Amnistía Internacional cuestionó las lagunas judiciales que han existido en la investigación por el asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres.

A juicio de la ONG “La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio, envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”.

La directora para América, Erika Guevara-Rosas postula que “el trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras. “El mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”.

En su crítica, responsabilizan a las autoridades hondureñas de no trabajar en un mecanismo eficaz que garantice justicia: “La investigación del asesinato de Berta, vergonzosamente deficiente y que hasta ahora no ha identificado a quienes ordenaron su muerte, así como la ausencia de un mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y defensoras de los derechos humanos, muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia. Cada día que pasa sin que se haga justicia acerca a los y las activistas medioambientales hondureños un paso más a un final trágico. No protegerlos es no proteger los recursos naturales de los que todo el mundo depende para subsistir.”

Berta Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), murió a tiros el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras. Durante años había hecho campaña enérgicamente contra la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, que amenazaba al pueblo indígena lenca.

Desde su brutal asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos hondureños, han sido hostigados y amenazados.