El fin de semana recién pasado se conoció la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de un reportaje realizado por La Tercera, de concluir las investigaciones sobre financiamiento irregular a la política mediante multas a las empresas involucradas y no con sanciones penales.

El organismo público a cargo del director Fernando Barraza, designado en ese cargo por la presidenta Michelle Bachelet en 2015, implementó una medida que abre grandes cuestionamientos a las indagatorias en los casos donde se ha evidenciado el estrecho vínculo entre los negocios y la política.

Las compañías que detentan millonarias ganancias como Celulosa Arauco, Corpbanca, Copec, Forestal Arauco, Ripley, Abastible, entre otras, financiaron campañas políticas – de todos los sectores-  a través de la incorporación de boletas ideológicamente falsas a sus contabilidades y así rebajando sus bases imponibles.

Con la decisión del SII de no presentar querellas se pone una “piedra de tope” a la Fiscalía para investigar eventuales delitos tributarios y sólo mantendría sus atribuciones para indagar delitos de cohecho. “Esto es más complejo porque se requiere una serie de elementos para establecer una acusación, claridad sobre quien emitió el pago, quien los recibe y los beneficios que percibe”, señaló el director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, el abogado Pablo Collada.

Con esto, nuevamente queda en entredicho la dependencia de la Fiscalía a la acción judicial exclusiva del SII. “Hay una puerta a las investigaciones de tipo penal que la maneja el servicio pero con esto se cierra y deja sólo algunas ventanas abiertas por donde es muy difícil encauzar las indagatorias”, reconoció Collada.

En lo concreto, con esta medida de Impuestos Internos el Fisco recaudaría cerca de mil millones de pesos por el pago de las multas aplicadas a estas compañías y que irían desde el 50 al 300 por ciento del perjuicio fiscal que generaron a través de los pagos a políticos. Las empresas comprometidas tienen un plazo de diez días para apelar ante Tribunales Tributarios o allanarse al pago de las multas.

Sin embargo, al no seguir profundizando en estas investigaciones precisamente lo que no se sabrá es quienes estuvieron involucrados y que se beneficiaron de estos pagos, enfatizó Pablo Collada.

Agregó también que “la posición que ha defendido el SII de llegar hasta las últimas instancias para establecer responsabilidades en los potenciales involucrados en estos casos es un bonito discurso pero que no se ha practicado”.

Investigaciones sin destino

El Ministerio Público dio a conocer su decisión de archivar o no perseverar en estos casos vinculados al financiamiento irregular de la política, ante los numerosos oficios de los fiscales a cargo de investigaciones que involucran hechos de delitos tributarios.

“Cada vez frente a los mismos hechos el Servicio ha decidido recurrir a los Tribunales Tributarios. La fiscalía ha tomado tal decisión en el entendido de que no se ejercerá, por ahora, la acción penal”, se precisó en un comunicado.

Estas declaraciones luego fueron reafirmadas por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien señaló que esta era una barrera legal infranqueable para el Ministerio Público.

“De no contar con estas querellas del SII las investigaciones de la Fiscalía se convierten en acciones sin destino por ahora”, sostuvo Abbott apuntando a que tampoco han tenido un pronunciamiento explícito del servicio ante sus facultades exclusivas.

Sin embargo, Abbott descartó que se trate del cierre definitivo de las causas porque, si llegado un momento el SII decide presentar querellas, la Fiscalía tendría que reabrir las indagatorias.

El fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente y quien estuvo a cargo del caso Penta, también expresó su molestia por esta decisión calificándola de inaceptable. A través de su cuenta de Twitter señaló: “El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que la colusión y los delitos electorales”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, el abogado Claudio Uribe, lamentó que el Servicio no tenga interés en la persecución penal de estos casos que han afectado profundamente la confianza pública.

A su juicio, se debió persistir en alcanzar una sanción penal efectiva a los responsables y no optar por la vía administrativa. Con esto, lo preocupante son las “zonas grises” que quedan en casos donde se cometen delitos pero no se investigan hasta las últimas instancias, advirtió Uribe.

Estas empresas aportaron dineros a las campañas políticas, entre otros, del ex precandidato presidencial Laurence Golborne, al ex alcalde Pablo Zalaquett. Se agrega también las rectificaciones que hizo Inversiones Caburga a sociedades y personas vinculadas a los ex presidentes Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Mientras, otros abogados querellantes en casos de corrupción han solicitado que se investiguen las razones del SII para dejar en la impunidad estos casos desde la perspectiva penal.

La medida se reconoce como un episodio más en las investigaciones sobre financiamiento irregular de la política, donde a los casos Penta y SQM se suma Corpesca con la arista Fipes y el pago de dineros de pesqueras industriales a la campaña del diputado por Aysén, Iván Fuentes.

Este financiamiento estuvo mediado por el senador de la DC Patricio Walker, quien sin embargo fue sobreseído de la investigación, según determinó la Corte Suprema el 29 de marzo pasado. En ese momento se apuntó a un “perdonazo” obtenido por secretaria truncando una investigación penal.

La respuesta del SII 

Durante la tarde de este lunes, el SII emitió un comunicado público donde aclaró que realizaron un balance de las querellas y denuncias que han presentado durante los últimos dos años, relacionados a este tipo de investigaciones.

Según los antecedentes entregados por el organismo, entre los años 2014 y 2017 el organismo presentó un total de 35 querellas por delitos tributarios; 5 denuncias; 41 procedimientos de sanciones pecuniarias en los Tribunales Tributarios y Aduaneros en contra de contribuyentes empresas y personas naturales.

El organismo precisa que de un total de 109 informes que corresponden a las pruebas necesarias para presentar una acción penal o administrativa, el perjuicio calculado alcanzaría 11 mil 656 millones de pesos, de los cuales 4 mil 139 corresponden a los casos en que se ha optado por el cobro de multas.

El director del SII, Fernando Barraza, explicó que la no presentación de una querella específica por delitos tributarios no implica impunidad puesto que “para los casos en que se decide no ejercer la acción penal, la ley contempla la aplicación de una sanción de carácter pecuniario ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con las instancias respectivas ante los tribunales superiores de justicia. Además, los involucrados pueden ser investigados por el Ministerio Público por otros eventuales delitos”.