2016 fue un año marcado por los hechos policiales en La Araucanía. Con cada vez más intensidad, las comunidades mapuche denunciaron actos de violencia y tortura policial, las que culminaron en ataques armados, golpizas y detenciones.

La quema de camiones y predios también fue parte del escenario local. Mientras algunos fueron reivindicados por grupos mapuche como el del pasado 4 de enero en Lumano; otros, como el que este fin de semana costó la vida de un trabajador, responden a desconocidos, sin ninguna certeza que se trate de activistas mapuche o representantes de otros grupos dispuestos a matar.

¿Quién quemó el fundo?

Este fin de semana, José Retamal, cuidador del fundo Clarisa en Cañete fue encontrado calcinado al interior de una casa ubicada en el predio. Según el Ministerio Público, dos o tres personas serían las responsables del fuego.

En el sector del ataque incendio se encontró un panfleto escrito con una perfecta caligrafía: “Si no fue a la buena será por las malas, entreguen nuestras tierras, nos pertenecen, nos cansamos de esperar luchando por lo nuestro”. Las autoridades aseguraron que este mensaje presenta diferencias con otros encontrados en ocasiones anteriores, así aseguran que “dista diametralmente de las reivindicaciones territoriales o las reivindicaciones de los actos atentatorios contra personas que han hecho estas organizaciones”.

Por ello, el fiscal Juan Yáñez agregó que “es un acto distinto y aislado de estas otras organizaciones”.

El alcalde de Cañete, Jorge Radonich, se sumó a las dudas de Yáñez. En declaraciones a El Mercurio dijo que no se atreve a decir que es un grupo organizado, porque el papel que encontraron es diferente al de otras acciones. La autoridad municipal llamó a la cautela a la hora de acusar responsabilidades.

Incluso, el Intendente del Biobío, al momento de confirmar que presentarán querella por el ataque, informó que esperarán más antecedentes porque “no hay reivindicación de algún predio, algún detenido, no hay solicitud de libertad o de término de alguna medida que haya en tribunales”.

Otra de las dudas que surgen respecto de la autoría del ataque es porque el fundo Clarisa sería vendido a la Conadi para ser entregado a las comunidades de Rucañirrue y Luisa Huinchalen”.

Las denuncias del Wallmapu

La escalada de violencia contra las comunidades mapuche va en ascenso, así lo denuncian desde diversos puntos del territorio ancentral.

En el Wallmapu enumeran los hechos. Así, por ejemplo, recuerdan que en febrero de 2016, ocho comuneros de Choque de Tirúa fueron baleados por Carabineros. En marzo, Hernán Paredes Puen recibió cuatro escopetazos por la espalda luego que un grupo del Gope irrumpiera en la comunidad María Colipi en Tirúa.

En mayo, Ruth Mellaco Paine fue baleada frente a sus hijos; en junio fue secuestrado el Lonko Víctor Quiepul en Temucuicui. En agosto encontraron muerta a Macarena Valdés, esposa del werkén Rubén Collío. También, la machi Francisca Linconao pasó nueve meses en prisión preventiva en el marco de la investigación que la vincula con el caso Luchsinger Mackay.

El año no termina ahí: En noviembre, Lorenza Cayuhán dió a luz engrillada; mientras que en diciembre Brandon Hernández Huentecol fue baleado por efectivos policiales en Curaco.

2017 no empezó diferente. En lo que va de enero ya se ha denunciado la detención de Francisco Painevilo luego que se allanara el Lof Rofwe en la comuna de Padre las Casas; además, se acusó a un amplio contingente policial de intentar desalojar irregularmente a una pareja de ancianos y tres niñas en sector de Menetúe. Asimismo se denunciaron agresiones policiales a tres mujeres, incluyendo a una niña de 15 años, quienes quedaron absueltas de cargos.

Las manifestaciones han sido la forma de denunciar los atropellos. Numerosas marchas fueron parte de la presión para que se cambiaran las medidas cautelares de la machi Francisca Linconao. Ahora, los comuneros exigen justicia para los funcionarios policiales que balearon a Hernández Huentecol: Mientras el joven se mantiene internado en la Clínica Alemana de Temuco en estado de permanente gravedad, las comunidades se reunirán este martes 17 en la Plaza Hospital. La idea, aseguran, es repudiar los baleos de mujeres, hombres, ancianos/as y niños/as, en contra de las persecuciones y criminalización a defensores de la tierra, por parte de las autoridades y las empresas forestales.

La campaña comunicacional     

Desde el territorio mapuche denuncian a los grandes sectores empresariales de utilizar algunos medios de comunicación para alentar la represión sobre su pueblo. Ejemplo de esto es el inserto que la Sofofa difundió en La Tercera acusando a los comuneros de ser terroristas de Estado.

En la publicación, los empresarios firmantes aseguraron que en La Araucanía ya no impera el Estado de Derecho. Herman Von Mühlenbrock defendió su postura señalando que “La Araucanía es el tema más importante que tiene el país y como Sofofa tomamos el compromiso que se conozca de Arica a Punta Arenas. Ese y ningún otro es nuestro objetivo: hacer ver lo grave que es que la zona más pobre del país viva a diario este sufrimiento. La cantidad de delitos contra las personas, contra los camioneros, las iglesias no guarda ninguna relación con el número de personas presas o condenadas. La gente está viviendo en una situación de indefensión tremenda. ¿Qué pasaría si esta violencia sucediera en Santiago? Sería intocable que un día quemaran un camión en Lo Barnechea, al día siguiente la parroquia del cura de Puente Alto, al otro dos trilladoras en Colina. Allá es así.

En ese momento, el Gobierno calificó de desmedidas las declaraciones. En tanto, el periodista e investigador mapuche, Pedro Cayuqueo lo calificó como una “campaña orquestada de parte de los gremios” para presionar tanto al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las autoridades de gobierno. También aseguró que la violación al Estado de Derecho se dio a finales del siglo XIX: “Hay un estado de derecho que deriva de la victoria militar del ejército chileno sobre el pueblo mapuche y sobre este estado de derecho ilegítimo en su esencia, es donde se ampara el derecho de propiedad, el derecho que tienen los colonos y sus descendientes de ocupar el territorio que antiguamente estaba en manos de nuestros ancestros”.

El escritor expone que los mapuche también podrían reclamar que el estado de derecho no está imperando en la zona, ya que a pesar que las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y que es ley de la República desde 2009, “tampoco se está cumpliendo en la zona sur”.

Todos los dardos a las autoridades

Desde el mundo mapuche contabilizan cerca de cincuenta querellas de violencia política en contra de comuneros. Así, aseguran que se trata como violencia rural o delincuencia, un problema de carácter histórico: “El resultado de la negación sistemática de los Derechos sociales, políticos y Culturales del Pueblo Mapuche, no solo en este gobierno, sino que en todo los Gobiernos de esta Dictadura democrática”.

Así, uno de los sindicados por las comunidades es el Gobernados de la Provincia de Arauco. Acusan a Humberto Toro Vega (PS) de fomentar las acciones represivas contra el Pueblo Mapuche y piden, desde hace meses, su destitución.

En tanto, el historiador Fernando Pairican llamó a un cambio cultural, repensar culturalmente la negritud, lo indígena y los derechos colectivos: “La cultura no se puede transformar por un par de efectivos policiales, porque hay aspectos que inevitablemente nos configuran y son expresiones políticas e identitarias”.

Desde la Asociación de Víctimas de Violencia Rural y la Agrupación Paz en La Araucanía, tampoco están de acuerdo en cómo el Gobierno ha manejado el tema. Las entidades comenzaron a analizar la presentación de “una o varias querellas” contra el Estado “por desprotección a las víctimas de la violencia rural” y “abandono de deberes” frente a los últimos atentados ocurridos en la zona sur analizan las agrupaciones gremiales de la Región de La Araucanía.

Pese a las críticas, que incluso vienen desde el Parlamento, el Gobierno sigue adelante en la mesa de diálogo para la violencia en la zona, instancia de conversación que, al menos, los mapuche ya dieron por muerta, toda vez que no se les incluyó entre los participantes.