Hace más de dos años que la familia Villanueva Carrasco enfrenta un proceso judicial por el asesinato de su hijo, caso en el que se investiga la acción directa de un funcionario policial en Parral.

A diferencia de otras investigaciones que involucran a Carabineros, esta causa es revisada en justicia ordinaria. Por lo mismo, es uno de los primeros casos donde se va a dictar sentencia contra un policía luego de la modificación al Código de Justicia Militar, en noviembre de 2016, a diferencia de lo ocurrido en los asesinatos de Alex Lemun, Matías Catrileo y Manuel Gutiérrez, causas revisadas por la justicia castrense.

Los hechos se remiten a la noche del 9 de noviembre de 2014, cuando Luciano Villanueva habría recibido un disparo por la espalda por parte del sargento segundo Juan Morales Cortés. Según los estudios de la Policía de Investigaciones (PDI), el acto fue ejecutado por este policía, pero otros tres también ingresaron a su casa y presenciaron el disparo. Sin embargo, la Fiscalía formalizó y acusó a Morales como responsable de los hechos, solicitando una condena de diez años de cárcel.

Los informes periciales son categóricos: la lesión que recibió Luciano fue de carácter homicida. Pese a ello, el carabinero sigue en funciones y circula libremente por la ciudad gracias a las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. La familia reconoce que en varias oportunidades se han encontrado con Morales y lo han notado tranquilo e incrédulo de tener que cumplir con una condena sustantiva.

Luego de dos años y  cumpliéndose el plazo máximo de investigación, la familia afirmó que lo más indignante es saber que estos carabineros no han tenido ningún tipo de sanción desde la institución.

En 2015, hablaron con el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y le solicitaron que se diera de baja al imputado. Pese a las pruebas que acreditaban la participación de Morales y al compromiso de Villalobos con la familia, hasta ahora se mantiene en su puesto de trabajo, esperando el momento de su pronta jubilación.

Dentro de la carpeta investigativa, su defensa argumentó que “el hecho es un delito común en que no se aprecia asomo de ser una causa por derechos humanos”.

En medio de estas situaciones, el proceso fue suspendido por unos meses porque se solicitaron más diligencias para ampliar la investigación. Finalmente y  luego de muchos aplazamientos,  la audiencia de preparación de juicio oral se desarrolló el pasado 16 de marzo en el Tribunal de Parral y el inicio del juicio oral está fijado para el próximo lunes 8 de mayo en el Tribunal de Cauquenes.

Los hechos

Luciano tuvo un altercado con uno de sus vecinos, por situaciones familiares. El 9 de noviembre de 2014 tuvieron un altercado y el joven quebró uno de los vidrios de la casa de Jennifer Mateluna, quien presentó una denuncia por destrozos a su propiedad.

Esto ocurrió pasado las tres de la tarde, pero Carabineros llegó al lugar seis horas después. Los oficiales pidieron hablar con Luciano, pero fue su madre (María Carrasco) quien prefirió presentarse a la comisaría para evitar alguna dificultad con su hijo.

La llevaron hasta el retén de Carabineros junto a sus tres nietos, Leonel, Allison y Rous, y la dejaron prestando la declaración. Mientras, otro furgón a cargo del sargento Cristián Gutiérrez, se devolvió a la casa de Luciano para detenerlo. Él se encontraba junto a sus hermanos y amigos en el patio de la casa y al ver que los carabineros ingresaron violentamente, se resistió y forcejeó con el sargento Morales, relatan los testigos. Fue en ese momento que este policía le habría disparado a través de una puerta, apuntando directamente al cuerpo del joven.

El informe balístico de la PDI señaló que “todo el equipo policial siempre tuvo pleno dominio del lugar y no utilizó ningún medio disuasivo para deponer la fuerza”, es decir, ninguno de los carabineros evitó la muerte de Luciano. Algunos vecinos comentaron que durante el operativo algunos uniformados se habrían quedado afuera, resguardando el lugar mientras fumaban.

La querella que presentó la familia junto al Instituto de Derechos Humanos (INDH) también acusa de obstrucción a la justicia y de falso testimonio a los sargentos Cristián Gutiérrez y el Alejandro Anabalón. Esto, porque la versión de Carabineros fue que el joven ocupó un machete para amedrentarlos y herirlos. Incluso, presentaron como prueba las chaquetas antibalas con cortes hechos por un sable. Sin embargo, esa tesis fue desestimada porque el informe bioquímico de la Brigada de Homicidios de la PDI estableció que no hubo ningún fluyo sanguíneo de Luciano en esta arma que habría utilizado. Es decir, fue un montaje de Carabineros.

Su hermano, Mauricio Villanueva, licenciado en Trabajo Social, explicó que los tres funcionarios policiales se mantuvieron cerca de 25 minutos al interior de la casa y habrían modificado la posición de algunos objetos con el fin de inculpar a Luciano: “Una vez que le dispararon a Luciano, cae abatido al suelo y detienen a mi otro hermano, llevándolo detenido. Entonces, la casa quedó sola, a libre disposición de ellos. No dejaron entrar a nadie. Ahí buscaron esa arma para tratar de justificar el disparo que cometieron”.

María Carrasco reconoció que sólo a los cuatros meses de la muerte de Luciano se dio cuenta de las graves irregularidades cometidas en el procedimiento policial. Ella indicó que los carabineros sacaron al joven herido de la casa sin ninguna autorización y lo llevaron al hospital.

Relató que “cuando llegó mi hermana, un carabinero le dijo que lavara un plumón y una alfombra que tenían manchas de sangre. Mi hermana no sabía bien que había que hacer y el carabinero fue agresivo con ella. Por eso, ella es un testigo clave, es quien reconoce a todos los carabineros que estuvieron encerrados en la casa”.

Agrupación de Víctimas de la Violencia Policial exige justicia

En septiembre de 2016, el INDH presentó una querella criminal contra los que resultaran responsables del homicidio de Luciano.

Sin embargo, el 12 de diciembre el tribunal rechazó la acusación del organismo por presentarse fuera del plazo legal. Ante esto, se mantuvo la acusación de la Fiscalía
donde sólo responsabilizaba a uno de los tres carabineros involucrados en el procedimiento.

Esto se suma al cambio del primer fiscal a cargo, Nelson Riquelme, quien no ordenó realizar las  diligencias suficientes por el fiscal Óscar Salgado que, a juicio de la familia, tampoco ha sido competente y se ha negado a integrar a los supuestos cómplices del hecho.

La Agrupación de Víctimas de la Violencia Policial ha difundido y apoyado el caso y junto a la familia no descartan movilizarse antes que se desarrolle el juicio oral para exigir justicia total para Luciano Villanueva y no a medias como se estaría perfilando con el proceso en curso.