La Mesa del sector además llamó al Congreso Nacional a que “legisle lo más rápido posible” y que no se afecten las remuneraciones de enero. En paralelo, recordaron el compromiso del Gobierno con la negociación multinivel.
El presidente de la gremial, José Manuel Díaz, acusó instrumentalización política del debate y rechazó que se trate de un “amarre”. Además, advirtió que concebir al Estado como un “botín” pone en riesgo la estabilidad de miles de familias.
El acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y parte de la Mesa del Sector Público no dejó contento a todos los sectores. La ANEF, el Colegio de Profesores y la CONFUSAM, cuestionaron su impacto real en el poder adquisitivo de los trabajadores.
La instancia inició este jueves la negociación del reajuste con los ministros de Hacienda y Trabajo, en un proceso marcado por la presión de los gremios para cerrar el acuerdo antes del balotaje.
Los salarios para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024. Luego, a contar del 1 de enero y junio de 2025, el incremento será de un 1,2% y 0,64%, respectivamente.
4,8% es el monto del reajuste salarial que se alcanzará en dos etapas. Además, se acordó que el bono de retiro para los funcionarios públicos sea permanente a partir de 2025.
La paralización comenzó a las 8:30 horas en el frontis de la Contraloría, donde el presidente de la ANEF, José Pérez, encabezó una manifestación.
El coordinador de la instancia, Carlos Insunza, cuestionó la postura de parlamentarios de oposición, quienes advirtieron que no apoyarán un aumento en salarios de empleados fiscales.
Desde la CUT consideran que algunas de sus peticiones “se han estado tratando, pero no con la celeridad necesaria”. La reducción de la jornada laboral a 40 horas y el incentivo al retiro son parte de los proyectos que no se han materializado.
Como puntos centrales, los gremios proponen un incremento de remuneraciones con énfasis en ingresos mínimos y la recuperación del Bono de Término de Negociación.
Según señalaron en un comunicado, su objetivo para este año será “conducir una negociación que ponga como base la recuperación plena del poder adquisitivo perdido”.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales emplazó a las autoridades a dar celeridad a medidas que mejoren las condiciones laborales de las y los trabajadores. “Nos falta ese desarrollo personal y hay un estancamiento”, expresó.
El coordinador de la Mesa del Sector Público y consejero nacional de la CUT fue enfático en señalar la importancia de que se gire “en una línea distinta” en miras de la recaudación pública.
El proyecto beneficia a 820 mil funcionarios públicos de la administración central y servicios financiados con recursos fiscales. Para los sectores que quedaron fuera del acuerdo inicial, se estableció un reajuste gradual en dos etapas.
El proyecto fue despachado al Senado y contempla bonos y aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias.
Médicos, dentistas, funcionarios judiciales y fiscales pidieron al Ejecutivo que no se les margine del reajuste salarial, ya que no será una buena señal considerando que la salud y la justicia han sido declaradas prioritarias por el gobierno.
El Ejecutivo y los trabajadores de la administración pública han ido acercando posiciones para el reajuste del año 2023. Desde las agrupaciones han flexibilizado su demanda original, pasando del 15% nominal a un 13,5%.
