforma a nivel constitucional, lo que de paso modernizaría la legislación en esta materia.

“La visión de que los trabajadores públicos no tenían derechos en esta órbita yo diría, más bien que es una visión del siglo XIX que ha ido quedando atrás, y por otro lado lo dice también la evidencia empírica, o sea nosotros aunque no admitimos procesos de negociación colectiva, en teoría, ocurre que sí existe esta mesa de negociación de los funcionarios públicos y el Ministerio de Hacienda que demuestra que algunas materias, no es que se estén negociando colectivamente conforme a un procedimiento estricto, pero sí se están conversando con los trabajadores, y al margen de ese proceso general sabemos que en muchos otros casos se han producido este tipo de gestiones”.

“A mí me parece que lo peor que podemos hacer es tolerar una situación de desregulación que, finalmente, termina a mi juicio perjudicando al ciudadano que necesita que el Estado le esté entregando servicios algunos de mucha importancia como el caso de la salud (…) creo que nos engañamos si no regulamos esto, porque en la práctica va a seguir ocurriendo, y el marco de desregulación no es lo más conveniente para una sociedad democrática”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, (DC) Patricio Vallespín, señaló que existe un compromiso de gobierno “de avanzar en la posibilidad de negociación colectiva real y efectiva y no esta cosa falsa que tenemos que no tienen derecho a huelga, pero son los que más paralizan el país y afectan a todos los chilenos y chilenas”.

En segundo lugar, el parlamentario de la Falange planteó la necesidad de presentar una iniciativa que permita también abordar, a su juicio, tres problemas de fondo de los trabajadores públicos: cómo se producen procesos de negociación mucho más eficientes, segundo resolver la situación del personal a contrata y aplicar incentivos para lograr “la excelencia en la gestión pública”.

Si bien, para el diputado esta sería una buena oportunidad para el Gobierno de presentar un proyecto que regule la situación laboral de los trabajadores públicos, reconoce que a nivel del Ejecutivo no existe aún ninguna iniciativa al respecto.

“Quiero ser muy transparente y honesto: por lo menos en la presentación que hizo la ministra del Trabajo (Alejandra Krauss), respecto de las prioridades del año legislativo que queda no aparece nada vinculado al sector público, por tanto, es preocupante que eso así sea, y quizás ahora que el Ministro de Hacienda tiene este informe podría ser un buen insumo para ponerlo en la agenda de discusión en el Congreso”.

Por el contrario, Esteban Maturana, presidente de la Confusam e integrante de la Mesa del Sector Público, señaló que si bien existe la necesidad de regular los procesos de negociación en el sector público, recomendación que incluso consagra la OIT, para ellos realizar este tipo de legislación actualmente, con la composición que tiene el Parlamento, no sería aconsejable.

“No nos parece aconsejable iniciar un proceso de regulación porque tenemos la convicción que se nos aplicaría la lógica del Código del Trabajo y, obviamente, nosotros con la experiencia que se ha vivido en las negociaciones colectivas en el mundo privado son bastante magras, son bastante malas, por ende no estamos disponibles para aceptar una regulación en los mismos términos en que están negociando en el sector privado”.

Maturana agrega que para el Gobierno regular el paro del sector público “significa que no haya paro en el ámbito público”, ya que esgrimirían conceptos como servicios esenciales, servicios mínimos y otra serie de condicionamientos: “Preferimos lo que tenemos hoy en día”, aseguró.

Finalmente, Esteban Maturana sostuvo que cualquier legislación tendiente a regular la negociación colectiva y el derecho a huelga de los trabajadores públicos, ya que de otra manera “merecería todo nuestro rechazo una iniciativa de esa naturaleza”.

Karina Narbona investigadora de Fundación Sol coincide con los trabajadores públicos al señalar que existen “alertas importantes que nacen en relación a la regulación al mirar lo que ha pasado en el mundo privado”, ya que lo que existe en esa área, a su juicio, es una sobrerregulación en el ámbito de los derechos colectivos de los trabajadores: “Hay un exceso de intervencionismo estatal que va dirigido, más que a asegurar derechos, a inhibir la negociación colectiva y la huelga”, aseguró.

Por esta misma razón, Karina Narbona sostuvo que los trabajadores públicos han sacado lecciones y están comenzando a cuestionar eventuales regulaciones, considerando la extrema atomización de las negociaciones en el mundo sindical privado, en cambio los funcionarios públicos, en la práctica, pueden ir más allá de su espacio local y así “acumular una suerte de capacidad organizativa superior”, expresó.

“Tiene que ver con las condiciones y la especificidad del modelo chileno, porque el derecho del trabajo en términos de su genésis y su carácter a nivel global siempre ha tenido una doble alma: por un lado ejerce un control sobre las organizaciones, al momento que las reconoce también busca controlarlas, pero por otro establece un piso de derechos y de resguardo de la libertad sindical. En Chile, estas dos almas del derecho del trabajo tienen una expresión bien específica que es sobre todo se fortalece el pilar del control y el otro queda subsumido”.

Finalmente, la investigadora de Fundación Sol señaló que el antecedente de la tramitación de la Reforma Laboral en el Congreso es un insumo más que los funcionarios públicos pueden esgrimir a la hora de oponerse a una eventual regulación de sus derechos laborales, ya que la enmienda no tocó los pilares fundamentales del Plan Laboral de la Dictadura, señaló Karina Narbona.