En un nuevo capítulo de la disputa entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII) por casos de platas políticas, este jueves el director del ente recaudador, Fernando Barraza salió a defender la labor de la institución.

El titular del SII descartó un trato desigual a políticos investigados por boletas falsas, así como la existencia de presiones para conseguir impunidad en estos casos.

Fue la semana pasada cuando se reactivaron las críticas por parte del Ministerio Público, luego de que el diputado UDI, Felipe de Mussy -quien fue formalizado por delitos tributarios- no pudiera ser desaforado ya que el Servicio de Impuestos Internos no había presentado una querella en su contra.

Por esta razón, al comenzar su discurso, el titular del SII, Fernando Barraza, aludió a este tema, haciendo una férrea defensa de la labor del organismo: “Esta es una institución que es muy importante que no esté sujeta a presiones. Las presiones pueden socavar su labor que es fundamental para el desarrollo del país”.

En relación a la posibilidad de trasladar la acción penal al Ministerio Público en caso de delitos tributarios- facultad que es monopolio del SII- Barraza respaldó la presentación excepcional de querellas en estos casos, asegurando que “el último eslabón es la acción penal”.

Además, Barraza agregó que “nuestra labor de asegurar los recursos que el país requiere para su desarrollo es completamente consistente con el principio de igualdad ante la ley (…) es por ello que defendemos las facultades que la ley nos entrega para cumplir de manera eficiente y eficaz nuestra misión. Debe seguir siendo excepcional la presentación de querellas ante los tribunales penales en los casos de delitos tributarios”

La postura del Servicio de Impuestos Internos fue nuevamente respaldada por el Ejecutivo. En ese sentido, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés reiteró que las facultades y los criterios utilizados por la entidad son los adecuados.

“No se trata de usar la política tributaria para querellarse porque sí, sino que se usa para el objetivo último que es recaudar y la experticia del SII, los datos que tiene, le permite justamente tomar esa posición”.

Otro actor involucrado en esta polémica, es la Contraloría General de la República, organismo que a través de un oficio firmado por el propio Jorge Bermúdez indicó en abril pasado que es “indispensable” que las decisiones que adopte el SII tengan un fundamento racional, y que “no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad.

Una de las abogadas que presentó un oficio ante el órgano fiscalizador, Marisa Navarrete, reiteró que no existe justificación para que un servicio administrativo, dependiente de la Presidencia de la República, tenga en sus manos una facultad tan importante como ejercer la acción penal en un delito tributario.

Asimismo, la jurista quien denunció el denominado “fraude al FUT” desestimó los argumentos del SII que apuntan a que el mérito de los antecedentes o el monto del perjuicio fiscal no serían suficiente para presentar querellas en determinados casos.

“Lo que ha hecho el SII ha sido utilizar esta herramienta que tiene de una mala forma. No la ha utilizado de una forma igualitaria, justa, porque cuando el servicio señala que tiene en cuenta algunos factores como por ejemplo el monto del perjuicio fiscal, o la reiteración, es cosa de observar las acciones previas que tuvo el servicio antes de que aparecieran las platas políticas, tenemos muchos casos en donde el servicio se querelló por montos bastante inferiores”.

En el Gobierno han sido categóricos en que no impulsarán una iniciativa legal que otorgue mayores facultades al Ministerio Público para ejercer la acción penal en casos de delitos tributarios y financiamiento irregular de la política.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados actualmente se tramita un proyecto de ley que faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios

Uno de los actores que se ha mostrado favorable a una iniciativa de este tipo ha sido el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, quien sin embargo, enfatizó que el Poder Judicial deberá ser consultado cuando avance esta normativa.

Se espera que la moción pueda ser votada durante la próxima semana por la Sala, para luego retornar a la comisión de Constitución para su revisión en particular.