La Fiscalía de Santiago anunció que citará a declarar en calidad de testigo al ex presidente Sebastián Piñera en el marco de la investigación por el caso Penta.

En la ocasión, el ex mandatario deberá aclarar la relación de dos de sus empresas, Bancorp y Vox populi, con Santiago Valdés Gutiérrez, quien trabajó para las firmas entre 2010 y 2014.

Santiago Valdés fue formalizado por delitos tributarios en octubre del 2015 producto de la emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM por parte de Administradora Bancorp.

En este sentido, de acuerdo a la investigación, estos pagos habrían alcanzado la suma de $318 millones.

La citación del Ministerio Público se da en medio del anuncio de la campaña presidencial de Piñera, quien este miércoles a través de la Fundación Avanza Chile habría confirmado el evento para el próximo 21 de marzo en el centro de Santiago.

Paso a paso: Cómo se viene el juicio oral del Caso Penta

Los fiscales de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron anoche el texto de acusaciones relativas al Caso Penta al 8° Juzgado de Garantía.

El proceso de investigación de más de dos años del Ministerio Público ya concluyó. Un escrito de 628 páginas, que incluye 35 acusados, más de 200 testigos, 34 grupos de hechos delictuales y cuatro empresas involucradas son algunos de los números que sirven para afirmar que este podría ser uno de los juicios orales más largos de la historia penal chilena.

La siguiente etapa, posterior a la investigación, es la audiencia de preparación del juicio oral. Esta se desarrolla frente a un juez y en ella se debaten y analizan la legalidad y pertinencia de cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Una vez hecho el análisis, se filtran las pruebas ofertadas por cada una de las partes, para entonces remitirle los antecedentes a un tribunal oral.

El tribunal oral, distinto del que ha participado de la etapa anterior, está compuesto por tres jueces y es el encargado de fijar la fecha de las audiencias que constituirán el juicio oral.

A partir de la fecha estipulada, se llevan a cabo audiencias diarias que se extienden, en la mayor parte de los casos, por mañana y tarde de lunes a viernes. En ellas se exhiben las pruebas y declara la Fiscalía, imputados, testigos y peritos. Todos deben estar de forma ininterrumpida durante todo el periodo en que esté desarrollándose el juicio y, una vez concluido el proceso de recepción de las pruebas por parte del tribunal, se dicta –en un lapso de no más de 24 horas- un veredicto de absolución o condena.Es esta el periodo que se presta para una mayor extensión.

Según Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes del caso Penta, la prolongación de esta instancia depende de la cantidad de testigos y pruebas recabadas por la Fiscalía durante el periodo de investigación: “En la acusación del Ministerio Público se señalan la pruebas de que se va a valer la Fiscalía para el juicio oral: número de testigos, individualización, número de documentos, número de peritos. Entonces, se hace un cálculo. En este caso, en donde la Fiscalía dice que va a presentar 230 testigos, se hace un cálculo por testigos y se proyecta, pero es algo bien artificial. Da lo mismo el número de imputados, acá lo que importa es la evidencia, la prueba. Mientras más prueba, más se demora”, explicó.

El abogado penalista, además, señaló que la duración también dependería de la dinámica que se vaya dando durante el juicio. Eso sí, recalcó, que el tiempo que demore es algo impredecible: “Es un dato irrelevante. Va a durar lo que tenga que durar. Va a depender de la dinámica del juicio. Si la defensa está controvirtiendo pruebas o si hay mucho incidente o si hay mucha discusión chica. También depende de la impertinencia de las preguntas. Hay mucho que se discute y que va surgiendo a partir de la dinámica del juicio. Eso lo vuelve impredecible”, manifestó.

Una vez que pronunciado el veredicto en relación a los que han sido declarados culpables, se genera una nueva audiencia, ante el mismo tribunal, en la que se debate cuál será la pena concreta que se les va a aplicar a cada uno. Se discuten atenuantes y agravantes, y si las penas pueden ser cumplidas o no en libertad. La barrera objetiva más importante es que se pueden cumplir en libertad sólo aquellas condenas que sean inferiores a los 5 años.

Las penas que arriesgan Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fundadores de Penta, es de 10 años por delitos tributarios consumados y reiterados, además de soborno consumado. Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería arriesga la misma pena por las mismos delitos, además del de cohecho y lavado de dinero consumados. Otros involucrados serían las cónyuges de ambos fundadores, el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett , el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy y el exdiputado RN Alberto Cardemil.

Se espera que la preparación del juicio oral comience dentro de los próximos días. Para julio podría inicarse el juicio propiamente tal. No sorprendería que su extensión superara los seis meses.