Una iniciativa que busca visibilizar las amenazas y ataques que han sufrido los activistas vinculados a temas ambientales en América Latina, la región más peligrosa para defender el territorio, según reconoció Amnistía Internacional.
Varios de los casos denunciados a esta organización responden al conflicto histórico que ha mantenido el Estado chileno con el Pueblo mapuche por la demanda de restitución de sus tierras ancestrales ante la presencia de distintos proyectos forestales y energéticos.
El Lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, relató los hechos ocurridos en junio pasado cuando fue secuestrado por más de diez horas, en medio de un procedimiento policial.
“Me vendaron los ojos, me amarraron las manos y me arrastraron porque yo no podía caminar de lo fuerte que eran las bombas lacrimógenas. Me llevaron por un camino público y yo vi cuando me estaban subiendo a un auto que era gente de civil, pero yo insisto en que tenían relación con Carabineros porque vi a unos metros dela auto el carro lanza gases”, narró el dirigente.
“Una situación que responde a una política que busca aislar a los mapuche, acallar su cultura y desconocer su organización”, manifestó.
La abogada de causas mapuche y presidenta del Centro de Investigación de Defensa del Sur (Cidsur) Karina Riquelme, señaló que ante todas las causas presentadas por tortura y apremios ilegítimos, donde también figura el Instituto de Derechos Humanos (INDH) como querellante, nunca se ha formalizado a algún funcionario policial. Por lo mismo, las causas no son concluidas.
A su juicio, el Estado chileno ha aplicado la criminalización como una estrategia que busca acallar a los defensores de derechos humanos.
En este sentido, la abogada declaró que “desgraciadamente, la desesperanza que nos da la Justicia es porque nunca hemos logrado formalizar a algún carabinero por alguno de los casos que hemos denunciado. A mí me cuesta mucho convencer a algún miembro mapuche de interponer acciones judiciales en casos de vulneraciones por esta misma situación”.
En esa línea, detalló que se tratan de casos como Miguel Antiqueo que perdió un ojo, o de Víctor Paillán que le dispararon por la espalda y que hoy está siendo condenado por el mismo relato de quien disparó.
En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, precisó que América Latina es la región más peligrosa para desarrollar actividades en defensa de los territorios. “Este año se han identificado cincuenta casos de ataques que han terminado en la muerte de los activistas. Aunque sabemos que son muchos más”, reconoció.
Se mencionaron casos de la región como de la asesinada activista Berta Cáceres en Honduras, y de Máxima Acuña en Perú, también amedrentada por una empresa minera en la provincia de Cajamarca.
Recordemos que según informes de organismos internacionales, el 2015 se registraron 185 homicidios de defensores y defensoras en el mundo, de ellos 122 tuvieron lugar en Latinoamérica. Una cifra que durante este 2016 sobrepasa los 50 casos sólo en asesinatos.
Esta nueva herramienta se encontrará operativa durante dos años para que se puedan publicar los distintos hechos de criminalización que afectan a los activistas. Frente a esto Amnistía Internacional finalizó diciendo que “pretende arrojar luz sobre una crisis invisible y sobre las historias de quienes trabajan contra los poderosos intereses de las trasnacionales, y así proteger los recursos sin los cuales ninguno de nosotros podría vivir”.