Por estos días, el analista político Robert Kuttner publicó una columna en The Huffington Post donde asegura que el impeachment es inevitable: “Trump está tratando de gobernar por impulsos, por caprichos, por recompensa personal, por beneficios, por decretos… como si hubiera sido elegido dictador. Pero resulta que no funciona y que la máquina ya está descarrilando sólo UNA SEMANA después”, se lee al principio del texto.

Y es que parece que la situación no da para más, lo que resulta inédito considerando que Donald Trump asumió su cargo recién el pasado 20 de enero.

A la tensa situación con México por la voluntad de llevar a cabo la construcción de un muro en la frontera con ese país, se le suma un decreto, firmado este viernes, que impide el ingreso al país de refugiados pertenecientes a siete Estados con población mayoritariamente musulmana, por considerarlos sospechosos de terrorismo.

El decreto ley suspende el ingreso, durante 120 días, de todos los refugiados provenientes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.

Esta medida, que ha sido rechazada transversalmente desde el Papa Francisco hasta por celebridades del espectáculo norteamericano, inició una “ofensiva” de los jueces y fiscales de distintos Estados, quiénes han adoptado medidas para reducir la eficacia del decreto.

La primera de estas acciones fue impulsada por Ann M. Donnelly, jueza del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn quien impidió la repatriación de dos iraquíes detenidos en un aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Esta acción ha motivado medidas similares por parte de jueces de los Tribunales de al menos cuatro Estados más y de una declaración firmada por los fiscales generales de 16 Estados. “Condenamos la orden ejecutiva del presidente Trump como inconstitucional, anti-estadounidense e ilegal “, puede leerse en el comunicado que emitieron.

En este escenario, Donald Trump nominó al juez conservador Neil Gorsuch para ocupar una vacante en la Suprema Corte norteamericana. Según el proceso determinado por la ley de ese país para estos casos, es atribución exclusiva del mandatario nominar a quienes integrarán los candidatos para el órgano jurisdiccional y su integración efectiva depende de que sea ratificado por Senado.

La estrategia de Trump

La nominación de Neil Gorsuch para ocupar la vacante disponible en la Suprema Corte, llega justo en el momento en que jueces de distintos Estados han realizado acciones para impedir, legalmente, que se lleven adelante algunas de las disposiciones aprobadas por el mandatario. Tener a la Suprema Corte de su lado, parece ser la única salida a su cuestionado programa de Gobierno.

El tribunal compuesto por nueve ministros tenía un cupo vacante luego de la muerte, en febrero del año pasado, de Antonin Scalia. Durante su mandato, Barack Obama nominó al juez Merrick Garland, pero el senado se negó a realizar los procedimientos necesarios para la ratificación del cargo.

Ante esta negativa, el máximo tribunal estadounidense quedó con ocho miembros, que han sido abiertamente identificados con líneas políticas que han marcado las tendencias de sus fallos: cuatro conservadores y cuatro liberales.

Durante los próximos días el Senado dominado por el Partido Republicano, debería ratificar la nominación de Neil Gorsuch, aunque todavía no está claro si esto efectivamente ocurrirá, considerando que el mismo Partido de Trump se ha visto contrariado ante el impulso de sus políticas.

Obtener una mayoría conservadora en la Suprema Corte ha sido interpretado como una estrategia por parte de Trump quien estaría tratando de acercar posiciones para conseguir aliados que le permitan llevar adelante sus medidas.

Además de la histórica importancia que ostenta la Suprema Corte, muchos habían visto en ella un límite a las actuaciones de Donald Trump. Como la mayoría de las actuaciones de los Estados, éstas se materializan a través de leyes y decretos que permiten hace efectivas las disposiciones. En este sentido, la Suprema Corte representaba un cortafuego que daba garantía de que, en última instancia, Donald Trump estaría obligado a respetar la Constitución.

“Una cosa es vivir en tu propia realidad cuando eres candidato y sólo son palabras. Puedes engañar a las suficientes personas durante el tiempo suficiente como para ser elegido. Pero cuando intentas gobernar de esa manera, la realidad es la realidad, y ésta te llama al orden”, opina Robert Kuttner en The Inevitability Of Impeachment.

El juicio político

La tesis de que Trump ha decretado órdenes impulsivas que no han sido revisadas por juristas, ni por expertos gubernamentales, resulta clave para entender los procesos que vienen para detener las medidas que ha adoptado su Gobierno.

“A diferencia de las dictaduras que Trump admira, la compleja red de medidas constitucionales legales y políticas contra la tiranía todavía funciona en Estados Unidos (a veces le cuesta, pero funciona). Y cuanto más imprudente es el comportamiento de Trump, más se refuerzan estas medidas”, analiza Robert Kuttner.

Una alternativa que se ha barajado desde que Trump salió electo es la de realizarle un juicio político.

“El impeachment (o juicio político) está ganando terreno porque es la única forma de destituirlo, porque los republicanos ya están abandonando en masa a este presidente y porque el hombre es psiquiátricamente incapaz de comprobar si algo es legal antes de hacerlo”, ha planteado Robert Kuttner, sumándose a una multiplicidad de voces que han sostenido la medida.

El impeachment o juicio político es un procedimiento constitucional que permite al Congreso norteamericano enjuiciar, a cualquier sujeto electo democráticamente en casos de traición, soborno y otros delitos o faltas graves.

El procedimiento parte con una acusación que es recogida o investigada por un Comité Judicial, que de considerar que hay argumentos suficientes, lleva la acusación con los demás parlamentarios. De considerarse admisibles las causas de la acusación en la Cámara, el acusado pasa a ser imputado y el proceso sube al Senado.

En esta instancia en donde se realiza el juicio propiamente tal. El acusado de manera personal o mediante sus abogados, deben responder las preguntas del fiscal que es un representante de la Cámara escogido por acuerdo.

El juez del juicio es el jefe del Tribunal Supremo y todos los congresistas hacen de jurado. Si el imputado es considerado culpable debe dejar el cargo, aunque para esto se necesitan dos tercios de los senadores en ejercicio.

Por lo largo del procedimiento y por el alto quorum requerido para que termine finalmente en la destitución, es fundamental que exista un amplio acuerdo en todos los sectores políticos para su realización.

En el caso de Donald Trump la mayoría republicana en el Senado hace pensar que resulta inviable realizarle un juicio político, aunque cada vez son las más quienes sostienen que el presidente es una molestia para su propio partido.

El profesor de la Universidad de Washington Allan Lichtman ha señalado en un artículo publicado en The Washington Post que “Los republicanos no quieren a Trump como presidente, porque no pueden controlarlo (…) Estoy seguro de que Trump dará motivos para su destitución, ya sea haciendo algo que ponga en peligro la seguridad nacional o porque ayude a su bolsillo”.