El Colegio de Periodistas emplazó al Estado a resolver, a la brevedad posible, las reparaciones económicas ya falladas en tribunales por el denominado “Caso Clarín”, que corresponde a las indemnizaciones a Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, de España, por el perjuicio ocasionado por la usurpación del mencionado periódico tras el golpe militar del año 1973.

Lo anterior, después de conocerse una comunicación enviada por el propio Pey al gremio y que da cuenta del libelo de prácticamente 20 años, por la justa reparación luego de perder este importante periódico, el de más alta circulación nacional en los años 60 y 70, que significó no sólo la clausura del medio, sino que la confiscación ilegal por parte de la dictadura de maquinaria, equipamiento e inmuebles de alto valor en Viña del Mar, Santiago y Concepción.

Luego de conocerse la misiva en la última sesión del Consejo Nacional de la Orden, se mandató a la mesa directiva, que encabeza la presidenta Javiera Olivares, a pronunciarse públicamente acerca del litigio por el Diario El Clarín, que ha sido materia no sólo de debate en los últimos 44 años, sino  también de análisis académico, por la complejidad que tiene este caso.

“Este es un caso sumamente complejo, por las innumerables aristas que lo componen, pero lo que sí está claro es que hay un fallo judicial vigente que fija un monto de reparación y donde el Estado, en forma obcecada a nuestro juicio, ha querido aminorar, dilatando un tema que debió haberse resuelto hace mucho tiempo”, señaló la mesa directiva del Colegio de Periodistas.

Por lo mismo, el gremio emplazó al Estado “a hacerse cargo de la justa reparación ya resuelta en tribunales y a no seguir extendiendo en forma innecesaria el pago justo por el daño causado. Chile perdió la posibilidad de contar con un espectro plural de medios de comunicación, herencia de la dictadura cívico-militar, y esa deuda que tiene el Estado debe asumirse, aunque sea, respetando los fallos judiciales”.

El 1997, Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende interpusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, una denuncia contra el Estado de Chile por usurpación.  Once años más tarde, en 2008, el laudo del Tribunal Internacional de Arbitraje condenó al Estado de Chile por violar el tratado bilateral con España sobre protección recíproca de inversiones, así como por denegación de justicia, conminándole a indemnizar los daños causados a Pey y a la mencionada fundación.

Asimismo, el 18 de diciembre de 2012 tal sentencia fue confirmada por decisión del comité ad hoc convocado por el CIADI, que las declaró como “cosa juzgada, vinculante y de obligado cumplimiento”. No obstante, este proceso de arbitraje se encuentra aún en fase de cuantificación del monto a reparar.

Al respecto, una resolución dictada en septiembre de 2016 reafirma la condena del laudo de 2008, que obliga reparar la violación del mencionado Tratado, pero la cuantía está siendo impugnada por los reclamantes luego que, posteriormente a esa decisión, aparecieran antecedentes sobre conflictos de interés de dos de los árbitros que fallaron en el caso, lo cual abrió una nueva arista legal.